CORRESPONSAL/RIVAS
La preocupación de Bayardo Argüello Guillén y Miguel Ángel Argüello Selva, de que posiblemente sean confiscados por el Estado nicaragüense de al menos 407 manzanas de tierra, los ha motivado a alertar de la situación a las entidades del gobierno de Daniel Ortega y a la Embajada de los Estados Unidos en Managua.
Según una carta dirigida a la intendente de la Propiedad, Yara Pérez, firmada por Argüello Selva y entregada a la Intendencia de la Propiedad el pasado 9 de febrero, éste reclama su derecho a la finca conocida como Wiscoyol que está inscrita bajo el número registral 27593, del tomo 283, folios 10-12, asiento número tres.
La misiva hace alusión a que la propiedad está siendo afectada por un proceso de titulación. Este proceso referido en dicha carta es el que pretende entregar 407 manzanas a José Tomás Borge Espinoza, conocido como “Bigote” y su grupo de 47 hombres, quienes se han tomado la propiedad alegando que es del Estado y que ellos como ex militares tienen derecho a que el Gobierno se las entregue.
Argüello Selva detalla en su carta que “no puede ser posible que el Estado, a través de su dependencia, esté extendiendo títulos sobre una propiedad que no le pertenece ( ) y mucho menos que se desmiembre del inmueble de mi propiedad, por lo que toda desmembración (sobre esta propiedad) constituye un acto confiscatorio prohibido y sancionado por nuestra Constitución”, detalla la carta.
MANOS ATADASPOR INTENDENTE
El abogado Jaime Maltez dijo que su cliente Bayardo Argüello Guillén está con las manos atadas, “le han ocupado la propiedad ilegalmente y la Policía se niega a sacar a los tomatierras y éstos han ido acorralando al mandador Carlos Muñiz, quien trabaja ahí desde 1993”, detalló.
El abogado dijo que no se explicaba cómo en este país se dan tantas aberraciones jurídicas. “Yo no entiendo cómo una constancia emitida por la intendente de la Propiedad va a estar por encima de resoluciones judiciales, de la Policía y de toda entidad que los ciudadanos tenemos derecho a recurrir cuando son violentados nuestros derechos constitucionales”, explicó Maltez.
Una constancia emitida el pasado 2 de diciembre de 2009, por la intendente de la Propiedad, Yara Pérez Calero, indica que dicha constancia fue emitida “para fines de protección policial, judicial y/o administrativa” y luego detalla los 48 beneficiarios que según la misma constancia “fueron posesionados en la finca Wiscoyol, ubicada en la comarca Wiscoyol, municipio de Tola, por el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y actualmente se encuentran en proceso de titulación” detalla la constancia, la cual tiene más valor que un amparo policial a la propiedad o la demostración legal de que la misma está inscrita a nombre de Argüello Guillén y de Argüello Selva.
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