Una experta en derecho constitucional asegura que la discrecionalidad del marco legal, que regula a los Organismos No Gubernamentales (ONG), convierte a éstos en presas fáciles de las venganzas políticas de los gobiernos de turno, que utilizan “aspectos aplicados y/o comprendidos de manera inexacta, para callar voces críticas o eliminar competencia”.
Según Ada Esperanza Silva, especialista del Centro de Derechos Constitucionales, el problema no es nuevo ni exclusivo de Nicaragua, sino una corriente que ha existido siempre, pero que en los últimos años ha tomado fuerza a través de la nueva corriente de gobiernos autoritarios, de derecha e izquierda, que se han establecido.
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Silva aclaró que el problema no surge por falta de leyes, sino por un montón de “huecos” que tienen las leyes y que no están ahí por casualidad, sino con una intención, que es aprovechada por la coyuntura política.
En el caso de Nicaragua, señaló que es evidente la comprensión y/o aplicación inexacta de la Ley 147, sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, por el departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación contra “algunas” organizaciones críticas al Gobierno.
Eso obliga a los ONG a cumplir estrictamente las leyes, ya que así dificultan encontrar esos “huecos” por donde se puede entrar a hacer daño.
Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, considera que esa amenaza latente que pende sobre los ONG la comparten los medios de comunicación que, muchas veces, a pesar de respetar la Constitución y cumplir las leyes son atacados por aspectos de origen político, porque se constituyen en adversarios de gobiernos autoritarios, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, respeto al pensamiento ajeno y a la libertad de asociación y movilización.
Para Chamorro, otro aspecto que les hace compartir ese riesgo es que los medios tienen el poder de representar y presentar los problemas sociales, y destacar a los actores de la sociedad civil en el momento en que quieran y como quieran.
La sociedad civil proporciona a los medios un conocimiento mayor de los problemas urbanos y comunitarios, y logra incidir en aspectos del panorama nacional como la política, la visión económica y la auditoría social, explicó.
Chamorro considera que por compartir esa lucha contra la corrupción, iniquidad, injusticia y exclusiones, los ONG y medios están obligados a establecer alianzas sólidas para llegar a objetivos comunes.
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