Dos hondureños que fueron sentenciados a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua estuvieron a punto de burlar la justicia nicaragüense, luego que de oficio un juez suplente les otorgó el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena.
LA PRENSA conoció que el juez suplente de Distrito Penal de Juicios, Marcos Funes, una vez que emitió la orden el pasado primero de febrero a favor de los detenidos Orlando Thomas Fitchs, de 38 años, y Marvin Antonio Lozano Romero, de 36, se ausentó de Bilwi, trasladándose a Managua.
El 2 de febrero el Ministerio Público introdujo un recurso de reposición ante el citado juzgado, a fin de que el judicial aclare y corrija la resolución en la que suspende la ejecución de la pena. Mientras, los dos hondureños condenados guardan prisión.
En el recurso el Ministerio Público señala al judicial que su decisión “es contradictorio a los principios de legalidad y oralidad, puesto que ni en la audiencia de debate de pena ni en ninguna otra audiencia la defensa técnica de los acusados (…) solicitó tal beneficio”.
Además le señalan que esa autoridad sin haber escuchado a las partes resolvió de oficio a favor de los detenidos, “como si se tratase del viejo sistema inquisitivo, donde el juez tenía potestades investigativas y judiciales”.
HOY SE REALIZA AUDIENCIA
Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República (PGR) remitieron un escrito al comisionado Julio Rugama, jefe de la Policía Nacional de Puerto Cabezas, a través del cual solicitan que no haga efectiva la orden de libertad emitida por Funes, “por haberse dictado la sentencia contra todas las normas procesales en materia penal y en contradicción a lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, que establece que ningún funcionario público o autoridad pública hará más de lo que la ley manda”.
De esta manera, ante la petición del Ministerio Público hoy se celebrará una audiencia oral y pública para debatir lo solicitado por esa institución de dejar sin efecto el otorgamiento del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena a los hondureños.
El Ministerio Público ha señalado que el judicial debió tomar en cuenta que se trata de ciudadanos hondureños, sin arraigo en el país, por tanto no pudo contemplar otorgarles el beneficio fuera de la cárcel como si se tratara de ciudadanos nacionales.
Los dos hondureños fueron capturados el 30 de septiembre del año pasado cuando fuerzas especiales de la Policía ejecutaron un operativo en el sector de la Laguna de Bismuna, Waspam, RAAN.
En ese momento las autoridades afirmaron que ambos se movilizaban en dos pangas junto con otras cinco personas. Al momento de la detención les ocuparon 136 mil dólares, que los detenidos tenían destinado para comprar droga en ese sector del país, según las investigaciones.
En esa ocasión los otros cinco de los ocupantes de las pequeñas embarcaciones lograron darse a la fuga con ayuda de personas del sector.
Al momento de la operación se comentó que cerca de estas comunidades existe un lugar denominado La Barrita, sitio que los narcotraficantes utilizan para las transacciones de droga y armas.
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