GINEBRA/SUIZA
Catorce países manifestaron su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos elementales en Nicaragua, como la libertad de expresión y la libertad política, la persecución a defensores de los derechos humanos y la falta de transparencia e independencia de instituciones del Estado.
Por primera vez Nicaragua fue sometida ayer en Ginebra a un Examen Periódico Universal (UPR) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el que ofrecerá su informe preliminar mañana con recomendaciones para el Gobierno nicaragüense que serán evaluadas en junio próximo.
Los países que pidieron protección para periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, además de la independencia del Poder Judicial en Nicaragua, son Canadá, Gran Bretaña, Noruega, México, Bélgica, Israel, Holanda, Francia, Chile, República Checa, Irlanda, Italia, Estados Unidos y Alemania.
La sesión empezó con un informe de la Administración de Daniel Ortega, leído por la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien afirmó que en Nicaragua la libertad de expresión es “cuasi absoluta” y atribuyó las críticas al Gobierno a “una campaña mediática” motivada “exclusivamente por razones políticas”, organizada por “propietarios de medios de comunicación en alianza con partidos políticos” de oposición.
Sin embargo, la representación de Canadá despuntó con los señalamientos críticos al decir que lamentaba que algunos partidos políticos no hayan podido participar en las elecciones (municipales). Indicó también su preocupación por la obstrucción de la libertad de expresión y las represalias contra opositores.
Canadá hizo énfasis en lo preocupante que es la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua.
DELEGACIONES BIEN INFORMADAS
La delegación de Gran Bretaña expresó la necesidad de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) sea transparente e imparcial, y solicitó la acreditación, para las elecciones, de los organismos de observación electoral Ética y Transparencia e Ipade.
Noruega manifestó su inquietud por el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos nicaragüenses, y pidió al Gobierno de Ortega que adopte medidas para garantizarles que ejerzan sus actividades con libertad.
México propuso que Nicaragua elimine el delito de la difamación del Código Penal y lo traslade al Código Civil.
Israel también mostró preocupación por la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en la nación nicaragüense, en especial el socavamiento a libertad de expresión y opinión.
Holanda recomendó fortalecer las instituciones de derechos humanos en Nicaragua, que el Gobierno tome medidas de protección a los periodistas y permita que las organizaciones de la sociedad civil participen en política y ejerzan con libertad la crítica a las entidades públicas.
España lamentó los casos de violencia contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
La delegación de Francia preguntó qué medidas tomaría el Gobierno de Nicaragua para proteger a los defensores de los derechos humanos que han sido amenazados o agredidos. Recomendó protegerlos cuanto antes.
Chile sugirió que el Gobierno nicaragüense aplique a plenitud el derecho constitucional, para que todos los ciudadanos y organizaciones puedan participar con igualdad, hacer críticas y reunirse con libertad.
La representación de la República Checa dijo que conocía del acoso e intimidación a defensores de los derechos humanos, y pidió al Gobierno de Ortega que investigue y enjuicie a los agresores.
Irlanda, además de pronunciarse por la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos, mostró preocupación por los nombramientos de los nuevos magistrados de los poderes Electoral y Judicial y pidió a Nicaragua garantizar la independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
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Igual señaló la “gran concentración de los medios de difusión” y que “las leyes no promovían las emisiones motivadas por el interés público, sino que establecían un sistema de subasta pública de licencias por el que se exigía a los candidatos que cumplieran determinados criterios técnicos y financieros”.
Esas circunstancias no han permitido la promoción de la diversidad y han privado a muchos medios “del acceso a las frecuencias de emisión”, por lo que se prevé una reforma a la legislación vigente para establecer un órgano regulador independiente “que promueva el desarrollo de las emisiones basadas en el interés público”, lo que podría “brindar la oportunidad de promover el pluralismo y facilitar el acceso a los medios de difusión”.
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Italia igual solicitó la investigación de los casos de acoso y ataques contra defensores de los derechos humanos, y que el Gobierno nicaragüense garantice la reparación de daños a las víctimas que han sufrido agresión física y difamación.
Estados Unidos señaló las preocupaciones de la sociedad civil nicaragüense por las trabas al acceso a la información pública, a pesar de que la ministra Morales destacó como un logro del Gobierno la promulgación de la ley que otorga ese derecho a los ciudadanos.
LEY ES PAPEL MOJADO
Sin embargo, la Ministra evitó decir que las oficinas estatales todavía se resisten a suministrar la información solicitada, tal como han denunciado organizaciones promotoras de esa ley.
El Cenidh informó en la sesión que si bien era cierto que se había aprobado una avanzada Ley de Acceso a la Información Pública, aún no se ha desarrollado en Nicaragua una cultura de transparencia y la mayoría de las solicitudes de información han provenido de periodistas, mientras que las ONG muchas veces no reciben respuestas satisfactorias de las instituciones del Estado.
La delegación estadounidense pidió a las autoridades de Nicaragua que explique cómo va a garantizar la libertad de expresión y de prensa. A la vez recomendó que dé garantías y protección a los grupos de la sociedad civil.
Alemania dijo tener informes de ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Señaló, por tanto, la urgencia de garantizar los derechos de libre expresión, asociación y reunión.
FUNCIONARIA ADMITE
Una funcionaria de la Procuraduría de Derechos Humanos, María Elsa Frixione, explicó al Consejo que en Nicaragua “tenemos una sociedad altamente polarizada y eso ha llevado a situaciones difíciles de resolver”.
Se refería a los ataques que ha sufrido gente de la sociedad civil, perpetrados por simpatizantes del gobernante Frente Sandinista (FSLN) y de hecho admitió el problema: “Lamentamos los incidentes que se han producido y tengan la plena seguridad de que haremos todo lo posible para que los responsables no queden sin castigo”.
EMBAJADOR ROBELO RAFFONE, CON ESPAÑOL “DIFÍCIL”
El embajador de Nicaragua ante la ONU en Ginebra, Carlos Robelo Raffone, hijo del polémico político Álvaro Robelo, salió en defensa del Poder Electoral. Con un español difícil y marcado acento italiano, Robelo afirmó que en Nicaragua se han efectuado “procesos electorales libres” y el CSE es “independiente”.
Para cerrar, la ministra Morales no dio ninguna respuesta a las preguntas y sugerencias, prometió enviar respuestas por escrito a cada misión diplomática y ante el plenario invitó a la sociedad civil nicaragüense a trabajar con el Gobierno.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien asistía como observadora, comentó que si esa voluntad de diálogo del Gobierno de Ortega era verdadera, que comenzara por dejar entrar al Cenidh a los centros penitenciarios, a donde hasta hoy le prohíben ingresar.
El Cenidh fue uno de los organismos de la sociedad civil de Nicaragua que enviaron informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para esta revisión. “Hemos aportado para que de este Consejo puedan salir posteriormente recomendaciones que le sirvan de instrumento al Gobierno para cambiar su política represiva”, dijo Núñez ayer.
Indicó que espera “se aprovechen de la mejor forma todas las recomendaciones (que haga el Consejo) para que mejoren los derechos humanos en Nicaragua”.
La ministra Morales evitó comentar los señalamientos concretos que los países hicieron al Gobierno de Nicaragua. En una actitud conciliadora, fue a saludar a Núñez al concluir la sesión y dijo desear “que trabajemos todos juntos Somos nicaragüenses, tenemos más cosas que nos unen que las que nos diferencian; tenemos que pensar como nación y al pensar como nación eso nos permite la unidad”.
Sobre el acoso a los defensores de los derechos humanos y periodistas, Morales se limitó a decir: “Eso lo vamos a arreglar, eso lo vamos a resolver Vamos a tomar todas las medidas que hay que adoptar”.
Vilma Núñez retó: “Nosotros esperamos que haya un proceso de rectificación” del Gobierno de Daniel Ortega.
DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
El Cenidh, apoyado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, reportó a la ONU que desde el año 2007 los espacios para la libertad de expresión se han reducido en Nicaragua.
Desde entonces, ciudadanos que han deseado ejercer su derecho de manifestarse han recibido generalmente “la agresión e intimidación de fuerzas de choque progubernamentales armadas de garrotes, piedras, morteros e incluso machetes, ante la presencia pasiva de la policía”.
CUESTIONAMIENTOS FUERTES A POLICÍA
El informe del Cenidh hizo énfasis en que la Policía Nacional no había investigado ni detenido a nadie por las acciones de violencia contra ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, agredidos “por intentar expresarse libremente y manifestarse pacíficamente”.
Algo inaceptable, según el Cenidh, fue que la autoridad policial adujera que para proteger su institucionalidad no daría a conocer las sanciones aplicadas a sus oficiales que presenciaron impasibles la golpiza a miembros de la Coordinadora Civil, en agosto del 2009.
En consecuencia, el derecho de opinar había sido afectado por las represalias frecuentes contra quienes se habían expresado de forma crítica por la actuación del presidente Daniel Ortega o del partido de gobierno, el Frente Sandinista (FSLN).
El organismo internacional Artículo 19, respaldado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Cenidh, también informó a la ONU que en Nicaragua en el año 2008 hubo más de 30 ataques contra defensores de los derechos humanos, cinco ataques contra periodistas y tres contra emisoras de radio.
Precisó que en las semanas posteriores a las elecciones municipales de noviembre del 2008, al menos 20 periodistas fueron atacados físicamente.
“Al parecer, la mayoría de los ataques fueron realizados por grupos de partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional” y los locales de al menos tres medios de difusión independientes fueron destrozados.
En su informe, el Gobierno de Nicaragua ignoró los sucesos de noviembre del 2008, cuando tres radioemisoras fueron destruidas por turbas afines al FSLN. Se limitó a informar que la libertad de expresión “ha sido cuasi absoluta, no existe censura de ninguna clase”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
