El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) solicitará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida al Estado de Nicaragua medidas cautelares a favor del diputado Eduardo Montealegre, dada la situación que enfrenta.
“(El caso de Montealegre) tiene todas las características de una persecución política”, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, al recibir la denuncia de Montealegre por violación a sus derechos humanos.
Núñez dijo que el hecho que éste haya sido expuesto en rótulos, a través de los cuales le denigran, pone en peligro su vida.
“Es una incitación a la violencia en su contra (…) puede ocurrir un accidente automovilístico, un incendio en su casa de habitación, cosas así de las que se destila en aquellos regímenes mafiosos”, manifestó la presidenta del Cenidh.
LAGUNA CONTRA ALEMÁN
La juez Primero Distrito Penal de Managua, Irma Laguna, declaró inaplicable la Ley 715, Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal (In), en las tres causas que le abrió recientemente al ex presidente Arnoldo Alemán.
Al ser consultado sobre la petición de Montealegre de considerarlo inmune, como diputado que es, el juez Rodríguez respondió que cuando el diputado fue acusado y se dio inicio al juicio no gozaba de inmunidad.
Añadió que aunque la víctima Huezo haya desistido de la denuncia, también es víctima el Estado de Nicaragua y se debe continuar con el proceso.
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La Ley 715 supuestamente beneficia a Alemán, porque con la misma la juez Laguna debía fallar los casos de la Mayco, las vaquillas del IDR y el Narcojet antes del 23 de febrero próximo, o archivarlos para siempre.
Con esa decisión de Laguna, los juicios quedarán “vivos”, porque ella alega que se trata de “delitos graves de orden económico”.
La judicial indicó que de tres mil causas que tiene con el In, ha declarado la inaplicabilidad de la Ley 715 en 48 casos, porque se trata de delitos graves como homicidio, violación, robos y asesinatos.
La misma acción realizó el juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, con un juicio que le instruye al diputado Eduardo Montealegre.
Al parlamentario se le acusa por el delito de desobediencia y resistencia de los empleados y abandono de los destinos públicos, porque cuando era ministro de Hacienda no acató una orden judicial en la que se indemniza por 3.5 millones de dólares a Jorge Alberto Huezo, quien era dueño de una propiedad que fue tomada por desmovilizados con la venia de la Intendencia de la Propiedad.
Los judiciales basaron su decisión sobre el artículo 5 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que un juez que considere en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto.
Los jueces Laguna y Rodríguez explicaron que la Ley 715 va en contra de la Constitución, porque los obliga a sobreseer a imputados por delitos graves, sin escuchar a las víctimas y violentando el debido proceso legal.
En sus artículos 2, 3 y 4, la Ley 715 establece que se deben fallar en 10 días todas aquellas causas en que la pena sea menor de cinco años de prisión, como es el caso de Montealegre, y en 60 días todos los juicios en que haya penas mayores a los cinco años de cárcel, como son los casos de Alemán.
Tanto Laguna como Rodríguez presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 715, en la Sala Constitucional de la CSJ.
“Yo estoy recurriendo para que la Corte Suprema diga si es legal o es ilegal (declarar la inaplicabilidad de la Ley 715)”, dijo la juez Laguna.
El magistrado sandinista Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ y miembro de la Sala Constitucional, expresó que en la próxima semana se verán los recursos presentados por Laguna y Rodríguez, pero mientras la Corte Plena no se pronuncie, las resoluciones están vigentes y los juicios contra Alemán y Montealegre están “vivos”.
El diputado Montealegre se presentó la mañana de ayer en los Juzgados de Managua, para por medio de un escrito alegar su inmunidad como parlamentario ante el juez Rodríguez, y exigir a éste que se abstenga de emitir sentencia en su contra.
TODO ES TRAMA POLÍTICA, DICE MONTEALEGRE
Durante su visita a los Juzgados de Managua, Montealegre denunció que detrás del caso hay una clara intención de la cúpula del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —partido que domina los hilos del Poder Judicial— para evitar que se postule como candidato en las presidenciales del año próximo, pues el delito de desobediencia se castiga con una pena de inhabilitación absoluta para ostentar un cargo público por un año.
Recordó que en la Corte también se le quiere despojar de su inmunidad mediante una sentencia, a pesar de que dos magistrados sandinistas y uno liberal lo negaron.
El diputado Eduardo Montealegre fue notificado el jueves por el juez Tercero Local Penal, Ernesto Rodríguez, de que su caso —que data desde cuando él era ministro de Hacienda— “ya está listo para sentencia”.
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