El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, dijo ayer que en Nicaragua se “debe incentivar la cultura del pago”, tal como el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque crear políticas de fomento a la cultura del sí pago garantizan la estabilidad del Sistema Financiero Nacional.
- El directivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), René Romero, demandó al Gobierno asentar de forma más clara su posición sobre el movimiento del No Pago.
Romero señaló que de lograrse un discurso claro del Gobierno, se pondría fin a las hostilidades del movimiento del No Pago que continúa afectando las operaciones de las microfinancieras en el interior del país.
Señaló que sin duda alguna la iniciativa de Ley de Moratoria fomenta la cultura del no pago en Nicaragua porque creará un precedente para que en el futuro se organicen morosos “para no pagar, no honrar sus deudas”.
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Rosales aclaró que el Gobierno no ha tratado con el FMI el tema de la propuesta de Ley de Moratoria, para reestructurar las deudas que tienen unos 10 mil productores del Norte y Centro con las microfinancieras, pero enfatizó en que “es conveniente y necesario desarrollar una cultura de pago” en Nicaragua.
Reconoció que, para garantizar ese clima de estabilidad crediticia, “las políticas económicas que impulsa el Gobierno deben conducir a esa situación, a tener una cultura de pago, a fortalecer la “bancarización” nacional, que más personas tengan acceso al crédito y también al ahorro”.
“Como institución, seguimos apoyando que se debe continuar incentivando en Nicaragua la cultura del pago. Toda medida, toda norma, toda ley, toda política, todo proyecto, todo programa que tienda a fortalecer la cultura del pago y el sistema financiero es aplaudido por el Banco Central de Nicaragua”, apuntó el máximo representante del Sistema Financiero Nacional a LA PRENSA.
“Lo que se discute con el FMI son las políticas, no las particularidades de la administración interna nicaragüense”, precisó.
Desde el año pasado, el movimiento de deudores conocido como los No Pago presiona a la Asamblea Nacional para que apruebe una ley de moratoria, que permita la reestructuración de una deuda total de 36 millones de dólares, distribuida entre 10 mil clientes morosos de las microfinancieras.
La carta de intención que suscribió el Gobierno con el FMI precisa: “Para garantizar el sano y sólido desarrollo de los mercados crediticios en las áreas rurales y resguardar la estabilidad del sistema financiero, el Gobierno buscará el consenso necesario para promover una reestructuración, voluntaria y apegada a reglas de mercado, de los créditos morosos en la cartera de los microcréditos”.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a revisar el “marco legal y regulatorio aplicable a entidades microfinancieras, con el fin de fortalecer la supervisión y competencia en el sector financiero no regulado actualmente”.
En ese sentido, Rosales señaló que urge la aprobación de la Ley de Regulación de las Microfinancieras, que se encuentra engavetada desde hace seis años en la Asamblea Nacional.
El presidente del BCN pidió a los diputados agilizar la aprobación de ese proyecto de ley para garantizar la estabilidad financiera nacional y en particular de las microfinancieras que atienden la mayor parte de la producción del país.
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