El proyecto de amnistía que los liberales lograron dictaminar ayer y que beneficiaría a personas que ejercieron cargos en el Estado entre el 25 de abril de 1990 y el 9 de enero del 2007, supuestamente ya tiene el respaldo de 46 diputados, se conoció de forma no oficial. Es decir, uno menos de lo necesario.
El proyecto beneficia, además de los ex funcionarios, “a sus cónyuges o ex cónyuges, convivente o ex convivente en unión de hecho; parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales”.
El diputado Filiberto Rodríguez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), rechazó el proyecto y anunció un dictamen de minoría, aduciendo que las amnistías se aprueban para borrar delitos políticos y comunes conexos.
No obstante, el 13 de marzo de 1990, la Asamblea Nacional, que era dominada por el FSLN, aprobó una amnistía para favorecer a los funcionarios entre el 19 de julio de 1979 y el 15 de marzo del mismo año.
El secretario del parlamento en ese entonces era el hoy magistrado judicial Rafael Solís.
Ni Rodríguez, ni el presidente del parlamento, René Núñez (FSLN), quisieron referirse a la amnistía de 1990. “No sé, yo no sabría hablar de eso, yo estoy hablando de mi período”, alegó Núñez.
DISPUTA A JUNTA DIRECTIVA
El proyecto de amnistía quedó desde ayer en la junta directiva. Núñez, quien esta semana no llamó a reunión, prometió que la próxima semana sí lo hará.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) tienen cuatro directivos.
Los dos directivos de ALN, informó Wilfredo Navarro (PLC), están desde ayer en el Caribe, pero supuestamente volverían el lunes por la tarde, listos para participar en la nueva reunión de directiva.
El diputado Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), retiró ayer su firma del dictamen a favor de la amnistía, según explicó porque los diputados del FSLN lo acusaron de ser parte interesada en el caso, ya que fue funcionario de Estado en dos gobiernos.
“La amnistía no es a favor de una, dos o tres personas, sino que es porque el pueblo está cansado del uso y abuso del Poder Judicial a favor de posiciones del Gobierno y del presidente Daniel Ortega en lo particular”, indicó Montealegre.
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