Fotos de La Prensa/Archivo
El poder de la justicia nicaragüense está en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Aunque algunos analistas sostienen que todavía hay uno que otro jurista con calidad y méritos académicos, reconocen que al final lo que ha prevalecido desde que se realizó el pacto político Alemán-Ortega (1998) es la obediencia a ojos cerrados ante los mandatos políticos que deciden el rumbo de cualquier fallo de interés partidario.
Domingo muestra en esta edición la manera en que el cuerpo de jueces en todo el país se ha ido acomodando durante los últimos años, de manera que los juzgados de casi todo el país están dominados por jueces sandinistas y una minoría de liberales, que sin desmedro de su preparación académica, han sido puestos en esos cargos de acuerdo a una estrategia política que comenzó hace dos décadas.
A pesar de que en el 2006 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Manuel Martínez, se atrevió a afirmar que el cuerpo de jueces estaba dividido en un 80-20 por ciento entre sandinistas y liberales, en la actualidad aquella cifra se ha quedado corta, ya que ahora casi el 90 por ciento de los juzgados de todo el país están a cargo de jueces propietarios sandinistas como resultado de una jugada política que comenzó a fraguarse durante los dos primeros gobiernos electos en el periodo post revolucionario, es decir, durante los mandatos de Violeta Barrios y Arnoldo Alemán.
El jurista Carlos Tünnerman recuerda que a principios de los noventa, “las universidades, tanto de León como de Managua, abrieron cursos por encuentro, o sea, formación de profesionales que asistían solamente los fines de semana a tomar sus clases”, para realizar estudios en Derecho.
Así una serie de militantes sandinistas que habían laborado en la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) y el Ministerio del Interior, por ejemplo, se integraron a estos cursos e instantáneamente pasaron a ocupar puestos de jueces, algunos sin ni siquiera haber recibido sus títulos de licenciatura.
Uno de esos casos es el de la famosa magistrada Juana Méndez, miembro de la Sala Penal y de lo Contencioso Administrativo. Según se detalla en su currículo, esta leonesa que nació en el municipio de El Jicaral, fue nombrada como Juez Quinto Local del Crimen de Managua en 1994, antes de haber sido incorporada a la Corte Suprema de Justicia como abogada y notario, y cuando apenas cursaba el segundo año de la Licenciatura en Derecho.
Como ella, hay muchos más. El académico y asesor de la Corte Suprema de Justicia, Cairo Manuel López, asegura que antes era permitido y estaba contemplado en la Ley que un juez local podía ser nombrado aún en su etapa de formativa, sin experiencia y sin ser necesariamente un licenciado en Derecho.
De esa forma, Méndez, que había laborado en el área de control de pasajeros en una línea aérea (1976-1978); como oficial operativa y jefe de buró en la DGSE (1979-1985) y como oficial de planificación, organización y control de trabajo y en el área de recursos humanos del Ministerio del Interior (1987-1993); sorprendentemente pasó a ocupar el puesto de Juez Quinto Local del Crimen en la capital, entre 1994 y 1999, a pesar que su hoja de vida señala que sus estudios en Derecho culminaron hasta 1996.
En esos años, el Frente Sandinista procuró formar a varios de sus militantes que obedientemente asistían a los cursos por encuentro que las universidades ofrecían.
Tünnerman critica el nivel académico que se puede haber logrado con esos estudiantes. “Aunque ahora predomina cada vez más la modalidad no presencial en la educación superior contemporánea, sobre todo cuando se suple la presencia en el aula con la posibilidad de tener contacto con el profesor por internet; en esa época la formación pudo ser bastante deficiente”, en el caso que no se haya fijado la metodología adecuada, reforzada con talleres y seminarios.
“No es lo mismo el curso presencial todos las semanas que el curso por encuentro. El profesional tendría que ser muy aplicado para que logre prácticamente el autoaprendizaje, y no descarto que pudo haber algunos, pero lo que hubo en esos cursos por encuentros no era comparable con las clases presenciales… Ahora ya se ha ido mejorando eso”, comenta Tünnerman en referencia a la creación de la Escuela Judicial que creó la Corte Suprema de Justicia actual para la formación de los judiciales.
Sin embargo, como se ha demostrado en la práctica, la formación académica es un elemento secundario cuando de influencias políticas se trata.
“El asunto está en que algunas personas que entraron a la carrera judicial tienen militancia partidaria muy activa dentro del Frente Sandinista y por lo tanto son susceptibles a presiones políticas por parte de su partido. Por eso hemos visto que las sentencias se acomodan en algunos casos a los intereses políticos del Frente. Pero tampoco podemos generalizar porque dentro del Poder Judicial hay un grupo de personas que sí han hecho carrera durante muchos años y actúan apegados a la Constitución y las Leyes”, agrega Tünnerman.
Entre estos casos se podría mencionar al doctor Nestor Castillo, actual juez cuarto del Distrito Civil de Managua, quien desde 1997 ha realizado un recorrido por diversas instancias judiciales, de manera que su ascenso en el Poder Judicial ha sido paulatino.
Castillo, egresado de la Universidad Centroamericana (UCA), recuerda que antes de ser juez, había sido litigante durante seis años. Y mucho antes de eso, ejerció su otra carrera, la de relacionista pública en el Ministerio de Relaciones Públicas de los años ochenta.
Inició como juez suplente del Juzgado Segundo Local del Crimen en 1997, durante un año. Luego pasó a ser Juez Local Único de Tipitapa, donde permaneció tres años en el puesto. De ahí, recorrió el Juzgado Local Civil de Managua, el Juzgado Penal de Distrito de Carazo, hasta que llegó al puesto actual como Juez Cuarto del Distrito Civil de Managua.
“Considero que tuve méritos porque como juez suplente llegaba a ayudar al juez propietario a resolver los casos. Estuve como ocho meses ahí y por eso fue que después me pasaron a juez local único en Tipitapa. Mandaron a preguntar a todos los jueces quiénes eran los suplentes que ayudaban más y así fue que me trasladaron”, relata el doctor Castillo quien ahora se jacta de realizar casamientos masivos cada 14 de febrero, actividad que dice realizar en nombre del Poder Judicial. Para este próximo día del amor y la amistad planea casar a 200 parejas, cifra récord en su historial.
La repartición de magistraturas y juzgados siempre ha existido. Como recuerda Vilma Núñez de Escorcia, antes a pesar de que valían los padrinazgos políticos, prevalecía el profesionalismo de los escogidos.
La ahora presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fue magistrada durante dos épocas importantes, la somocista y la sandinista.
En 1950, tras el llamado “pacto de los generales” entre Anastacio Somoza y Emiliano Chamorro, hubo una reforma constitucional en la que se estableció la representación de las minorías, lo que significó que la tercera parte de los puestos públicos de elección y cargos colegiados debían ser ocupados por candidatos del partido que ocupara el segundo lugar en las elecciones, es decir, el Partido Conservador (PC).
Para cada puesto vacante los partidos mandaban ternas de candidatos a la Asamblea Nacional, y entre esos tres escogían uno.
Núñez, que era militante conservadora, fue presentada como candidata de la entonces Unidad Nacional Opositora, cuya personería jurídica le pertenecía al PC.
“En mis archivos tengo el acta de elección y quizás mi caso haya sido uno de pocos en Nicaragua porque fui electa por unanimidad”, comenta.
Después de haber sido abogada litigante durante varios años en el Bufete Herdocia Lacayo, dirigido por uno de sus profesores de universidad, el doctor Oscar Herdocia Lacayo, fue electa como magistrada del Tribunal de Apelaciones de León, donde compartió funciones con dos magistrados liberales.
“Tomaban mucho en cuenta las cualidades profesionales. Cuando me nombran, yo ya tenía ahí en León un récord de abogada recta, a pesar de que el Derecho Penal era un mundo donde había negociaciones con los jueces, mordidas a secretarios, pero de mí jamás alguien puede decir que gané un juicio de esa forma. Yo preparaba y fundamentaba mis intervenciones… En aquella época aunque pertenecieran a tal o cual partido, se respetaban como jueces, no eran peones de partidos”, asegura la doctora Núñez.
En 1971, Núñez vuelve a ser litigante, y a partir de la fecha se comienza a destacar como defensora de los reos políticos, hecho que años después la fue acercando a las filas del movimiento revolucionario sandinista, hasta que se involucra de lleno y aprovechando el respeto que había por su persona en León, su casa se convierte en casa de seguridad y a menudo se ve trasladando a importante cuadros sandinistas entre su ciudad y la capital.
En 1979, aún bajo la presidencia del dictador Anastasio Somoza, la doctora Núñez es apresada y acusada de traición, sin embargo, en fechas próximas el triunfo de la revolución logra dejarla en libertad y la trasladan a Venezuela, donde se entera que la nueva Junta de Reconstrucción Nacional la había nombrado como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Además de ella, afirma que los magistrados que fueron nombrados, eran “abogados de renombre, personas de prestigio”, cualidades que a su parecer fueron marcando la independencia del nuevo poder judicial de los ochenta.
Los únicos recursos con los que contaban eran los dejados por los magistrados somocistas. Viejos carros, pocos recursos económicos y el mismo personal.
“Éramos como la Cenicienta”, comenta con gracia la doctora Núñez. Y afirma que dada la independencia política que los recién nombrados magistrados se aferraban a demostrar, fueron señalados de legalistas, reaccionarios y conservadores. Como dice el doctor Alfonso Dávila Barbosa en la entrevista central de este edición, los juristas independientes no caben en un poder judicial politizado.
Ahora existe un sesgo político marcado entre los juzgados de cada departamento. A pesar de que se creó la Ley de Carrera Judicial y su normativa, que llaman a concurso para nombrar nuevos jueces, lo que se ha hecho en los últimos años es nada más cambiar de juzgados a los juristas ya nombrados, de manera que cada partido se continúa asegurando el dominio en las salas.
En Managua, de 57 jueces que existen, sin incluir a los dos nuevos jueces Laborales y los dos jueces de Familia recién nombrados, 45 de ellos son activistas del FSLN, 10 del PLC y dos se perfilan como independientes.
El dominio del FSLN es evidente en los Juzgados de primera instancia, aunque una fuente allegada al Poder Judicial indica que el FSLN perdió cuotas de poder en la reciente negociación de nombramientos de magistrados de apelaciones, por lo que los liberales tienen más magistrados en los tribunales de apelaciones.
Como ejemplo del vaivén que existe en el Poder Judicial, la misma fuente menciona que la juez Roxana Zapata, de tendencia liberal, pronto podría cambiar de acera política.
La costumbre es que donde existe un juez propietario sandinista, su suplente también es de la misma tendencia política, y lo mismo ocurre donde hay un juez propietario liberal.
En Madriz, algunas fuentes aseguran que los nombramientos de judiciales se hacen en reuniones en la que participan un grupo de jueces de afiliación sandinista junto con secretarios políticos de ese partido.
Según el gráfico que presentamos junto a este reportaje, solamente en los departamentos de Masaya y Granada hay un giro político entre sus jueces, los que en su mayoría son de tendencia liberal. Como demuestran los datos, los jueces independientes son “especies raras” en el Poder Judicial.
Como dice el doctor Carlos Tünnerman, los pactos políticos entre liberales y sandinistas han hecho del sistema judicial una completa aberración en la que se habla de bancadas políticas.
Y agrega que aunque “tenemos jueces y magistrados capaces sin ninguna duda, son operadores políticos. Eso quiere decir que la capacidad, la preparación no es obstáculo para que actúen desde el punto de vista de los intereses partidarios. Además de la preparación debería buscarse la forma para despartidarizar al Poder Judicial. Ese es el gran reto. Para poder atacar la raíz del problema se deben nombrar candidatos independientes, que no tengan militancia partidaria”. b
Dedazo asegurado Debido a la entrada en vigencia en julio del 2009 de la la Ley 501, Ley de Carrera Judicial y su normativa, que elimina los nombramientos de “de dedo” para jueces y magistrados de apelaciones y establece el concurso como única vía para ingresar a la Carrera Judicial, los magistrados de la Corte han optado por reelegir a los magistrados de apelaciones y sólo trasladar a los jueces de una judicatura a otra, para de esa manera conservar el número de judiciales liberales y sandinistas. Una de las “bandidencias” que realizaron los magistrados de la Corte al aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial, es que de cada cinco magistrados de apelaciones que se elijan, ya sea por reelección o por concurso, uno de ellos será nombrado “de dedo”. Es lo que ocurrió en diciembre pasado, cuando se nombró magistrada de apelaciones en Masaya a Julia Selva, quien nunca ha sido juez, sino era asesora de su padre, el fallecido magistrado liberal de la Corte, Guillermo Selva. b
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