MADRID/CABLES COMBINADOS
La organización terrorista ETA y las FARC colombianas mantienen vínculos desde principios de los noventa, pero su relación no se “oficializó” hasta 1999, según el auto notificado ayer por el juez español Eloy Velasco, que da cuenta también de la “cooperación” de Venezuela en la alianza entre los dos grupos, mientras el gobierno de Hugo Chávez calificó de “tendenciosa” e “inaceptable” esa acusación.
Ya en 1993, un documento intervenido a ETA calificaba de “muy interesante” el encuentro de Jokin Gorostidi, “Haritza”, ya fallecido, con un comandante de las FARC, pero no fue hasta noviembre de 1999 cuando a la dirección etarra le “interesó el establecimiento de relaciones oficiales” con la organización terrorista colombiana.
El objetivo de ETA era “exportar al extranjero sus tácticas y técnicas en la causación de terror y aprender experiencias ajenas igualmente en ese ilícito campo”, según Velasco, juez de la Audiencia Nacional española.
Velasco señala a José Ángel Urtiaga Martínez —a quien las Fuerzas de Seguridad sitúan actualmente en Cuba— como el primer interlocutor con las FARC.
Urtiaga “propició contactos con las FARC para continuar la experimentación con artefactos explosivos que fueron mantenidos por su sustituto”, José Miguel Arrugaeta San Emeterio, de quien también se sospecha que ahora reside en Cuba, agrega el auto.
En 2002 se intervino a las FARC “material muy similar al utilizado por ETA”, incluidos dos automóviles-bomba.
CUBILLAS FUE FUNCIONARIO DE CHÁVEZ
Uno de los miembros de las FARC detenidos entonces aseguró que había asistido a un curso de adiestramiento en electrónica y explosivos impartido por una persona “que a su vez lo habría recibido fuera de Colombia por miembros de la organización terrorista ETA”, cuatro de cuyos dirigentes prosiguieron en 2003 con los cursillos en campamentos de la guerrilla colombiana.
En esa época, según el juez, ya había aparecido en escena el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, casado con la ciudadana venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ha ocupado varios cargos públicos en su país desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999.
Cubillas, al que Velasco señala como “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.
Fruto de sus gestiones con las FARC comenzaron a fabricarse en los campamentos de este grupo las granadas denominadas “Jotake-Handia”, que ETA utilizó por primera vez en España en un atentado contra el cuartel del Ejército en Aizoain (Navarra, norte de España) el 18 de octubre de 2003.
Cubillas también concertó una cita en Colombia entre el dirigente de las FARC Raúl Reyes y un miembro de la cúpula de ETA, que no llegó a llevarse a cabo.
A cambio de su colaboración, las FARC pidieron ayuda a ETA para localizar en España a potenciales objetivos, como el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, la embajadora de ese país Noemí Sanín, el alcalde de Bogotá Antanas Mockus, el ex vicepresidente Francisco Santos e incluso el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
VENEZUELA RECHAZA
Varios miembros de las FARC “se trasladaron a Madrid en el 2000 para vigilar la Embajada de Colombia y a Pastrana”, añade el auto judicial.
En un comunicado divulgado ayer, el Gobierno de Venezuela calificó de “tendenciosa” e “inaceptable” la acusación del juez español de que hay indicios de “cooperación” entre el Ejecutivo de Hugo Chávez y la alianza entre ETA y las FARC.
En el auto “se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política sobre el Gobierno venezolano”, sostiene un comunicado.
También que el Gobierno de Venezuela estuvo a punto de conceder en 2006 la nacionalidad venezolana a cuatro presuntos etarras que se encontraban refugiados en aquel país, entre ellos José Lorenzo Ayestaran, detenido el domingo en Francia.
En diciembre de 2006 el colectivo de apoyo a los presos de ETA, Askatasuna, informó de que las autoridades de Venezuela se habían comprometido con cuatro miembros de la organización terrorista a agilizar y facilitar los trámites para obtener la nacionalidad venezolana, lo que les habría permitido evitar su extradición a España.
Otros dos terroristas, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, alcanzaron un acuerdo con Venezuela para ser indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la Justicia española en 2002.
Piden aclaración
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, informó desde Hannover, Alemania, que España ha pedido explicaciones a Venezuela sobre esos señalamientos del juez Velasco, que vinculan al país suramericano con las FARC y la organización terrorista ETA.
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