Tomado de El Universal
Caracas, Venezuela
Las autoridades venezolanas no sólo han endurecido su posición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de la publicación del informe donde se denuncia que en el país las garantías fundamentales no están plenamente garantizadas; sino también contra las organizaciones de derechos humanos nacionales, cuyas denuncias y opiniones sirvieron de insumo para la elaboración del reporte cuestionado por el Estado.
La denuncia la formularon integrantes del Foro por la Vida, quienes se congregaron ante la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir el fin del “creciente proceso de criminalización” contra los activistas de derechos humanos.
“La Defensoría del Pueblo debería rechazar este proceso de criminalización, y debería adoptar políticas públicas que permitan facilitar la labor de las organizaciones de derechos humanos”, afirmó Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien acto seguido precisó que la campaña contra ellos se fundamenta en acusaciones y descalificaciones lanzadas por distintos voceros oficiales.
“Parlamentarios, el presidente (Hugo Chávez), la fiscal general (Luisa Ortega Díaz) y algunos gobernadores y alcaldes se han sumado a ella (campaña de ataques)”, denunció Alvarado, no sin dejar de recordar que el artículo 132 de la Constitución venezolana establece que es una obligación la promoción y defensa de las garantías fundamentales.
La Vicaría de Derechos Humanos de Caracas denunció en 2007 que en la última década se habían registrado 72 ataques contra defensores de los derechos humanos.
Por su parte Hilda Pérez, directiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), reclamó en específico de la fiscal Ortega Díaz, que respete el trabajo que esa organización ha realizado para conseguir esclarecer el caso del Caracazo.
En días recientes la jefa del Ministerio Público acusó a Cofavic de no suministrarle la información necesaria para identificar a los fallecidos durante los sucesos de febrero y marzo de 1989.
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