La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) y la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) buscan que los requerimientos bancarios no sigan siendo un problema para que las familias con ingresos bajos puedan conseguir beneficiarse del Plan de Vivienda Social, que se financia con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
- Las perspectivas de recuperación económica en 2010 son optimistas para Costa Rica y Honduras, pero no muy halagüeñas para los otros tres países de Centroamérica, según expertos convocados ayer jueves por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En Nicaragua, las perspectivas “no son muy alentadoras”, afirmó Luis Alaniz, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, que prevé que en un escenario positivo la economía crecerá 1.3 por ciento y en uno negativo, apenas 0.7 por ciento.
Un factor que afecta a este país son las dudas sobre el funcionamiento de las instituciones, que han provocado una reducción del apoyo externo, aseguró. (AFP)
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Son 45 millones de dólares colocados en cuatro bancos, donde, si bien el INSS estableció parámetros en la tasa de interés, plazos a pagar e ingresos salariales para acceder a los fondos, cada banco aplica sus propios requerimientos de mercado que deben cumplir los interesados.
Alberto Atha, vicepresidente de Cadur, dijo que las condiciones del programa son muy atractivas, pero considera necesario unificar los criterios de selección de los clientes que aplican los bancos, para estimular a las familias a comprar las casas.
“Puede ser una alternativa, pero será una decisión que tome cada banco”, dijo.
Cadur considera que la mayor dificultad que encuentran está en las mismas urbanizadoras, en atender y convencer a las personas que están acercándose para conocer el programa Vivienda Social, promovido por el gobierno.
El presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, dijo que cada banco tiene políticas de crédito independientes, pero no representan ningún impedimento para que las familias adquiera una casa financiada con fondos INSS.
Afirmó que lo que al banco le interesa es asegurar la capacidad de pago de las familias y el historial crediticio que ha tenido en el Sistema Financiero. En el caso de que tengan deudas, por ejemplo con tarjetas de crédito, no habría problemas para adquirir la casa siempre “que la agrupación de las deudas mensuales estén en su capacidad de pago”, que no debe sobrepasar el 40 por ciento de los ingresos.
Este plan de vivienda social contempla construir 4 mil 800 casas con fondos INSS. La tasa de interés anda entre 5.5 por ciento y 8 por ciento, en dependencia del precio que no debe ser mayor de 20 mil dólares, a plazos de hasta 20 años.
Entre los requisitos generales está presentar la colilla del INSS, constancia salarial, cédula de identidad y capacidad de pago para garantizar los abonos al crédito.
La mensualidad más baja ronda los 100 dólares, y una familia debe tener ingresos promedio a los 500 dólares.
Cadur reconoce que entre los urbanizadores deben mejorar la capacidad de atención a la gente que está llegando interesada en adquirir una vivienda.
Son 10 proyectos de interés social que están en construcción de parte de Cadur y en proceso de permiso tienen 12 más. Para el vicepresidente de la Cámara, eso demuestra que “los urbanizadores sí estamos ayudando a empujar la carreta del desarrollo social de nuestro país”.
La Comisión de seguimiento al plan vivienda social la integran Cadur, el presidente del INSS, Judith Silva por el INVUR, la ministra del Marena, la presidenta de Enacal y Asobanp.
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