La oscura compra del Canal 8 de televisión fue financiada con fondos de la cooperación venezolana, que salieron de las arcas de Albanisa, la sociedad vinculada a los negocios del presidente Daniel Ortega; y el Instituto de Telecomunicaciones (Telcor) asumió la negociación de modo directo en representación de los intereses privados del mandatario, denunció anoche el periodista Carlos Fernando Chamorro.
- El padre Rolando Álvarez, vocero de la Curia Arzobispal, dijo ayer que la Iglesia católica espera que “las presiones reales” del gobierno de Daniel Ortega a los medios de comunicación independientes no terminen en una censura, similar a la de los años ochenta, cuando hasta los cantos religiosos eran censurados porque el Gobierno consideraba que contenían algo que “no era favorable a la revolución”.
Para Álvarez, quien también es director de Radio Católica, uno de los ejemplos más evidentes de esas presiones es el retiro total de la publicidad estatal a los medios que no son afines al Gobierno.
El sacerdote recordó que los medios independientes no “mendigan” esa publicidad, sino que tienen derecho a ella, de la misma forma que el Gobierno está obligado a otorgarla y mantener informada a la población. “Aquí, más que temor, lo que se ha visto es una presión real a los medios de comunicación independientes”, enfatizó.
Para Álvarez, el Estado “no debería tener apellido” y, en una muestra de respeto a la libertad de expresión, debería tratar a todos los medios por igual.
El periodista Carlos Fernando Chamorro enumeró las acciones de Daniel Ortega contra la libertad de prensa:
Secretismo en el manejo de la información pública y la violación sistemática a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Agresiones verbales y físicas contra los periodistas independientes.
El chantaje y la manipulación con la publicidad estatal.
El condicionamiento de las licencias de radio y televisión que se les venció el plazo.
Las presiones económicas a los periódicos, utilizando el sistema tributario y de aduanas.
La promoción de juicios por injurias y calumnias contra periodistas.
[/doap_box][doap_box title=”No hay oferta del FSLN para Canal 2″ box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
- La propietaria de Canal 2, Marta Pasos de Sacasa, negó que grupos afines al Gobierno le hayan ofrecido comprar esa empresa.
La empresaria dijo que en el caso de la transacción de Canal 8, el dueño (Carlos Briceño) simplemente quiso venderlo y hay mucha gente que está en esa situación.
“Entiendo que (Briceño) está enfermo, entiendo que lo estuvo, quiere descansar y no tener problemas y decidió venderlo por “x o y” motivo. No lo he visto y no recibimos comunicación de parte de él”, dijo la empresaria.
La dueña de Canal 2 no se pronunció sobre el caso de Carlos Fernando Chamorro, quien antes de su salida de Canal 8 estuvo en Canal 2.
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Secretismo en el manejo de la información pública y la violación sistemática a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Agresiones verbales y físicas contra los periodistas independientes.
El chantaje y la manipulación con la publicidad estatal.
El condicionamiento de las licencias de radio y televisión que se les venció el plazo.
Las presiones económicas a los periódicos, utilizando el sistema tributario y de aduanas.
La promoción de juicios por injurias y calumnias contra periodistas.
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Chamorro se despidió anoche de la audiencia de sus programas Esta Semana y Esta Noche, al abandonar el Canal 8 indicando que razones éticas le impiden continuar en esa televisora, aún después del ofrecimiento que le hizo un vocero del Gobierno, de que podía continuar criticando a Ortega desde el medio.
Chamorro afirmó que fuentes fidedignas, cercanas a la negociación, le informaron que la televisora fue comprada en diez millones de dólares, más de 200 millones de córdobas.
La compra “fue financiada con los fondos originados en la cooperación venezolana, que supuestamente están destinados para combatir la pobreza y ayudar a los más necesitados”, añadió el periodista.
“Está comprobado que los fondos salieron de las arcas de Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A.), una empresa que se maneja de forma discrecional para financiar los negocios del Presidente y la familia presidencial”, aseguró.
TELCOR, GRAVE CONFUSIÓN
El periodista criticó la posición de Telcor porque, en vez de actuar como un árbitro imparcial por ser el ente estatal regulador de las telecomunicaciones en el país, participó en la transacción representando los intereses del comprador.
Telcor es dirigido por Orlando Castillo, antiguo funcionario de Canal 4, propiedad de la familia del presidente Ortega.
LA PRENSA ha tratado de hablar con Castillo sobre este tema, pero nunca responde solicitudes, ni llamadas telefónicas.
Para Carlos Fernando Chamorro, la participación de Telcor en el negocio del Canal 8 representa una grave confusión Estado-familia-partido, “a la que se ha degradado Nicaragua”.
“En cualquier sociedad democrática donde prevalece el Estado de Derecho, estos indicios serían motivo suficiente para que se investigue al director de Telcor por presunta violación a la ley, pero aquí estos funcionarios actúan protegidos bajo total impunidad”, enfatizó.
¿LE CIERRAN PUERTAS?
Chamorro dijo que hasta el momento ningún canal de televisión está interesado en dar espacio a sus programas.
Mariano Valle, dueño de Canal 12, con quien el periodista mantenía contactos, dijo a LA PRENSA el viernes pasado, vía telefónica, que no ha llegado a un acuerdo con Chamorro.
“Nosotros platicamos con él, pero no hay nada de eso hasta el momento”, dijo Valle al ser consultado.
Ante los confusos intereses Estado-Partido-familia, Chamorro se preguntó una vez más ¿quién es el nuevo dueño de Canal 8?
“¿La Secretaría del FSLN (partido en el poder), Ortega, su grupo económico familiar, o todos a la vez?”, cuestionó.
Como sea, el periodista recordó que se trata del grupo más poderoso del país, que “siempre juega con los dados cargados a su favor, porque bajo el clima de inseguridad jurídica que impera en la situación de las frecuencias radioeléctricas, sólo los protegidos del Gobierno pueden comprar así un canal de televisión. Y la misma historia se repite en el otorgamiento de licencias para el desarrollo de la energía, el turismo o el comercio exterior, mientras los empresarios se acomodan a buscar la protección y el favor del grupo de Ortega, al mejor estilo del somocismo”.
ORTEGA QUIERE LIMPIAR SU IMAGEN AUTORITARIA
Ante las evidencias presentadas, Chamorro aseguró que no le interesa ser un colaborador o cómplice del proyecto de Ortega.
“Basta constatar estas evidencias, para que un periodista que ha criticado frontalmente la privatización de la cooperación venezolana y su desviación para financiar los negocios privados del gobernante, se sienta moralmente inhibido de desarrollar una relación con los compradores de Canal 8. Porque seguirla manteniendo, más aún bajo este clima de total oscuridad, equivaldría a que me convierta indirectamente en una especie de apañador y socio de Ortega”, explicó.
Agregó que “en un país cuya fibra moral está carcomida por los pactos y por el interés desmedido del dinero y la corrupción, yo no me voy a prestar a que se me señale como cómplice del señor Ortega”.
Chamorro recordó cuando funcionarios de Ortega lo difamaron y amenazaron con cárcel, en el 2008, tras el destape del primer gran caso de corrupción en esta administración: las extorsiones a empresarios del turismo en Tola.
“Cuando me inventaron una investigación calumniosa por lavado de dinero y me amenazaron con la prisión, dije que prefería ir a la cárcel, pero que nunca aceptaría ser un rehén de la política de chantaje. Hoy ratifico ante la sociedad nicaragüense que no deseo ser socio o colaborador del señor Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios económicos, ni en sus negocios políticos que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria”, remarcó.
Ortega está imponiendo en Nicaragua un “sistema de intimidación que tiene atemorizada a una gran parte de la sociedad, y que presupone que en Nicaragua todo mundo tiene un precio, los empresarios, los magistrados, los diputados, y hasta los periodistas”, denunció el periodista.
Para Chamorro, con la compra del Canal 8, el presidente Ortega simplemente quiere limpiar su imagen después de agredir constantemente a la libertad de expresión, desde que asumió el poder nuevamente el diez de enero de 2007.
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