Los 2,500 córdobas que Juan Lacayo recibió el 19 de febrero pasado como pago de su pensión, en la delegación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ubicada en el centro comercial MultiCentro Las Américas, en Managua, se quedan cortos frente a los 8,300 córdobas que vale la canasta básica mensual. Al menos Lacayo recibe algo, aunque para cobrarlos le toque madrugar y hacer filas.
En peores situaciones se encuentran cientos de personas de la tercera edad, como las que se plantaron hace algunos días frente a la Asamblea Nacional demandando a los legisladores la pronta aprobación de una Ley del Adulto Mayor, que entre otros beneficios les reconocería determinadas pensiones reducidas a aquéllos que no lograron completar las 750 cotizaciones o semanas mínimas durante su vida laboral.
“Reclamamos a los diputados que aprueben la Ley del Adulto Mayor y que se incluya la ley de pensión reducida, que es lo que antes se daba, el cuarenta por ciento del salario mínimo”, expresó en esa ocasión Orlando Téllez, uno de los dirigentes de la protesta del pasado 18 de febrero.
Aunque en esta ocasión, los protestantes se armaron de consignas y pancartas e incluso detuvieron el tráfico por unos momentos, ninguno de los diputados salió a recibirlos.
Para unos no se necesitan nuevas leyes, sino cumplir las ya existentes; mientras en el parlamento “duermen” varias iniciativas de ley que podrían ayudar a encontrar una salida a la demanda del pago de pensiones reducidas, entre otros temas. Sin embargo el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, no llama a discutirlas, se quejan otros parlamentarios.
Pero Donald Castillo, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua, asegura que aquí no hace falta ninguna nueva ley y enfatiza que el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social, que estipula pensiones reducidas a quienes no completaron las 750 cotizaciones, está vigente. Lo que pasa, dice, es que no se está dando cumplimiento a este artículo de la ley.
“Entonces hay que reclamarle al Seguro Social, no a la Asamblea por el pago de esas pensiones. Nosotros hemos planteado reformas para que esto sea una realidad, para que se encuentren partidas económicas para que paguen esas pensiones reducidas”, señaló Castillo.
Para el experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez, las pensiones son tan sólo uno de los elementos que conforman la seguridad social, pero es el que recibe más atención, descuidando así el tema de la salud y los riesgos profesionales.
Pero en lo concerniente a las pensiones, Báez insiste en que han habido reformas que le han cortado muchos derechos a los asegurados, tal como el no cumplimiento del artículo 49 de la ley de Seguridad Social, que estipula pensiones reducidas para aquellos jubilados que no completaron sus cotizaciones.
- La iniciativa de ley de Reformas y Adiciones al Decreto Nº 974, Ley de Seguridad Social y a su Reglamento, Decreto 975 y sus Reformas, presentada por la bancada del MRS estipula que la edad máxima de retiro se mantenga en 60 años para los varones, pero que baje a 55 años para las mujeres, dado que éstas sufren mayor desgaste físico y emocional.
También considera que en el caso de los asegurados, que al llegar a la edad de retiro no hayan alcanzado a cotizar ni siquiera un mínimo de 200 semanas, se les regrese el total del monto cotizado por ellos.
En el caso de los jubilados que no completaron las 750 cotizaciones mínimas como contempla la legislación actual, la iniciativa concede pensiones reducidas, cuyo monto variará de acuerdo con el número de cotizaciones.
Por ejemplo si una persona cotizó de 200 a 349 semanas, recibirá una pensión de 40 por ciento de la pensión que le correspondería recibir si hubiese cotizado las 750 semanas, como mínimo. Pero si una persona cotizó de 650 a 749 semanas, el monto será equivalente al 80 por ciento.
Estas disposiciones también están contenidas en la iniciativa de ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Seguridad Social, que presentaron los diputados Agustín Jarquín Anaya (aliado del FSLN), Xóchitl Ocampo y Filiberto Rodríguez (del FSLN), Guillermo Osorno (independiente) y Eliseo Núñez (de la Alianza Liberal Nicaragüense).
Otra iniciativa de ley presentada por el diputado José Pallais, del PLC, considera que los asegurados, cuya pensión sea igual o inferior a cuatro veces el salario mínimo, puedan reincorporarse a la vida laboral remunerada, sin perder el disfrute de su pensión.
Los que tengan pensiones mayores a cuatro veces el salario mínimo, también pueden reincorporarse a la vida laboral, sin perder el disfrute de su pensión, hasta que cumplan 65 años.
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“Existen reformas aplicadas en los últimos 20 años que han cercenado derechos legítimos de los asegurados, llegando incluso al extremo de interpretarse la ley de manera inconstitucional con el objetivo cruel de ahorrar o evitar erogaciones al INSS, que son derechos adquiridos por el trabajador en su vida laboral”, señaló Báez.
CULPAN A DIPUTADO PORRAS
En las gavetas de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional descansan cuatro iniciativas de ley de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Social, Decreto Nº. 974, que fueron presentadas por diputados de diversas bancadas, según se puede confirmar en el sitio web de la Asamblea Nacional.
Una de ellas es la iniciativa de ley de reforma al decreto 974, Ley de Seguridad Social, que fue enviada desde el 14 de junio de 2007. Dos más se presentaron en marzo y julio de 2008 y la más reciente en septiembre del año pasado.
Establecen reformas a la actual Ley de Seguridad Social, estipulando entre otros beneficios el pago de pensiones mínimas (de forma detallada), la posibilidad de seguir trabajando después de jubilarse cuando las pensiones son muy bajas, e incluso, prevén pensiones por viudez para los hombres.
Ninguna de ellas ha entrado a discusión a lo interno de esta comisión, presidida por el diputado sandinista, el médico Gustavo Porras. Ninguna se ha dictaminado, ninguna ha pasado a plenario y, por lo tanto, ninguna está en camino de convertirse en ley.
FSLN TIENE MAYORÍA EN COMISIÓN
El diputado Luis Callejas, de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y miembro de la Comisión de Salud y Seguridad Social, asegura que su bancada es minoría y no puede ejercer presión dentro de la comisión, para comenzar a dictaminar las iniciativas.
La comisión está integrada por 12 diputados, de los cuales siete son del gobernante FSLN, tres de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), uno del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y uno del MRS.
“Todavía no se han comenzado a dictaminar, están introducidas en la Comisión de Salud y ahí la presión la ejerce el presidente de la comisión. Don Gustavo Porras tiene que ponerlas y llamar (a consultas y dictamen). Además él (como bancada del FSLN) tiene mayoría en la Comisión de Salud. Como te digo, está en el plan de trabajo, pero no está como una prioridad inmediata”, justificó Callejas.
Igual respuesta ofrece el diputado Luis Noel Ortega, de la bancada del PLC, quien explicó que la iniciativa que se va a dictaminar a la brevedad es la de la Ley de Medicina Tradicional y Terapias Complementarias.
“Ahorita, a lo interno de la comisión no las hemos tratado (las iniciativas de ley relacionadas con la seguridad social), porque de repente el doctor Porras, que es el que preside la comisión, ha estado fuera, pero sí están en tema de agenda”, indicó Ortega.
También mencionó que ni siquiera han leído las iniciativas de ley. “No, todavía no se han tocado, la que se ha tocado es ésa de medicina”, dijo Ortega cuando se le preguntó si ya habían estudiado las iniciativas.
LA PRENSA buscó la versión del diputado Porras, pero no fue posible obtenerla.
EL IMPACTO ECONÓMICO
Ninguno de los diputados está seguro de cuándo se dictaminarán las iniciativas de ley relacionadas con la seguridad social.
Pero el diputado Luis Callejas sí está seguro de que hay que hacer un análisis, para ver el impacto que tendría el incluir a los jubilados que no lograron completar sus cuotas de cotización.
“Entiendo que hay 40 mil personas que están en este rango, que han cotizado pero que no llenaron las cuotas. Lo que solicitamos es que nos envíen cuál es el impacto de la cuota mínima. Porque ahí podés tener gente (entre las 40 mil personas) que hizo 500 cotizaciones y gente que hizo 50”, explicó Callejas.
La problemática está en definir de dónde van a proceder los fondos para cubrir las pensiones de estos jubilados que no terminaron de cotizar al INSS, si es que estas iniciativas se aprueban.
“Realmente el problema, cuando lo vemos de fondo, es que los pagos salen del mismo cuero, salen del INSS y ese dinero es de trabajadores activos, que esperan que el día de su jubilación existan fondos para que a ellos les den su retiro”, aseguró Callejas.
Donald Castillo, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua, asegura que el 9 de noviembre de 2008, cuando presentaron sus propuestas de reforma a la Ley, plantearon en la misma que el pago de estas pensiones reducidas se dé a través de la deuda interna que tiene el Estado con el Seguro Social.
“Que le dé 377 millones de córdobas anuales para poder pagar esas pensiones de la deuda interna y así el Estado le va pagando al INSS”, sostuvo Castillo.
Ésta es tan sólo una de las posibles soluciones que se presentan. Pero hay jubilados que los días de pago se atreven a juzgar que si el INSS tiene fondos para financiar proyectos ejecutados por el Gobierno central, debería tener fondos para pagar estas pensiones.
“Un fundamento esencial, presente en la renovación estratégica del sistema de Seguridad Social en Nicaragua, concierne a las investigaciones y la transparencia con que éstas deben manejarse. Son miles de millones de córdobas, cuya inversión para optimizar rendimientos se maneja con absoluta discrecionalidad y en muchísimos casos al margen de la ley”, cuestiona entretanto Báez.
El diputado Callejas acepta que siempre se ha usado al INSS como caja chica del Gobierno, que esto no es exclusivo de esta Administración. Es por eso que asegura que en las reformas a la ley es uno de los aspectos que hay que cambiar.
“Hay que hacer que se respete ese dinero, porque actualmente existe un déficit, supuestamente algunos dicen que para el 2018 el INSS no va a tener fondos para pagar las pensiones”, sentenció Callejas.
Pero ya faltan tres semanas para que el INSS pague nuevamente las pensiones a los jubilados. Mientras unos hagan filas para cobrar su escuálida pensión, aquellos jubilados que el pasado 18 de febrero se plantaron en la Asamblea Nacional pidiendo pensiones reducidas, tendrán que seguir esperando a que el INSS cumpla a cabalidad con el artículo 49 o que los diputados de la comisión de Salud y Seguridad Social del parlamento desempolven las cuatro iniciativas que tienen engavetadas.
El artículo 49
La Ley de Seguridad Social vigente, en su artículo 49 indica que: Para tener derecho a la pensión de vejez se requiere, además, acreditar un período no menor de 15 años como asegurado activo. Sin embargo, podrán concederse pensiones reducidas, no menores del 40 por ciento del salario prescrito para aquellos casos en que habiendo el asegurado cumplido la edad de retiro, no haya cumplido el período de calificación, siempre que acredite como mínimo absoluto 5 años de pago de cotizaciones.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
