El Poder Judicial “es una vergüenza”

El doctor Alfonso Dávila Barbosa, veterano jurista en retiro, fue magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua durante once años, sumados a los otros 17 años consecutivos en los que fungió como juez. Toda una larga vida profesional que se atreve a calificar como “intachable”, tanto así que cuando tuvo la oportunidad de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el mayor escalafón al que un abogado puede llegar, le propusieron que se afiliara al Frente Sandinista porque los abogados independientes no llegan a la Suprema, y obviamente prefirió quedarse así... Jamás llegó a ese estrado.

Alfonso Dávila Barbosa Ex magistrado de Apelaciones de Managua

Fotos de La Prensa/ Uriel Molina

El mayor sueño de un abogado es llegar a ser magistrado, pero el sueño de éste se cumplió a medias, por haberse negado a recibir una afiliación política que le permitiera llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El doctor Alfonso Dávila Barbosa, veterano jurista en retiro, fue magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua durante once años, sumados a los otros 17 años consecutivos en los que fungió como juez. Toda una larga vida profesional que se atreve a calificar como “intachable”, tanto así que cuando tuvo la oportunidad de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el mayor escalafón al que un abogado puede llegar, le propusieron que se afiliara al Frente Sandinista porque los abogados independientes no llegan a la Suprema, y obviamente prefirió quedarse así… Jamás llegó a ese estrado.

Desde su silla mecedora en la pintoresca ciudad de Masaya, en el barrio San Jerónimo, critica de manera directa el quehacer de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de muchos jueces que según él se han encargado de que el Poder Judicial de Nicaragua sea una vergüenza. Claro, hay algunos que se libran de los señalamientos, pero son sólo algunos.

“Por todos esos los abogados no van al cielo”, comenta Dávila Barbosa entre risas. Son tan malos, bromea, “que cuando logró llegar uno a las puertas del cielo tuvo que convencer a San Pedro para que lo dejara entrar. Y ya estando ahí, fue expulsado porque estaba levantando huelga entre los ángeles y las vírgenes para que exigieran el pago de horas extras y el descanso en el séptimo día”.

Pero aquí, con los pies en la tierra, el doctor Dávila Barbosa ve muy lejos el día en que la justicia se haga prevalecer como tal. Aquí pesan más la política, los padrinazgos, las órdenes políticas en los fallos y ve muy difícil que en la próxima elección de magistrados se nombre relevos realmente profesionales, juristas honestos y dignos de respeto. “Eso es un asunto de moralidad notoria y eso lo hacen en La Paz Centro… (ríe)”.

Doctor, ¿qué opina del Poder Judicial del que gozamos ahorita?

A mí me duele el Poder Judicial. Los señalamientos que se le están haciendo son graves. ¡Se perdió la credibilidad del Poder Judicial! Esas cosas que se están diciendo son alarmantes, falsifican firmas, se pierden dólares, se pierden expedientes… ¡eso no pasaba antes! Cuando yo trabajaba en León era una cosa respetable. Incluso, cuando uno iba a hacer una gestión de abogado, hace 30, 40 años, el portero te decía: “Por favor, venga de saco”. Aquello era como un templo, todo mundo laborando y con personal reducido. Apenas había un vehículo para el presidente de la Corte, no era como ahora, que abundan los famosos asesores. Ahora hasta los de Apelaciones tienen asesores; yo nunca tuve asesor, yo resolvía los problemas estudiando y consultando a los colegas.

¿Qué es lo que pasa? Aquí se ha confundido la lealtad política con los intereses de la justicia. Los intereses políticos se anteponen a lo jurídico.

¿Y desde cuándo se llegó a ese problema en el Poder Judicial?

Desde el momento en que la política entró de lleno en la vida del Estado de Nicaragua, entonces vino la crisis institucional que estamos pagando muy caro.

En los últimos quince años la situación se volvió muy compleja. Y cuando estaba (Arnoldo) Alemán en el poder y estaba aquel (Daniel Ortega) gobernando desde abajo, entonces qué es lo que hizo Arnoldo, buscar al que está provocando el problema y nació el famoso pacto y eso trajo la repartición de magistraturas, etcétera.

Pero hay un detalle importante: lo que se llama oposición ha reflejado intereses políticos que marginan los intereses de la justicia; entonces cada quien quiere hacer un feudo de su cargo.

Doctor, muchos juristas dicen que el problema aquí no es de leyes, sino de quién las aplica…

En la medida que el Poder Judicial se comprometa con los líderes políticos, pierde categoría como institución de credibilidad. Y las víctimas quiénes son, los usuarios del Poder Judicial, y eso va a ocasionar que los inversionistas se echen par atrás y digan que en Nicaragua no hay garantías. Aquí ya no tenemos seguridad jurídica. Si yo llevo un juicio y la otra parte tiene vínculos estrechos con políticos beligerantes, bueno, voy con los pies hinchados. Entonces me aparto porque después el cliente puede pensar que no fui hábil o eficiente con su causa, pero lo que pasa es que aquí la política está de por medio, aquí hay confiscaciones… ahí está lo de La Chureca, aunque la Constitución dice que ya no se pueden dar confiscaciones en este país y ya ve cómo se sigue jugando con la Constitución de la República de Nicaragua.

Ahora, las prebendas que disfrutan los magistrados de la Suprema en la actualidad los vuelven fácil de convencer para tomar decisiones que les convengan a sus padrinos. Y las prebendas de los magistrados de la Suprema son muy cuantiosas. Buenos viáticos, más de cien galones de gasolina al mes, sueldos extraordinarios, asesores-parientes, magistrados que tienen hasta ocho familiares trabajando en el Poder Judicial, lo cual es una cosa ofensiva, causa malestar; entonces las cosas siguen su curso y el Poder Judicial difícilmente pueda recuperarse en los próximos años. Así lo vaticino.

Es más, y los conozco, hay magistrados en la Corte Suprema de Justicia actual que no litigaron nunca y la ley dice, exige haber litigado al menos, fíjese bien, ¡al menos diez años!, o haber sido magistrado de Apelaciones. Desde ahí es el problema. ¿Quién es el candidato que puede ganar la elección? El que esté vinculado con los partidos políticos, el que tenga buenos padrinos que lo protejan y voten por él.

¿Hay alguna esperanza en los nombramientos de nuevos magistrados que se deberían realizar este año?

Le voy a decir lo siguiente, en medio de mi periodo como presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, dos diputados me propusieron para ir a la Corte Suprema de Justicia. Yo acepté encantado, creí que lo merecía porque no había quejas en mi contra, sin embargo, platicando con ciertos elementos, honestamente llegó uno de ellos y me dijo: ‘Hermano, quién sabe si progresamos, porque en los círculos del sandinismo estás señalado como independiente y sería un problema tener un magistrado en la Corte Suprema de Justicia que sólo obedezca a la ley y no a los políticos que votarían por vos’. Ahí saque usted conclusión de cómo ha andado esto. Y así pasó con otros. Ahora inventaron que elección en combo, ¡qué es eso! ¡Todos a la vez! ¡Es un relajo! La Asamblea tiene que ponerse las pilas, la Constitución dice que (se elijan) uno por uno.

Pero lo que están buscando, y ya lo dijeron, es elegir un combo de funcionarios.

Para serle sincero, si la elección va en combo no logramos nada y si no están los votos de rigor para que alguien salga electo por su talento y su humildad, también es problema. Como dijo ahí un diputado, tendrá que haber pláticas, transacciones políticas para elegir magistrados que por lo menos saquen la cara y digan: ‘Voy a hacer mi papel como dice la ley’. Eso sería un éxito. Ojalá.

¿Cree que vale la pena reelegir a algunos de los magistrados que están ahorita?

¡No! Rotundamente lo niego. Ninguno de los magistrados merece ser reelecto.

Hace algunos años el magistrado Manuel Martínez, presidente de la Corte Suprema, dijo que la repartición de poder en el Poder Judicial en general era de un 80 por ciento jueces sandinistas y un 20 por ciento liberales…

Eso es correcto. La mayoría de jueces son del Gobierno de Daniel Ortega. Tiene toda la razón. Es más, yo conocí de magistrados que anduvieron en campaña judicial hace ocho o nueve años informándose en los Tribunales de Apelaciones de la República sobre los jueces con tendencia sandinista, los que participaban en reuniones sandinistas y así fueron colocándolos en magistraturas con el tiempo. Si usted revisa los nombramientos en el Poder Judicial a nivel de magistrados de Apelaciones, la mayoría son sandinistas.

Ahora, con esto de la carnetización, hablé con un juez amigo… ‘me contaron que ya tenés tu carné’, y me dijo: ‘Ideay, ¿y usted cree con eso ya está mi voto asegurado para el sandinismo?’… (ríe). Él lo aceptó porque si no lo corren, pero a la hora de votar lo va a hacer por el que quiera… (más risas).

Bueno, eso respecto a los magistrados, hablemos ahora de los jueces. ¿Qué calidad de jueces hay en el país?

La Ley Orgánica del Poder Judicial señala los requisitos indispensables para los jueces, y lo mismo, que hayan desempeñado alguna labor en el Poder Judicial, que tengan mucho conocimiento sobre las leyes y el derecho; ahí tienen que ver los jueces de distrito, los jueces laborales, etc.

Sin embargo, cada magistrado de la Suprema lleva en mente a su ahijado, a su pariente, al muchacho que se ha distinguido como brillante estratega político del partido de Gobierno, y así van sumando sus criterios.

Las órdenes se dan todavía. Me decían ahí que ya no se usa el telefonazo como antes. Ahora son pláticas en restaurantes. Ahí llega el padrino, con el juez, se toman su cerveza, dialogan y con disimulo los magistrados les insinúan qué tipo de sentencia les convendría dictar en casos determinados. Eso es posible, es lo que me contaron. Esas cosas no se corrigen, y hay jueces de distrito que han desempeñado bien su papel, pero no los han ascendido, algunos tienen diez, doce años y ahí están estancados. Los que muestran lealtad, esos sí tienen asegurado su cargo.

¿Cómo nombraban antes a los jueces?

La Asamblea, que era el Congreso de antes, nombraba a los magistrados por lista que presentaban los diputados. Había su gente que buscaba, que aunque fuera muy diligente, muy honesta, pero siempre buscaban que tuviera una afiliación política partidaria, ¡no contra la pared!, pero que se definiera liberal o conservador. Pero también hubo pactos, con el pacto de los generales, (Emiliano) Chamorro con (Anastasio) Somoza, y con el Kupia Kumi, lo mismo, se dividió una minoría de conservadores y una mayoría de liberales en todos los poderes del Estado.

¿Y cómo se reflejaba la política en la administración de justicia en ese entonces?

Ve… había respeto. Se respetaba lo que resolvían los magistrados, no había problema ni se censuraban las decisiones de los magistrados en sus sentencias. Como el doctor Carlos Tünnermann señaló hace poquito, con los Somoza había un poquito de respeto en el Poder Judicial, lo cual digo que es verdad.

Es más, cómo andamos ahora de mal en este país que ese famoso decretazo es una burla a la Asamblea Nacional. El Presidente tranquilamente decreta algo que no tiene facultad para hacerlo, entonces, en buen castellano, en buena lógica jurídica se violentó la Constitución de la República y eso es delictivo.

¿Y qué debería hacerse?

Bueno, en un país donde la democracia prima y la ley está sobre los intereses de los políticos, don Julio Centeno Gómez (fiscal general de la República) tendría la última palabra para que se respete la Constitución de la República, pero como dijo en una caricatura (Manuel) Guillén, la Constitución se ocupa para otra cosa y no para hacerla prevalecer.

Es más, fíjese cómo andamos que esas decisiones que mandan los jueces para mandar a determinados delincuentes a sus casas con arresto domiciliar ¡son una cosa vergonzosa! En ciertos casos a quien verdad merece arresto domiciliar le ponen arresto preventivo. Es un vaivén colectivo que uno no sabe a qué atenerse en este país, los abogados están desorientados, les quita el sueño que de pronto reciban un telefonazo o le digan que el “padrino” quiere que se falle de tal manera, pues así se falla y se aparta la ley. b

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