Eduardo Cruz
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado sandinista Rafael Solís, reconoció que existe una “guerra” entre sus colegas magistrados por sí debe suspenderse o no el efecto del decreto conque el presidente Daniel Ortega pretende prorrogar en sus cargos a los 25 funcionarios públicos a quienes este año se les vencen sus períodos como funcionarios, y recomendó que “todo esto se soluciona si hay negociación entre el PLC y el FSLN”.
“Hay rumores de que ya se está negociando”, dijo.
Solís se excusó de conocer sobre el recurso de conflicto de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado que presentó la diputada Alba Palacios, porque él es uno de los beneficiados con el decreto de Ortega.
“Yo acepto el decreto y yo me voy a quedar aquí (en la Corte Suprema de Justicia) el 14 de abril (día en que se le vence su período como magistrado judicial), a menos que la Asamblea Nacional con una ley lo haya derogado (el decreto de Ortega). Armengol Cuadra también (se va a quedar como magistrado)”, dijo Solís.
El magistrado judicial indicó que la mayoría de los 25 funcionarios públicos a quienes se les vence sus períodos van a acatar el decreto del presidente Ortega, y que en la Contraloría General de la República (CGR) el contralor liberal Guillermo Argüello Poessy ya aseguró que se va a quedar en su puesto, a pesar de que su período vence este próximo domingo 14 de febrero.
Solís manifestó que otro contralor liberal que se podría quedar en el cargo es Fulvio Palma, y el único que se iría es Lino Hernández.
“La Contraloría seguirá funcionando normal con solo cuatro contralores”, dijo Solís, haciendo referencia a que los otros dos contralores sandinistas, Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq, también seguirán en sus puestos después del 14 de febrero.
Solís agregó que es válida la resolución del Tribunal de Apelaciones de Granada, la cual ordena suspender la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que a su vez ordenaba suspender el efecto del decreto de Ortega.
“La resolución del Tribunal de Apelaciones de Granada es la última y es la que prevalece. La de Masaya quedó suspendida”, dijo Solís.
El judicial orteguista indicó que ahora es la Sala Constitucional la que debe decidir la suspensión del decreto de Ortega, aunque a su juicio dijo que era más probable que no fuese suspendido.
Además dijo que si los magistrados liberales se oponen a tramitar el recurso de conflicto de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado que presentó la diputada Palacios, el magistrado orteguista Francisco Rosales, como presidente de la Sala Constitucional, bien puede admitir el recurso para trámite él solo.
