Otro proveedor externo de fondos a las microfinancieras en Nicaragua anuncia el recorte de las líneas de crédito, alegando la inseguridad en el sistema financiero creado por la Ley de Moratoria.
Veronika Giusti Keller, oficial de inversión de BlueOrchard Finance S.A., confirmó a LA PRENSA vía correo electrónico que “después de la aprobación de esta ley (Moratoria), uno de los Fondos Latinoamericanos con los que trabajamos ha decidido interrumpir todas las inversiones en el país (Nicaragua)”.
Este fondeador se une a Incofin Investment Management y el organismo Prodel, quienes anunciaron que no van a arriesgar su inversión en Nicaragua, por el alto riesgo e inseguridad en recuperar su capital causados por la Ley de Moratoria aprobada por la Asamblea Nacional.
Giusti Keller señaló que, siendo organismo de inversión, “la confianza es fundamental para relaciones financieras, y la aprobación de esta ley nos preocupa mucho, ya que cambia arbitrariamente las reglas de mercado y premia una cultura de no pago”.
BlueOrchard Finance S.A. tiene colocados 52 millones de dólares en el sector de las microfinanzas en Nicaragua. Opera desde el año 2001, y desde entonces han otorgado un total de 87 millones de dólares en préstamos.
Los proveedores de fondos externos son de Suiza, Bélgica, España, Alemania y Estados Unidos, y bancos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que es el principal fondeador de las microfinanzas en la región de Centroamérica.
Urge una respuesta de parte del presidente Daniel Ortega y que vete la ley para corregir el “caos jurídico” que se provocó.
El gerente general de la financiera Prestanic, Amando Gutiérrez, sostiene que al establecer una retroactividad contra los embargos judiciales de propiedades y juicios contra los deudores “se crea una inconstitucionalidad y un problema legal serio”.
Los dirigentes del Movimiento No Pago han levantado una serie de expectativas entre los productores y comerciantes morosos, mal interpretando lo que dice esta ley sobre los embargos, pues andan diciendo que a quienes hayan perdido sus propiedades les serán devueltas, lo cual es falso, sostiene Gutiérrez.
La ley establece que por 120 días del plazo para renegociar las deudas, el que se acoja a la ley, mientras esté negociando con la financiera, y si estaba enfrentando un embargo, durante ese período se le suspenderá el proceso mientras se logra un acuerdo.
“El problema es cómo lo interpretan los jueces, si desde antes han estado muy parcializados en algunos casos y obstruyendo los procesos a los cuales tenemos derecho como instituciones; sentimos que hay una gran confusión, porque la ley no habla de devolver propiedades”.
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Reconoció que muchos productores y comerciantes a los cuales las microfinancieras prestaron dinero, por la crisis económica, han tenido problemas en sus negocios, pero también que las financieras han estado dispuestas a reestructurar las deudas con quienes tienen voluntad de pago.
RECHAZAN TASA DE INTERÉS
BlueOrchard tiene inversiones en más de 40 países alrededor del mundo y Nicaragua es el cuarto país más importante en términos de exposición. Por ello les preocupa que la tasa de interés del 16 por ciento fijada para reestructurar deudas no cubre los costos del capital que ellos colocan en las financieras.
“Pensamos que las tasas de interés deberían seguir lo establecido en el Banco Central de Nicaragua. Las tasas de interés deben incorporar los costos y riesgos de una operación. Entendemos que el 16 por ciento aprobado no cumple con esas condiciones”, dijo.
Agregó que el costo de fondeo a Nicaragua ha incrementado en los últimos 18 meses debido a los mayores riesgos que perciben sus inversionistas. “Creemos que con los costos actuales, una tasa de 16 por ciento no otorga un margen suficiente a las instituciones para cubrir sus costos y tener una rentabilidad”, afirmó.
Giusti Keller señaló que si las microfinancieras no logran recuperar los 70 millones de dólares que tienen colocados en créditos, significará que tendrán que reducir sus préstamos a los beneficiarios, lo cual impactará a los pequeños productores y sectores más vulnerables de Nicaragua.
AFECTA LA SIEMBRA
Una situación que ya comienza a sentirse, pues las microfinancieras dispondrán de menos dinero para los sectores productivos, y como consecuencia el ciclo agrícola podría verse afectado.
La Asociación de Instituciones de Microfinancieras (Asomif) reporta en 90.28 millones de dólares la caída de la cartera de crédito de sus 22 afiliadas, y las cuatro reguladas al haber pasado a ser bancos, recursos que estaban orientados a los productores agrícolas y a los pequeños empresarios, y de los que ahora ya no se disponen.
La Unión de Productores Agropecuarios (Upanic) advierte que si hay menos financiamiento, habría menos áreas de siembra de granos básicos, especialmente frijol y maíz, mientras en el sector de la pequeña y mediana empresa se podrían perder unos 15 mil puestos de trabajo.
Manuel Álvarez, presidente de Upanic, recordó que, según los pronósticos, el invierno entrará tarde —hasta junio o julio—, y teniendo el clima en contra deben tener disponibilidad de recursos para preparar la siembra como para garantizar un buen rendimiento de las mismas.
Para este ciclo agrícola se requieren entre 400 millones y 600 millones de dólares de financiamiento. Sólo para la siembra de primera, que ya se acerca, se necesitan unos 100 millones de dólares, y las microfinancieras tradicionalmente aportan el cincuenta por ciento de esos fondos.
“Y si no hay, el peligro es que baje la siembra de frijol y maíz, principalmente. Aquí se está jugando con la comida de los nicaragüenses”, estimó Álvarez.
RIESGO EMPLEO EN PYMES
Gilberto Alcócer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), igualmente señaló que al tener menos flujo de dinero se pondrá en dificultades al pequeño empresario.
El sector requiere 70 millones de dólares este año. Recordó que el 70 por ciento del financiamiento de las pymes depende de las microfinancieras, y si no hay acceso, las pequeñas empresas reducirán su nivel de operatividad, y esto causará desempleo, lo que daña a todo el país.
“Las pymes —dijo— generan el 75 por ciento del empleo a nivel nacional, y si no tienen flujo de financiamiento se podría afectar el 5 por ciento de ese empleo que genera, hablamos de 15 mil puestos de trabajo. Para nosotros es importante que definan el fin de esta ley, para que haya estabilidad”.
Julio Flores, presidente de Asomif, dijo que la cancelación de líneas de crédito “confirma las advertencias de las consecuencias que traería la Ley de Moratoria”.
Desconfianza
Veronika Giusti Keller, analista de inversiones de BlueOrchard Finance S.A., proveedor de fondos a las microfinancieras, señaló que preocupa el Estado de Derecho que existe en Nicaragua para la inversión. “Que las reglas de juego se cambien repentinamente, como con la aprobación de la Ley de Moratoria, es algo que afecta negativamente nuestra valoración. Desde nuestra perspectiva, el clima de inversión ha empeorado significativamente”.
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