La elección de Magistrados no debería de ser tanto un proceso político como ético, en un contexto donde la ética y la política están tratándose en líneas divergentes, cada vez más distantes y con desastrosas consecuencias para Nicaragua.
Resulta chocante escuchar las especulaciones de muchos diputados sobre el número de magistrados que pueden negociar sus respectivos partidos. Y ni una palabra, ni una sola palabra, sobre las cualidades y calidades de sus candidatos. Antes bien, el discurso partidario mayoritario trasluce que el requisito único es su afiliación partidaria, e inclusive familiar, para asegurar lealtad incondicional a los intereses de su grupo político. El argumento escuchado en la oposición, con cierto tinte de racionalidad, es que para lidiar con magistrados sandinistas se necesitan personas disciplinadas partidariamente. El más descarado es que los partidos son los electores y por lo tanto, a ellos les toca negociar y asegurar sus parcelas en estos poderes. ¡Algunos se han atrevido a sugerir que en próximas elecciones se podría pensar en candidatos idóneos!
Resulta chocante escuchar a diputados lamentarse de que se requieren votos del FSLN para elegir magistrados. Lo cual, siendo cierto, esconde la otra cara: que sin los votos de la oposición, al FSLN le resultaría imposible imponer sus ilegítimas propuestas. Da la impresión de que los partidos de oposición no se han empoderado de su responsabilidad con el país porque la elección de magistrados se ha vuelto para ellos en un fin en sí mismo. No parece que en sus debates estén las preguntas pertinentes: ¿para qué necesita Nicaragua Poderes del Estado? ¿Cuáles son las características que deben tener sus Magistrados? ¿Cómo garantizar que estos Poderes dejen de ser causa del peligroso debilitamiento de la democracia y la institucionalidad? ¿Cómo evitar que el pueblo siga sufriendo sus consecuencias sociales y económicas? ¿Y cómo aprovechar el relevo para moverlos a ser parte de la solución?
Varios sectores y la Unión Ciudadana por la Democracia hemos asumido el reto de hacernos estas preguntas y actuar en consecuencia. Pese a las limitaciones de la democracia representativa, que delega en los diputados estas elecciones, y pese a las adversas circunstancias impuestas por la forma tradicional de hacer política, encontramos valientes y cívicos ciudadanos/as que no han hecho ningún cálculo para poner su prestigio, experiencia y autorrespeto —se necesita mucho de esto para no obedecer más que a la Constitución y la leyes—, al servicio de este proceso de elección.
El desafío para la clase política está en el plano de la ética de los diputados electores. La ciudadanía estará observando sus decisiones y sin duda, pagarán un costo grande si no anteponen el bien común a sus intereses particulares. El reto ciudadano es lograr la presión social legítima y suficiente para que las elecciones restauren la confianza en estos Poderes claves para la convivencia pacífica y evitemos el caos. Porque contar con Magistrados que sirvan como árbitros imparciales, honestos y capaces, —y sabemos que hay suficientes nicaragüenses con estas características— es un asunto ético de la mayor importancia para el futuro de Nicaragua.
La autora es directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
