El recurso de conflicto de competencia entre poderes del Estado, que presentó ilegalmente la semana pasada la diputada oficialista Alba Palacios, sigue “paralizado”, porque todavía no está radicado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados orteguistas de la Sala Constitucional trataron de radicarlo ayer, pero sólo lograron entregar a cada magistrado liberal una copia del expediente del caso, para que lo estudien y el próximo miércoles lo analizarían, explicó el presidente de la Corte, el magistrado liberal Manuel Martínez.
El magistrado orteguista Francisco Rosales indicó que todavía no corren los 60 días que establece la reforma a la Ley de Amparo de enero del 2008, para que los magistrados en Corte Plena resuelvan este tipo de recursos presentado por Palacios.
Si se llega a radicar el recurso, los magistrados tienen 30 días para fallarlo, de lo contrario cada día que pase no tendrán goce de salario.
Luego, a los 60 días el decreto de Ortega quedaría vigente, por ello los liberales no quieren que el mismo sea tramitado en la Sala Constitucional.
- “Radicar la cuestión de competencia no es un acto tan simple como se podría pensar, es un acto trascendental. En el presente caso, pretender radicar simplemente la cuestión de competencia entre los poderes del Estado y no pronunciarse sobre la suspensión del acto recurrido (como usted pretende hacerlo individualmente) equivale a dictar una resolución que declara admisible el asunto de competencia y deja vigente el decreto recurrido (03-2010), resolución que es competencia exclusivamente de todos los magistrados de la Sala Constitucional”, le escribieron los magistrados liberales de la Sala Constitucional a su colega sandinista, Francisco Rosales.
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ROSALES INSISTE CONSU ARBITRARIEDAD
Rosales insiste en que el recurso ya está dentro de la Sala Constitucional y que muy pronto mandarán a pedir informe al presidente Daniel Ortega para que explique por qué ordenó, a través del decreto Ejecutivo 03-2010, extender los períodos que se les vence en este año 2010 a 23 funcionarios públicos.
También pedirán informe al presidente de la Asamblea Nacional, diputado René Núñez, para que explique cómo el presidente Ortega invadió las atribuciones del Poder Legislativo.
Según el magistrado Rosales, presidente de la Sala, será el próximo miércoles cuando se discuta el recurso y se decida si se admite a trámite o no, y se resuelve si el decreto de Ortega queda vigente o no, pero mientras, “el decreto sigue vivo desde que el Tribunal de Apelaciones de Granada suspendió el de Masaya (que ordenaba suspender el decreto de Ortega)”, dijo Rosales.
Rosales luego se contradijo cuando aseguró que ningún tribunal debe inmiscuirse en el decreto del presidente Daniel Ortega, porque desde que llegó el recurso a la CSJ, es la Sala Constitucional la única competente para resolverlo, de acuerdo con los artículos 81 y 82 de la Ley de Amparo.
“Desde que se traba el conflicto de competencia (entre poderes del Estado), quien tiene la competencia, en base a la Ley de Amparo, es la Sala Constitucional”, expresó Rosales.
FSLN SE QUEDA SOLO EN EL PARLAMENTO
El recurso de competencia entre poderes que introdujo la diputada sandinista Alba Palacios ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha encontrado ningún eco en el parlamento.
El tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y representante de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Ruiz, desconoció lo actuado por Palacios, segunda secretaria.
“La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuando propuso el presidente (René Núñez) el recurso de competencia, se votó cuatro votos contra tres a que no íbamos a introducir el recurso de competencia, entonces cualquier miembro de la Junta Directiva que haya tomado la decisión de meter por su cuenta el recurso de competencia, no está haciendo lo correcto, porque es una decisión de Junta Directiva”, dijo ayer Ruiz.
Anteriormente, los directivos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) también habían desautorizado a Palacios. La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) expresaron su rechazo a la movida del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Por decisión de Junta Directiva se rechazó el recurso de competencia, porque sabemos el camino que tomaría (en la CSJ) y hacia dónde nos llevaría esto, entonces no creemos que sea correcta la decisión de la diputada (Alba Palacios)”, añadió ayer Ruiz.
LAS INTENCIONES ILEGALES DE ROSALES
Los magistrados liberales de la Sala Constitucional de la CSJ, presentaron un escrito el martes porque el magistrado Rosales tiene la intención de radicar el recurso de Palacios sólo con su firma, supuestamente facultado para hacerlo amparado en su cargo de presidente de la Sala Constitucional.
Con la radicación del recurso, Rosales tendría la intención de dejar vigente el Decreto Ejecutivo 03-2010 de Ortega y suspender los efectos legales de la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que resolvió un recurso de amparo y ordenó suspender el efecto de dicho decreto, explica el escrito de los liberales.
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