El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantendría un silencio sepulcral hacia el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) sobre una solicitud para negociar la elección de 25 funcionarios de Estado.
El primer vicepresidente del parlamento y diputado por el PLC, Óscar Moncada, dijo ayer que el gobernante FSLN ni siquiera ha contestado una carta que le enviaron solicitándole los nombres de sus negociadores.
“Nosotros no hemos recibido ninguna respuesta, ni verbal ni por escrito de quiénes son los delegados del FSLN”, indicó Moncada.
Los negociadores del PLC son Moncada y Wilfredo Navarro. La BDN designó a Luis Callejas y Javier Vallejo.
“Hemos platicado entre los corrillos de la Asamblea Nacional, con miembros del FSLN, y yo he platicado informalmente con el presidente del congreso (René Núñez) y me ha indicado que ellos creen que no es el momento de las pláticas, aduciendo que la Comisión (Especial Constitucional) no ha terminado las consultas de su trabajo”, añadió.
El legislador adujo que el silencio del FSLN es para alargar los tiempos e imponer el decreto presidencial 03-2010, con el cual Daniel Ortega prorrogó en sus puestos a 23 funcionarios de Estado.
“Es una estrategia del FSLN para tener a la sociedad política y a la sociedad civil y a todos los nicaragüenses en calma y decir después que el decretazo ha sido aceptado, y que por eso no deben acatar ninguna otra clase de anulación ni ley que venga. A ellos les conviene porque sería inmovilizar a los poderes del Estado”, sostuvo Moncada.
CGR ILEGAL
Mientras, el diputado Navarro envió una misiva a Mirna Liévano, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nicaragua, explicándole que la Contraloría General de la República “no tiene representación legal y además ha quedado imposibilitada para realizar las funciones de fiscalización y control que le determina la Constitución Política” porque los contralores ya terminaron su período de cinco años.
“Nicaragua hoy no cuenta constitucionalmente con el ente fiscalizador del Estado”, concluyó Navarro.
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