El jueves de la semana pasada, cuando se venció el plazo para que los diputados y el titular del Ejecutivo presentaran candidatos a ocupar las magistraturas y otros cargos superiores en las instituciones del Estado —los cuales, por disposición constitucional son elegidos por la Asamblea Nacional—, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria inscribieron y dieron a conocer sus propuestas.
Las listas presentadas por los partidos parlamentarios fueron divulgadas por LA PRENSA y otros medios de comunicación social, a fin de que la ciudadanía tenga la debida información acerca de quiénes son las personas que han sido propuestas para desempeñar las magistraturas y otros altos cargos estatales. En las listas presentadas no cabe duda que hay buenos candidatos —idóneos y probos—, aunque también algunos deplorables, por decir lo menos, como es precisamente el caso de las nóminas que presentó el presidente Ortega y avaló el partido de gobierno FSLN. Estos, Ortega y el Frente Sandinista proponen la reelección de prácticamente todos los funcionarios desacreditados que son repudiados por la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses, salvo alguna rara excepción.
Con frecuencia, los voceros de los partidos políticos que controlan las instituciones del Estado, o tienen participación en ellas, dicen que es inevitable escoger a los altos cargos por sus vinculaciones políticas partidistas o familiares, y no por méritos intelectuales, profesionales y éticos, porque —según ellos— “no hay ángeles en Nicaragua” ni se puede mandar a hacer funcionarios “puros” a las alfarerías de La Paz Centro.
Pero eso es tan sólo un pretexto politiquero. Lo dicen para justificar el mantenimiento en sus puestos de los funcionarios incapaces, ineficientes y corruptos que han sido nombrados por las cúpulas partidistas; o sustituirlos con otros iguales o peores que los actuales. Lo cierto es que, como hemos dicho en otras ocasiones, en las universidades, las organizaciones profesionales, los organismos de la sociedad civil, las instituciones empresariales, las academias universitarias y la ciudadanía en general, hay suficientes personas honestas y con mucha capacidad para desempeñar limpiamente los altos cargos estatales.
Por cierto que los nombres incluidos en las listas presentadas por los partidos de oposición, en su mayoría fueron tomados de las propuestas hechas por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y precisamente por eso se ajustan a los requerimientos de idoneidad y honestidad que son indispensables para estos cargos. Esto demuestra que en la medida en que los partidos políticos tomen en cuenta más y mejor a la sociedad civil, podrán hacer que su trabajo parlamentario sea más representativo de los ciudadanos nicaragüenses que los eligieron.
Cabe señalar que de acuerdo con el Artículo 138 de la Constitución, en el cual se establece el procedimiento para la elección en la Asamblea Nacional de los altos cargos estatales, las organizaciones de la sociedad civil no están facultadas para presentar candidatos. Ésta es una atribución de los diputados y por lo consiguiente un privilegio de los partidos políticos a los que pertenecen y representan en la Asamblea Nacional. Lo que manda la Constitución es que antes de elegir a los funcionarios, los diputados deben consultar a las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, particularmente en lo que se refiere a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
De manera que es justo reconocer la apertura democrática que han demostrado en esta oportunidad los diputados de la oposición, los cuales inclusive tomaron de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, la mayor parte de los nombres que inscribieron para la elección en la Asamblea Nacional. En un país de tanta sequía democrática como Nicaragua, esa pequeña apertura de los partidos de la oposición hay que verla como un avance. Resta que cumplan el acuerdo de no reelegir a ninguno de los funcionarios que la ciudadanía y los mismos diputados de oposición han cuestionado por fraudulentos, corruptos, ineptos y violadores de la Constitución.
Es cierto que la oposición no puede, ni debe impedir que el presidente Ortega y los diputados del FSLN presenten candidatos y elijan la cantidad de funcionarios proporcional a su cuota de representación en la Asamblea Nacional. Pero no más que eso. Y al menos hay que obligarlos a proponer personas que no estén tan desacreditadas ni sean tan repudiadas por el pueblo, como las que han propuesto.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A