La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se convertirá hoy en un escenario de guerra entre sandinistas y liberales.
Los primeros, liderados por el magistrado orteguista Francisco Rosales, intentarán que se tramite en dicha Sala el recurso de conflicto de competencia entre poderes del Estado que presentó ilegalmente la semana pasada la diputada oficialista Alba Palacios, y con ello dejar en vigencia el decreto 03-2010 del presidente Daniel Ortega, con el que pretende extender los períodos de 25 funcionarios públicos en sus cargos en la Contraloría, el Poder Electoral y el Judicial.
Mientras que los tres magistrados liberales de la Sala tratarán de evitar que el recurso se radique en dicha Sala.
El magistrado orteguista Rafael Solís, quien sería uno de los beneficiados con el decreto del presidente Daniel Ortega, porque se le vence su período este año, señaló que si se logra radicar el recurso, es un hecho que el decreto presidencial quedaría vigente.
Los magistrados liberales de la CSJ indicaron que, como ellos se han opuesto, el magistrado Rosales intenta por sí solo radicar el recurso de la diputada Palacios, y para evitarlo, ayer le enviaron un escrito en el que le recuerdan a su colega Rosales, que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Amparo, la radicación, trámite y orden de suspensión en un recurso es potestad exclusiva de la Sala Constitucional y “no del presidente de la misma a título individual”.
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“Por tanto, dicha resolución (del recurso presentado por Palacios) no puede, ni debe ser firmada sólo por usted”, expresaron los magistrados liberales en su escrito.
La Sala Constitucional está integrada por seis magistrados, tres liberales y tres orteguistas. Los liberales son Sergio Cuarezma, Damicis Sirias e Iván Escobar Fornos. Mientras que los orteguistas son Rosales, Rafael Solís y Ligia Molina.
Según los liberales, presentaron un escrito porque el magistrado Rosales tiene la intención de radicar el recurso de Palacios sólo con su firma, supuestamente facultado para hacerlo amparado en su cargo de presidente de la Sala Constitucional.
Con la radicación del recurso, el magistrado Rosales tendría la intención de dejar vigente el Decreto Ejecutivo 03-2010 de Ortega y suspender los efectos legales de la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que resolvió un recurso de amparo y ordenó suspender el efecto de dicho decreto, explica el escrito de los liberales.
Los orteguistas también esperan, al resolver el recurso de Palacios, suspender en la Asamblea Nacional el proceso de formación de la ley que pretende derogar el mismo decreto.
“Radicar la cuestión de competencia, no es un acto tan simple como se podría pensar, es un acto trascendental. En el presente caso, pretender radicar simplemente la cuestión de competencia entre los poderes del Estado y no pronunciarse sobre la suspensión del acto recurrido (como usted pretende hacerlo individualmente) equivale a dictar una resolución que declara admisible el asunto de competencia y deja vigente el decreto recurrido (03-2010), resolución que es competencia exclusivamente de todos los magistrados de la Sala Constitucional”, le escribieron los magistrados liberales a Rosales.
Los liberales se quejan de que Rosales tiene secuestrado el expediente del recurso, pero según el magistrado Solís, el día de ayer ya se les entregó completo a cada uno.
BARBARIE E ILEGALIDADORTEGUISTA EN LA CSJ
“Estamos en el mundo de la barbaridad, la mediocridad, ignorancia e ilegalidad. Así como aprobaron el decretazo, reuniéndose a media noche con los magistrados para facilitarle la posibilidad de la reelección de Ortega, así ha sido cuando han hecho sentencia a la sombra de la noche para cometer abusos, donde no tienen ningún viso de legalidad”, dijo Wilfredo Navarro, primer secretario de la Asamblea Nacional, al referirse al tema.
“La posición es que hay una total ilegalidad, el recurso de conflicto de poderes de acuerdo a la ley de amparo sólo puede presentarla la junta directiva de la Asamblea Nacional”, insistió Navarro. La Junta Directiva más bien rechazó la posibilidad de presentar el recurso mediante una votación de cuatro a tres.
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