El próximo 25 de febrero se cumplen veinte años del día en que los nicaragüenses le pusimos fin a la guerra a través del voto. La fuerza militar de cada bando, sandinistas y contras, nunca pudo lograrlo. Tampoco pudieron los armamentos enviados por la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Por medio del voto los ciudadanos decidimos quién debía ser nuestro Presidente y quiénes nuestros diputados y autoridades municipales. Y esto trajo a lo inmediato el fin de la guerra y liberó miles de jóvenes que estaban siendo obligados a morir en el Servicio Militar Obligatorio.
Ellos son hoy hombres y mujeres de 35 a 45 años que, por designios del gobierno del presidente Daniel Ortega, fueron forzados a dedicar su juventud a la guerra en el Ejército, el MINT o la Contra, dejando en las montañas del país a centenares de sus compañeros por algo que hoy ya nadie sabe para qué sirvió.
Pero el voto no sólo consiguió la paz. Con las elecciones del 25 de febrero de 1990 los nicaragüenses también le pusimos fin a un experimento de socialismo revolucionario dictatorial que durante diez años provocó un inmenso retroceso económico y aumentó la pobreza, junto con injustas confiscaciones, racionamientos de gasolina, escasez de bienes básicos e inflación desenfrenada.
El proyecto también incluía censura de prensa, persecución religiosa, destrucción de radios opositoras, dolorosos exilios, conflictos con nuestros vecinos centroamericanos y aislamiento internacional.
Por esa razón, el 25 de febrero es una fecha propicia para reflexionar sobre lo que logramos dejar atrás ese día. Pero más importante aún es reflexionar en torno a la solución que nos permitió entrar al cauce de la democracia y sacar adelante al país: el voto libre y respetado de nosotros los ciudadanos.
El día de las elecciones acudimos civilizadamente a los centros de votación, observados por Naciones Unidas y numerosas organizaciones internacionales y locales, y depositamos nuestro voto confiados en un Consejo Supremo Electoral dirigido por hombres y mujeres dignos de tal cargo. Ellos respetaron la voluntad popular. Por eso es justo rendir tributo hoy a Mariano Fiallos Oyanguren, Leonel Argüello, Rodolfo Sandino, Julián Corrales, y sus compañeros en ese honorable Consejo que supo responder a los intereses de la Nación.
El voto derrotó la violencia y la guerra en Nicaragua, terminó con la debacle económica y puso fin a la intolerancia política.
Esta reflexión nos debe llevar hoy a empeñar nuestros mejores esfuerzos para rescatar el derecho a votar en libertad que nos han confiscado los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, quienes han preferido bajar la cabeza y seguir las órdenes del Pacto Alemán-Ortega, vigente desde hace una década, hasta el extremo de cambiar radicalmente los resultados en las últimas elecciones municipales.
Este pacto ha servido para que estas dos personas pongan a sus incondicionales en los cargos de magistrados, a través de los acuerdos de sus bancadas en la Asamblea Nacional. Y estos incondicionales, una vez nombrados, han dejado a un lado sus obligaciones como magistrados y se han dedicado a servir los intereses de sus caudillos sin consideración alguna para con los intereses nacionales.
En noviembre de 2008 vimos a un Consejo Supremo que sin vergüenza alguna dificultó y atrasó la emisión de cédulas y la entrega de credenciales, impidió la observación nacional e internacional, escondió y mal sumó actas de escrutinio, anunció resultados falsos y declaró ganadores a muchos perdedores. El fraude fue rechazado por la ciudadanía democrática del país y por la Comunidad Cooperante, que reaccionó suspendiendo importantes desembolsos.
Al haber cerrado el año 2009 con un retroceso de entre uno y dos por ciento en nuestra economía, incluyendo la pérdida de numerosas fuentes de empleo e importantes ayudas de la Cooperación Internacional, muchos nicaragüenses sentimos que el país se ha vuelto a estancar. Pareciera que hemos retrocedido veinte años, y se ve difícil encontrar una salida. Hay incluso quienes ya perdieron toda ilusión.
Por esa razón es que hoy no podemos menos que volver a poner el derecho a votar libremente en su sitio de honor, para lo cual es fundamental frenar la reelección de todos los actuales magistrados e impedir que continúen en sus cargos después que terminen sus períodos.
Debemos emprender las acciones que sean necesarias, dentro del marco de la ley, para que los diputados en la Asamblea Nacional entiendan que, aunque reciban órdenes de sus jefes de partido, deben escoger magistrados que respeten la soberanía del pueblo que radica en la voluntad de sus ciudadanos expresada en el voto libre.
La unidad de la oposición debe dar un primer paso logrando un Consejo Supremo Electoral de gente honorable y creíble, uno que nos devuelva el orgullo de ser nicaragüenses, y la satisfacción de sabernos soberanos y dueños de nuestro propio futuro.
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