El caso de la joven empleada de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), quien en julio del año pasado denunció haber sido violada sexualmente por un compañero de trabajo, es una muestra de la negación y retardación de justicia imperante en Nicaragua, pero además refleja el grave problema social que representa el delito de la violencia contra la mujer en uno de sus aspectos más repugnantes, como es el de la violación y demás abusos sexuales.
Esta semana, la joven denunciante cuyo nombre omitimos por respeto a su intimidad y consideración a su dolor emocional, así como a la dignidad de su familia que la acompaña en el calvario al que ha sido sometida desde julio del año pasado, estuvo a punto de declararse en huelga de hambre ante las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, como medida extrema de protesta porque la “justicia” no castiga como manda la ley a su agresor sexual. Sin embargo, al ser recibida por tres mujeres magistradas del Poder Judicial, la joven violada desistió de someterse a ese otro sacrificio, con la esperanza de que las prominentes funcionarias públicas que están encargadas precisamente de administrar la justicia en el país, se conmovieran con su situación e intervengan para que se impulse correctamente el procedimiento judicial.
“Ya no es vida, doctora, lo que estoy viviendo —expresó con dramáticas palabras dirigidas a una de las magistradas de la Corte, la joven víctima de la violación sexual ocurrida hace siete meses—, yo lo que pido es la prisión preventiva para él (es decir, para su abusador). No puedo dormir tranquila, tengo que dormir con sedantes, porque siempre se me viene (a la memoria) la película del 25 de julio que fui violada por él y es la fecha y no hay justicia”.
Según las informaciones proporcionadas por la misma víctima de violación sexual, el tratamiento judicial con guantes de seda que se le está prodigando al acusado se debe a que es ahijado de una alta funcionaria gubernamental y, sobre todo, porque es miembro del FSLN, que es por ahora el partido gobernante. Esto es algo que agrava la situación de impunidad en un país como Nicaragua, donde la violación y los abusos sexuales en general están ampliamente extendidos y profundamente arraigados en la sociedad, y muchísimos casos quedan impunes a pesar de que en las leyes son tipificados como graves delitos.
Organizaciones de la sociedad civil que luchan contra el abuso sexual en la sociedad nicaragüense, aseguran que este repugnante delito es uno de los más silenciados y menos penalizados en Nicaragua. Según las investigaciones y las estadísticas independientes, una de cada cuatro mujeres nicaragüenses y uno de cada cinco varones del país, sufren o han sufrido abuso sexual en algún momento de su vida. Si esos datos son exactos, la sociedad y en general y en particular las autoridades gubernamentales y estatales, deberían tomar las medidas necesarias para procurar el castigo efectivo de los delitos sexuales, y ante todo para prevenirlos mediante acciones y campañas que en otros países —porque éste es un problema de dimensión mundial—, han tenido un éxito absoluto o relativo.
Pero, ¿de qué manera las autoridades gubernamentales podrían actuar de verdad y de manera rigurosa contra los delitos y los delincuentes sexuales, en un país donde este crimen goza de tanta impunidad que un prominente político profesional puede ser denunciado y acusado judicialmente de violación sexual por su propia hija o hijastra, pero cualquier juez de su propio partido lo exonera y después una parte de la población inclusive lo elige como su gobernante? Sin embargo, el hecho de que los abusos sexuales constituyan un fenómeno ampliamente extendido y profundamente arraigado, y que las autoridades judiciales y gubernamentales no los persigan ni los castiguen como es debido; y a pesar de que cuando el acusado es algún líder o activista político se le protege con la impunidad más descarada, no debe conducir a la actitud errónea de dejar de denunciarlos y desistir de la lucha permanente para que se haga justicia.
Queremos decir con esto, que la joven que ha denunciado haber sido víctima de violación sexual por un compañero de trabajo en Migración, y reclama públicamente que se le haga justicia, debe ser abrigada con la solidaridad de toda la sociedad y respaldada en su lucha ejemplar por la defensa de su dignidad personal y contra la aberrante ausencia y retardación de justicia en Nicaragua.
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