María Peña
Washington/EFE
El asesinato de tres personas vinculadas con un consulado de EE.UU. en Ciudad Juárez, incluidos dos ciudadanos estadounidenses, ha hecho sonar las alarmas en Washington por la narcoviolencia en México, que nuevamente subraya la urgencia de frenar el flujo de armas ilegales a ese país.
Se trata del ataque frontal más reciente del crimen organizado contra empleados del Gobierno estadounidense en México desde 1985, cuando Enrique “Kiki” Camarena, un agente encubierto de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) fue secuestrado, torturado y asesinado a manos de narcotraficantes.
La dimensión y el simbolismo del ataque del sábado fueron tal que el asunto llegó a las esferas presidenciales en Washington y México, y ambos gobiernos prometieron castigar a los responsables.
Según observadores, el incidente en Ciudad Juárez -tachada como una de las ciudades más peligrosas del mundo- demuestra la temeridad de los narcos, y alimenta la percepción de que nadie está a salvo de esa violencia, tenga o no vínculos con esas bandas.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, está “profundamente entristecido e indignado” por los “asesinatos brutales” de una empleada y su esposo, ambos ciudadanos estadounidenses, y el cónyuge de una funcionaria mexicana, dijo en un comunicado Mike Hammer, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
Agregó que las autoridades de EE.UU. trabajarán “incansablemente” con las de México “para llevar a los asesinos ante la Justicia”, algo de lo que se hizo eco también Ricardo Alday, portavoz de la embajada de México en EE.UU..
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo en un comunicado que se hará “lo necesario para proteger a nuestra gente” y castigar a los responsables del crimen.
“Estos horrorosos ataques contra miembros de nuestra propia familia en el Departamento de Estado son, tristemente, parte de una creciente tragedia que azota a muchas comunidades en México”, lamentó Clinton, al subrayar la urgencia de combatir unidos a los carteles de la droga.
El Departamento de Estado emitió una nueva alerta de viajes en la que destacó el aumento de la violencia en México, y autorizó la salida de dependientes, hasta el próximo 12 de abril, de empleados estadounidenses en los consulados fronterizos en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey, y Matamoros.
Según informes extraoficiales, la pareja estadounidense fue atacada en su vehículo cerca del Puente Internacional de Santa Fe, ubicado entre Ciudad Juárez y El Paso (Texas).
Las autoridades no han divulgado el motivo del crimen ni la identidad de las víctimas, pero sí se ha revelado que la pareja, con edades entre los 25 y 30 años, fue asesinada con armas de calibre 9 milímetros. Una bebé de unos tres meses, que viajaba con la pareja, resultó ilesa en el ataque.
El despliegue militar del Gobierno mexicano contra los narcos es elogiado en los pasillos del Congreso de EEUU, donde los legisladores aseguran que el aumento en la violencia es la respuesta predecible de bandas cada vez más acorraladas.
Pero esa militarización, apoyada con equipos y asistencia técnica de EEUU, también ha suscitado críticas de que la narcoviolencia no se aplastará únicamente con plomo.
En 2009, Ciudad Juárez fue escenario de cerca de una tercera parte de las muertes relacionadas con el narcotráfico pese al aumento en los patrullajes de las fuerzas de seguridad.
Desde 2006, más de 17.000 personas han muerto por culpa de la narcoviolencia. En lo que va de este año, el número de homicidios atribuidos al crimen organizado en Ciudad Juárez sobrepasa los 480.
Ambos países insisten en que la lucha antidrogas es una “responsabilidad compartida”, pero en algunos sectores en México persiste la queja de que EEUU no hace lo suficiente para atajar el consumo de drogas en su país y el flujo de armas hacia el sur, dos fenómenos que sirven de motor a la narcoviolencia.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional advirtió el jueves pasado que los narcos mexicanos están infiltrando en las agencias policiales en el suroeste de EEUU.
“Las organizaciones del crimen trasnacionales hacen lo posible para infiltrarse en la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CPB)”, dijo James Tomsheck, un funcionario de esa agencia ante un subcomité de seguridad nacional del Senado.
Sólo cerca de uno de cada diez nuevos contratados se someten a polígrafos y el 60 por ciento no pasa la prueba de mentiras. Eso preocupa a la CPB porque, según Tomsheck, los que no se sometieron a esa prueba bien podrían tener malas intenciones.
Para el año fiscal 2011, Obama ha solicitado 410 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, de los cuales 310 millones irán a México y el resto a América Central.
