Acompañado de su gabinete económico y de sus diputados sandinistas, el presidente Daniel Ortega escuchó del Consejo Superior de la Empresa (Cosep) y banqueros el inminente impacto severo que tendrá la Ley Moratoria en la economía, pero eso al parecer no convenció al mandatario para que ordene de inmediato el veto parcial o total de la misma.
Mientras el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, se mostró confiado en que Ortega vetará la Ley Moratoria, el vicepresidente Jaime Morales Carazo, también presente en la reunión, hizo otra lectura de las palabras del mandatario, quien aseguró deberá ser la Asamblea Nacional la obligada a modificar la ley, porque ahí fue donde se aprobó.
En declaraciones disponibles en su portal electrónico, Morales expresó: “La impresión que tengo es clara, el Presidente no contempla vetar la Ley ni mucho menos, él con lógica sostiene el criterio que si en la Asamblea Nacional se tomó la decisión, que sea ella misma quien efectúe los ajustes necesarios”.
Añadió que la misma reforma debe hacerse pero ”con sensatez, en donde se den todas las facilidades a las personas que lo justifican para que pueden continuar trabajando y produciendo”.
Morales reconoció que hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores que no están siendo atendidos por la banca privada.
La Ley Moratoria nació del movimiento conocido como los No Pago, integrado por unos 10 mil productores y comerciantes que adeudan a las microfinancieras cerca de 35 millones de dólares.
El movimiento está encabezado por el ex alcalde sandinista de Jalapa, Omar Vílchez y el ex aspirante a la silla edilicia por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en Ocotal, Andrés Urbina Castillo, quien tiene una millonaria deuda con las microfinancieras.
La Ley Moratoria, aprobada la semana pasada por 87 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional, ordena entre otras cosas suspender los embargos y juicios de los productores y comerciantes en mora al 30 de junio del 2009.
También da un plazo de 120 días para que los morosos y las microfinancieras se sienten a revisar y reestructurar las millonarias deudas con una tasa de interés de un 16 por ciento.
AGUERRI CONFÍA QUE ORTEGA VETARÁ LA LEY
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, por su parte dio otra lectura a las palabras que Ortega manifestó durante la reunión, por lo que se mostró confiado en que ordenará el veto a la ley porque le expusieron los severos daños que la misma tendrá en el crédito y la producción nacional.
“Le explicamos al Presidente que habíamos solicitado esa reunión para darle a conocer cuál es la visión del sector empresarial, del Cosep, del sector financiero en relación a la Ley Moratoria y la misma situación que se está derivando por la decisión que tomó la Asamblea Nacional. Le hicimos una explicación al Presidente del daño que esta ley podría tener en el país”, expresó Aguerri.
También los empresarios le recordaron a Ortega la preocupación que los organismos financieros multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), han externado sobre las repercusiones de la misma en el riesgo país.
Al ser consultado sobre la respuesta que recibieron de Ortega, Aguerri respondió: “Que está en el proceso de análisis (dentro) de esos 12 días que hace falta (periodo en que se vence el plazo para que se envíe el veto a la ley) y que son insumos que él va a tener en cuenta para dar su decisión. Vamos a esperar esos días para ver cuál es su decisión”.
Ortega, según Aguerri, prometió que analizaría la ley, a pesar que el documento llegó a sus manos hace ocho días, según dijo recientemente su asesor para asuntos económicos, Bayardo Arce .
La tónica de Ortega coincide con la de Arce, quien en un programa televisivo defendió el contenido de la polémica Ley Moratoria y acusó a los diputados liberales de presionar por la aprobación de la misma.
DAÑOS SON INMINENTES
Aguerri comentó que durante la reunión le dijeron al Presidente que el año pasado las microfinancieras sufrieron una reducción de 90 millones de dólares en su cartera crediticia y dejaron de atender a 110 mil clientes.
Cerca de 25 fondeadores internacionales en una carta pública al presidente Ortega, demandaron el veto a la ley en cuestión ante el impacto que la misma tenía en el riesgo país.
Entre los daños que ocasionará la Ley figura el no desembolso de aproximadamente 100 millones de dólares para financiar la siembra nacional, que ya está amenazada por la sequía.
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