Señalamientos de corrupción generalizada en instituciones de gobierno y la politización en los poderes Judicial y Electoral destacan en las críticas que el Departamento de Estado de Estados Unidos realiza a Nicaragua, en su informe anual sobre derechos humanos correspondiente al año pasado.
El reporte de derechos humanos del Departamento de Estado recoge además entre los derechos humanos más significativos violentados en Nicaragua el año pasado, la falta de respeto a las leyes, la afectación a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo la intimidación y el acoso de los periodistas; el fraude y los abusos durante las elecciones municipales, así como el acoso y la intimidación del Gobierno a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
También resalta el aumento de la violencia contra la mujer y la violación de los derechos sindicales. A esto le agrega las duras condiciones carcelarias y el hacinamiento en las penitenciarías, los abusos policiales, la detención preventiva prolongada, entre otros.
En el reporte anual el Departamento de Estado refiere que la Corte Suprema de Justicia durante todo el año se mostró vulnerable a la corrupción, especialmente en cuanto a casos vinculados con los partidos políticos y los cárteles de la droga.
En esto menciona el fallo a favor del ex presidente Arnoldo Alemán en caso de corrupción.
Así como la distribución de dinero decomisado a narcotraficantes entre el Poder Judicial y la Policía, que dejó como resultado la desaparición de más de 20 millones de córdobas durante el año, sin que haya habido una rendición de cuentas.
O vehículos ocupados por la Policía en casos de drogas, que fueron a parar a manos de miembros del Poder Judicial, en abierta violación de la ley.
Resalta también el fraude y los abusos cometidos durante las elecciones municipales de enero en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y la injerencia del Gobierno con el funcionamiento de los partidos políticos en las elecciones regionales.
Menciona Estados Unidos que el Gobierno de Nicaragua limita los espacios públicos para las protestas y no brindó protección a los manifestantes de la oposición. Entre los hechos registrados sobresale el ocurrido el 8 de agosto, en los predios de la Catedral Metropolitana en Managua, donde miembros de la sociedad civil fueron agredidos, entre ellos el periodista Mario Sánchez, divulgador de la Coordinadora Civil. Y donde los agentes de la Policía Nacional observaban de manera pasiva la agresión, por parte de simpatizantes y trabajadores del Gobierno, incluidos altos funcionarios, como la entonces viceministra de Turismo Meyling Calero.
También menciona la agresión contra Leonor Martínez, de la Coordinadora Civil en octubre pasado.
Destaca las amenazas de muerte en contra del Obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, y las acusaciones que en su momento hizo el Procurador General de la República, Hernán Estrada, en contra de los obispos de la Iglesia Católica, de incitar un intento de asesinato en su contra. Y que una investigación posterior de la Policía demostró que Estrada fue víctima de la delincuencia común.
Refiere el reporte que el Gobierno intentó impedir la crítica de los medios de comunicación independientes a través del acoso, la censura, la aplicación arbitraria de las leyes, la difamación y el uso de las justificaciones de seguridad nacional.
Señala que durante todo el año el Gobierno mantuvo la exclusión de medios independientes de todos los actos oficiales y designó millonarias partidas de dinero para publicidad en medios controlados por la familia gobernante.
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