En definitiva y considerando el aspecto legal de los requisitos bien soportados para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se precisa con mucha inteligencia, ahondar y tener muy en cuenta en base a los Artos. 160 y 161 de la Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas, reconocer como un norte jurídico que la justicia garantiza “el principio de la legalidad y total protección con fortalecida tutela de los derechos humanos”. A mi entender los requisitos legales aludidos deben marcarse en su total plenitud como corresponde y ello faculta a la Administración de Justicia con profesionales de la abogacía proyectar una imagen de confiabilidad, seriedad y credibilidad.
Debo sí, enfocar este comentario a lo que se llama “Moralidad Notoria” pues tal ordeno tiene un contenido de un nivel ético-jurídico que debe exigirse y revisarse, si posible, con una lupa la conducta doméstica de los candidatos o candidatas para ser parte de la cúpula del poder judicial de Nicaragua.
Los incisos del señalado arto.161, por intereses políticos partidarios se omiten sin rubor alguno. Es el caso de los nominados y electos que no ejercieron la profesión ni fueron magistrados de apelaciones.
Por razones de espacio me auxilio para abordar lo de moralidad notoria, de las normativas de la Ética como conjunto de principios morales que tienen como objetivo el perfeccionamiento del individuo y el reconocimiento de su conducta que fortalece su personalidad. La moral en su ejercicio obliga a su completo dominio, transparente manejo y buena voluntad para logros reales y continuos de actos nobles con aval de lo que dicta la conciencia.
Un profesional de la abogacía debe mantener una disciplina visible, estudio constante de las leyes; respeto a su profesión y aparecer como buen padre de familia y muy alejado de los vicios degradantes. Estimo preciso en este momento, cuando se acerca el nombramiento de magistrados para la CSJ, que todos tengan un gran sentido de responsabilidad jurídica para que sus resoluciones tengan como base la doctrina, la jurisprudencia y los mandatos del Derecho, divorciados de manipulaciones exigentes, de interpretaciones acomodaticias y vergonzosas.
Recomiendo a los candidatos, analizar y profundizar, una vez nombrados magistrados, “el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Tal código fue promulgado por las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. Igualmente conocer y valorar otro documento que complementa con creces el citado texto, el llamado “Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura”, exponiendo de entrada esos principios, la imparcialidad y dictando sentencias con total apego al derecho, sin restricción alguna, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas y vulgares ofrecimientos de dinero o regalías.
Desfilan ahora dos anécdotas groseras, burlescas y desafiantes a la justicia. Recuerdo que hace como sesenta años un magistrado de apelaciones quiso —en un proyecto de sentencia— justificar una supuesta “legítima defensa”, con la tesis que él dio a conocer como la “del camiseo”; pues dos contendientes furibundos en un parque —discutiendo fuertemente— uno de ellos, por las gesticulaciones que hacía se desarregló la camisa y al intentar componerla, el otro contendiente aprovechó para dispararle y matarle. Los testigos presenciales que auxiliaron al que agonizaba no le encontraron aguja o alfiler alguno. Tal teoría fue rechazada por los magistrados compañeros de su autor, y, recientemente, a fines del año 2009, un joven magistrado por intereses políticos inventó, vulnerando las leyes de la física, en especial la ley de gravedad, la tesis de la “bala saltarina” en el juicio seguido contra un liberal de Chontales que mató a una periodista de esa región.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
