Segunda Entrega
ENVIADA ESPECIAL/ REGIONES AUTÓNOMAS
Abundan las leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, pero no las expresiones que confirmen éstos como una verdadera política de Estado con la que estén comprometidas las autoridades nacionales y municipales, mientras crece la falta de beligerancia entre las autoridades regionales. Ése es el sabor que deja la autonomía en la Costa Caribe del país.
Los ciudadanos de las regiones autónomas tienen la percepción de que desde el Pacífico la diversidad cultural y multiétnica no se ve como un valor de riqueza, sino algo que se debe homogeneizar, y lamentan que muchos mestizos han llegado ahí a echar raíces con esa creencia, aunque varios recuerdan que ha disminuido la jerarquización y discriminación por razas: que se les entiende y acepta un poco más, gracias a las labores de organizaciones costeñas.
- Estudiantes de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan) en Bilwi y Bluefields participaron en grupos focales organizados por LA PRENSA para conocer su valoración sobre el estado de los derechos autonómicos y conocer sus demandas y expectativas, en víspera de las sextas elecciones regionales de este domingo 7 de marzo.
Fabiola Ocampo, otra joven mestiza de 18 años, originaria de Butku y estudiante de segundo año de sociología en el mismo recinto, en cambio estima que los derechos y espacios para los costeños son limitados.
“Aquí mismo en la RAAN la libertad de expresarnos no se practica a como debería ser. Siento que no se brindan todos los espacios, que estamos reducidos a miskitos y mestizos y hay otras etnias o comunidades menos escuchadas”, asegura.
Léster Reymundo, un miskito de 20 años y originario de Yulu, coincide en que hay poco respeto a la diversidad cultural del Caribe y que la misma cultura miskita está amenazada en sus territorios históricos.
“A los mayangnas también se les ve alejados. En verdad muchos son los que hablan de autonomía, más entre los políticos, pero son pocos los que entienden y respetan ese derecho de nuestros pueblos”, resiente.
Jacqueline Chollete, de 19 años, estudia los primeros años de medicina en el recinto de Bilwi. Chollete critica que en los servicios de salud pública de la Costa Caribe faltan medicinas, pero también hay discriminación porque no todos entienden la cultura de cada etnia.
En el Caribe las necesidades sanitarias son extremas hasta en las ciudades principales, en las que no hay sistema de aguas negras ni servicio regular de agua potable, mientras las letrinas contaminan sus pozos.
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El artículo 11 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua (publicado en La Gaceta el 30 de octubre de 1987) establece que sus habitantes tienen derecho a: “la absoluta igualdad de derechos y deberes entre sí, independientemente de su número poblacional y nivel de desarrollo”, y a “preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas”.
Pero ese primer derecho no se percibe en las escuelas de las comunidades donde escasean los textos escolares o materiales didácticos en rama, miskito, sumo, garífuna o creole.
RESIENTEN TRABAS PARA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
La Ley de Autonomía, aprobado en 1987 por un gobierno sandinista que no quería que la Costa Caribe fuera más un refugio para la lucha contrarrevolucionaria,
también estableció con algunas ambigüedades el derecho de las regiones autónomas a “usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional” y “desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores”.
Igualmente, reconoció los derechos a las “formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la trasmisión de la misma”. Pero pasaron dieciséis años antes de que se aprobara la Ley de Demarcación de Tierras Indígenas e incluso el mismo reglamento del estatuto, que urgía para aclarar ese derecho autonómico “dentro de los planes de desarrollo nacional”.
A cinco años y medio después de la Ley de Demarcación, la lucha es agotadora para los gobiernos comunales que buscan la demarcación de sus tierras contra una creciente presencia mestiza que altera el uso tradicional de los bosques y un Estado en el que poco o nada se entiende sobre los derechos colectivos, frente a la influencia del individualismo o la explotación de los recursos naturales cada vez más escasos.
“El sustento para el desarrollo de la Costa Caribe es la demarcación de tierras y el ordenamiento de la propiedad. Sin eso no tendremos seguridad sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales que son el potencial de desarrollo en las regiones”, advierte Dolene Miller, asesora del Gobierno Comunal Creole, en Bluefields.
El cambio, el uso de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales se registra en cifras. Al 2005, el 45 por ciento de los ciudadanos costeños ya dependían de las actividades agrícolas, mientras la labor tradicional de la pesca sólo sustentaba al 12.5 por ciento. Así el mensaje de la amenaza del avance de la frontera agrícola y las señales de agotamiento de los recursos del mar es muy claro.
DESCONFIANZA NACIONAL Y CONFORMISMO REGIONAL
El artículo 16 de la Ley 28 establece que “el Consejo y Coordinador Regional serán, en sus respectivas esferas, las autoridades superiores de la Región Autónoma correspondiente”. Y el inciso cinco del artículo 23 de la misma ley les da la atribución de elaborar el anteproyecto de presupuesto regional.
Sin embargo, la realidad es que a veintidós años del régimen autonómico los Gobiernos centrales mantienen reducidas a las autoridades regionales, que no deciden en el nombramiento de los delegados de los ministerios y también se limitan a ratificar los Presupuestos de Inversión Pública que se envían desde Managua y a elaborar los presupuestos del Consejo y Gobierno respectivo, ni siquiera de forma coordinada en la misma región.
El estatuto también menciona un “fondo especial de desarrollo y promoción social” de las regiones, pero durante estos años no se ha conocido sobre ese fondo o recursos para el mismo.
En la actual campaña electoral, que concluye hoy, los partidos políticos y sus candidatos han mencionado su interés por la defensa de la autonomía y el desarrollo de la Costa Caribe.
Sobre las tarimas, en altoparlantes o las pocas volantes que distribuyen por las ciudades principales dicen “cambio”, “más progreso”, “por la autonomía”, “exigimos autodeterminación”, pero ninguno dice cómo enfrentará el control partidario desde Managua, porque es contrariar el sistema que los alimenta como clase política.
Los Partidos dividen
Anicia Matamoros, una madre miskita del barrio Moravo (Bilwi), cree que la autonomía abrió las puertas de la participación a los costeños, pero reclama que pocos podrán influir en los cambios, debido a la política partidaria. “Mientras haya elecciones partidarias poco vamos a influir, porque pocos participan en ellas. Nos quedamos divididos y lo que debemos hacer es unirnos”, dice.
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