Dos ex trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) presentaron una acusación particular en los Juzgados de Managua, en contra del ministro Pablo Fernando Martínez y el procurador General de la República, Hernán Estrada, por el delito de desobediencia o desacato a la autoridad.
Jahaira Sánchez, ex secretaria del MTI y Álvaro Leiva Sánchez, ex director del centro de Atención al Público de la misma entidad estatal, despedidos a inicios del gobierno de Daniel Ortega, explicaron que la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) falló a favor de ellos, ordenando el reintegro de Sánchez e indemnizando a Leiva Sánchez con aproximadamente 254 mil córdobas.
Pero el fallo de la Sala Laboral tiene 90 días de emitido, y ni el ministro Martínez ni el procurador Estrada como representante legal del Estado han dado cumplimiento a la orden judicial, según denunciaron.
El artículo 462 del Código Penal vigente establece que comete desobediencia o desacato a la autoridad quien desobedezca una resolución judicial, y será penado de seis meses a un año de prisión, o de 50 a 150 días multa. Un día multa equivale a un tercio de la cantidad de dinero que una persona devengue como salario en un día.
MÁS DE 11 MIL CASOS
Leiva Sánchez, quien también es miembro de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, explicó que en todo el país existen alrededor de 11 mil 702 ex trabajadores del Estado que fueron despedidos durante el actual gobierno de Daniel Ortega, y que también se encuentran demandando por despidos ilegales.
El sindicalista afectado manifestó que los directores de las entidades estatales al despedir a los empleados no están cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Ley 476, que establece el debido proceso de provisión para despedir a los servidores públicos.
Agregó que entre las principales instituciones estatales que están violentando la Ley 476 se encuentran el MTI, la PGR, el Mitrab y la DGI, entre otras.
Marcos Carmona, secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien acompañó a los denunciantes, explicó que no se pueden permitir los despidos injustos de los trabajadores del Estado que ha venido realizando el gobierno de Daniel Ortega, y que encima sus ministros no acaten las resoluciones judiciales que les dan el derecho a los despedidos.
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