Hasta que el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) completen la cuarta revisión del programa macroeconómico, este organismo desembolsará 18 millones de dólares, de los 35.6 millones de dólares prometidos al país para este año.
Así lo informó Gabriel Di Bella, representante del FMI en Nicaragua, al ser consultado ayer por LA PRENSA.
El organismo multilateral informó el jueves en un comunicado que, como resultado de la revisión del desempeño de la economía de Nicaragua, hecha por una misión técnica que estuvo en Managua la semana pasada, considera que el Gobierno cumplió “con cierto margen” las metas del programa suscrito, el que ahora es de Servicio de Crédito Ampliado (SCA).
La revisión continúa porque están pendientes algunos temas, como el de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la administración pública y el fortalecimiento institucional del Banco Central de Nicaragua.
Sobre la fecha posible para la discusión de la cuarta revisión, en el contexto del recién creado Servicio de Crédito Ampliado, Di Bella señaló que “el equipo técnico del Fondo está trabajando de manera cercana con los miembros del equipo económico, para presentar los documentos al Directorio de la institución hacia finales de abril o durante el mes de mayo”.
De completarse la cuarta revisión, desembolsarían poco más de 18 millones de dólares y quedaría pendiente una última revisión del programa en curso, que evaluaría las metas cuantitativas hasta fines de junio, dijo Di Bella.
El cambio que hizo el FMI en los instrumentos de financiación a países de bajos ingresos, como Nicaragua, al reemplazar el Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza (SCLP) por el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), permite que los fondos entregados tengan una tasa de interés de cero, con un período de gracia de cinco años y medio y un vencimiento final de 10 años.
LEY MORATORIA EN LA MESA
Entre los temas que aún discuten el FMI y el Gobierno nicaragüense está el de la Ley de Moratoria. “Todavía se están analizando algunos temas técnicos, así como el posible impacto de la denominada Ley de Moratoria en el sector de las microfinanzas de Nicaragua”, informó Di Bella.
Los equipos técnicos del Gobierno y el FMI se han concentrado en cómo limitar el impacto negativo de esa ley en las microfinanzas.
“Creemos que sería importante que se dote al sector de un marco regulatorio claro, que establezca sin ambigüedades las reglas del juego en el sector, incluyendo un mecanismo que permita que aquellas entidades de microcrédito que crezcan mas allá de un determinado tamaño pasen a ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, explicó el representante del FMI.
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