El representante de la misión permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Denis Moncada, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “declare la inadmisibilidad o improcedencia” de la denuncia efectuada por presunto genocidio y delito de lesa humanidad en contra de comunidades miskitas ocurrida en la década de los 80.
La denuncia fue efectuada ante la CIDH por varias personas, una de ellas Vidal Poveda Muller, quien contó con el acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
En un informe remitido a la CIDH a finales de diciembre, pero recibido recientemente por la CPDH, la representación del Estado de Nicaragua señala que no se cumple el delito de genocidio, “pues no se presenta evidencia que manifieste la intención o el dolo de destruir a un grupo religioso o a un grupo étnico en concreto”.
Agrega el representante del Estado de Nicaragua que el desplazamiento de grandes sectores de las comunidades miskitas, así como los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos fueron investigados y analizados por la CIDH en su momento.
“Y no pueden atribuirse a la intención premeditada o al dolo directo del Gobierno de Nicaragua de aquel entonces, de pretender aniquilar o exterminar a las comunidades indígenas, sino que a otras condiciones o factores provenientes de conflictos bélicos que se dieron en esta década”, señala el documento de la representación del Estado de Nicaragua.
ATACA A LA PRENSA
Además alega la representación oficial que los denunciantes hablan de crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades miskitas de la Costa Atlántica durante la década de los años 80, sobre lo cual pide “no sean tomados en cuenta por carecer de objetividad e imparcialidad”.
“Pues se trata de fotocopias de algunos títulos y artículos periodísticos de opinión, al parecer publicados en el Diario LA PRENSA, sin valor legal y cuyo valor real e intención pudiera radicar en crear algún estado de opinión desfavorable en contra de Manuel Calderón Chévez, alcalde sandinista designado de León”, señala el representante del Estado de Nicaragua.
Es de destacar que Calderón es uno de los denunciados por los peticionarios.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, expresó que en los próximos días esa organización enviará sus alegatos ante la CIDH. Carmona dijo que en estas gestiones los acompaña la Fundación del Debido Proceso, en Washington, que cuenta con un equipo de colaboradores que le está dando seguimiento al caso.
Recordó el defensor de los derechos humanos que la última documentación que enviaron a la CIDH fue una declaración jurada que les ofreció el coronel en retiro Víctor Boitano, con su testimonio de lo ocurrido con las comunidades miskitas en esos años.
“La orden era poner el orden en esas comunidades a fuego y sangre, utilizando cualquier tipo de medios, incluyendo ataque aéreo u otras armas pesadas”, dice el testimonio de Boitano que fue anexado por la CPDH a la denuncia ante la CIDH.
Para Carmona, “si aquí lo dice una persona que estuvo en el interior del Ejército, creo que es una prueba fehaciente de que efectivamente hubo una intención de aniquilar a estas comunidades (…), incluso él (Boitano) dice que sabe donde están algunas fosas comunes”.
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