Los fondos obtenidos a través de los organismos internacionales y que están destinados para la lucha contra la pobreza, se estarían utilizando para pagar la gigantesca deuda interna causada por la confiscación de propiedades durante el primer gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno pagó el primero de febrero del presente año el “abono” de 100 millones de dólares de los Bonos de Pago de Indemnización (BPI) para resarcir a los propietarios confiscados en los años ochenta. Éstos se emitieron para indemnizar a unas 16 mil personas afectadas por las confiscaciones de propiedades ejecutadas por el gobierno del Frente Sandinista, que se dieron tras la derrota electoral del actual presidente Daniel Ortega en 1990, época en que se hizo el traspaso de miles de viviendas, fincas, residencias y lotes a nuevos dueños, incluidos altos dirigentes del FSLN. Todo esto fue conocido como la “Piñata”.
La deuda interna de Nicaragua por las confiscaciones sandinistas asciende a mil millones de dólares, no obstante, ninguno de los dirigentes del FSLN, liderado por Ortega, está preso.
El diputado Francisco Aguirre Sacasa, miembro de la Comisión Económica, considera que “es correcto” que se efectúe el pago, porque de lo contrario habría el riesgo de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) saque a Nicaragua de su programa macroeconómico.
Lo malo, expresó el diputado, es que “eso desgraciadamente es un legado de la ‘Piñata’. ¿Pero qué significa ese pago? Significa que los 90 millones de dólares que entraron al país, en concepto de rápido desembolso de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) salieron rápidamente para pagar esos BPI”, aseguró.
Para Aguirre Sacasa ésta era una de las razones del apuro del Gobierno en lograr normalizar las relaciones con los organismos internacionales a finales del año pasado, porque al tener el compromiso de hacer el pago de los bonos de indemnización, con el déficit presupuestario que enfrentaba, se habrían tocado las reservas internacionales de Nicaragua.
- El Bono de Pago por Indemnización (BPI) es una obligación de deuda contraída por el Estado de Nicaragua, según consta en la Ley de Bonos Estatales de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 5 del 9 de enero de 1981.
El pago de febrero es la tercera cuota más alta a pagarse desde 1995, cuando el Estado asumió la deuda mediante la emisión de los BPI.
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“Es como las puertas que dan vuelta, porque la plata que entró por una puerta dio vuelta y salió por otra puerta”, ejemplificó el diputado la manera en que el Gobierno hizo la transacción para cumplir con el pago de la deuda de los BPI.
Si bien afirma es un mecanismo permitido, cuestiona que el Gobierno prefiera presionar el Presupuesto de la República y mermar la inversión pública, para pagar una deuda que los mismos sandinistas causaron, y no lo saca de los fondos que recibe de Venezuela.
“¿Qué deberíamos haber hecho si tuviéramos un plan serio de nación? La plata venezolana, que también es de rápido desembolso, en su totalidad o parte de ella, se usaría para esos fines, lo cual permitiría usar esos 90 millones de dólares (provenientes de los organismos internacionales) para el desarrollo del país”, cuestiona Aguirre Sacasa.
Para él, “ése es el gran crimen de la ayuda venezolana” que recibe el gobierno de Daniel Ortega, “que no tiene un destino de desarrollo, porque se usa para otras cosas que no son construcción de carreteras, de centros de salud, proyectos de agua potable, y otros programas de beneficio para el país”.
Al consultar al Banco Central de Nicaragua (BCN) sobre el tema, su gerente general José de Jesús Rojas, coincidió en el mecanismo para pagar parte de los 100 millones de dólares de BPI, explicando que “al ser el dinero fungible, se puede ocupar para una u otra cosa”, y porque el “Gobierno tiene sus fuentes de financiamiento que son parte de los impuestos, etc., tiene su nivel de gasto y eso estaba incluido en el presupuesto: el pago de los bonos y todos las deudas que tiene el Gobierno”.
DIPUTADO FSLN NIEGA MECANISMO DE PAGO
El monto de los BPI sale de las recaudaciones fiscales, de las donaciones y de las mismas captaciones nuevas que logra el Ministerio de Hacienda. No obstante, el presidente de la Comisión de Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, aseguró que no se usaron los 90 millones de dólares de rápido desembolso, para cubrir parte de los 100 millones de dólares de los BPI, sino que salieron del Presupuesto de la República, tal y como se programó, pues lo contrario, afirmó, no le es permitido al Gobierno.
Gutiérrez dijo que “no es posible”, porque “en el caso particular del endeudamiento de Nicaragua, tanto interna como externa, se paga con esfuerzo fiscal. No se puede recurrir a recursos de la cooperación internacional para pagar endeudamiento interno, porque lo tenemos presupuestado con recursos corrientes del Presupuesto de la República, para pagar tanto los BPI y los bonos estandarizados que el Estado emite a través del Ministerio de Hacienda”.
LA “PIÑATA” PRESIONA PRESUPUESTO
Los Bonos de Pago de Indemnización (la “Piñata”) representan el 50.5 por ciento de los 210.3 millones de dólares que el Gobierno tiene presupuestados para el pago del servicio de deuda interna, correspondiente al 2010.
El diputado Aguirre Sacasa y el ex ministro de Hacienda, Mario Arana, dicen que se trata de una carga muy pesada para el país, al quitarle dinero que bien podría dirigirse a mejorar los niveles de vida de los ciudadanos.
“Pero esto se tiene que pagar primero porque detrás de ello está la credibilidad del Gobierno y del país”, refiere Mario Arana, agregando que “es un costo que estamos teniendo que pagar todos los nicaragüenses” aunque hay un reconocimiento a un problema “donde injustamente se dieron las confiscaciones”.
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