Quiero sumar mi voz a un coro de indignación que recorre buena parte de nuestra América y del mundo. El pasado 23 de febrero, mientras los líderes latinoamericanos nos encontrábamos reunidos en Cancún, hablando sobre democracia y libertad, murió en La Habana Orlando Zapata Tamayo, opositor del régimen castrista y preso político desde hace 7 años.
Una huelga de hambre de 86 días no fue suficiente para convencer al Gobierno cubano de que era necesario preservar la vida de esta persona, por sobre cualquier diferencia ideológica. 86 días no fueron suficientes para mover a compasión a un régimen que se vanagloria de su solidaridad, pero que en la práctica aplica esa solidaridad únicamente a sus simpatizantes.
Nada podemos hacer ahora para salvar a este disidente, pero podemos aún alzar la voz en nombre de Guillermo Fariñas Hernández, que desde hace 20 días se encuentra en huelga de hambre en Santa Clara, pidiendo la liberación de otros presos políticos cubanos, en particular de aquellos en precario estado de salud.
Sin duda, la huelga de hambre es un arma delicada como herramienta de protesta. Sería riesgoso que cualquier Estado de Derecho se viera en la obligación de liberar a sus privados de libertad, si deciden rechazar su alimentación. Pero estos presos no son como los demás, ni Cuba cumple las condiciones de un Estado de Derecho. Se trata de presos políticos o de conciencia, que no han cometido otro delito más que oponerse a un régimen, que fueron juzgados por un sistema judicial de independencia cuestionable y que deben sufrir penas excesivas sin haber causado un daño a otras personas.
Los presos políticos no existen en las democracias. En ningún país verdaderamente libre uno va a prisión por pensar distinto. Cuba puede hacer todos los esfuerzos de oratoria que desee para vender la idea de que es una “democracia especial”, pero cada preso político niega en la práctica esa afirmación. Cada preso político es una prueba irrefutable de autoritarismo.
A esto se suma el hecho de que se trata de personas con una salud muy debilitada. Y aquí sí es cierto que no importan las razones por las cuales alguien haya entrado en prisión. Todo gobierno que respete los derechos humanos, debe al menos mostrar compasión ante el estado de una persona débil, en lugar de llamarla “chantajista”.
Siempre he luchado por una transición cubana hacia la democracia. Siempre he luchado porque ese régimen de partido único se convierta en un régimen pluralista y deje de ser una excepción en el continente americano. Estoy convencido de que en una democracia, si uno no tiene oposición, debe crearla, no perseguirla, reprimirla y condenarla a un infierno carcelario, que es lo que hace el régimen de Raúl Castro.
El Gobierno cubano tiene ahora en sus manos la oportunidad de demostrarle al mundo los primeros signos de esa transición democrática, que desde hace mucho tiempo esperamos. Tiene la oportunidad de demostrar que puede aprender a respetar los derechos humanos, sobre todo los derechos de sus opositores, porque no tiene ningún mérito que respete sólo los derechos de sus partidarios. Si el Gobierno cubano liberara a sus presos políticos, tendría más autoridad para reclamar respeto a su sistema político y a su forma de hacer las cosas.
Estoy consciente de que al hacer estas afirmaciones me expongo a todo tipo de acusaciones de parte del régimen cubano. Me acusarán de inmiscuirme en asuntos internos, de irrespetar su soberanía y, casi con certeza, de ser un lacayo del imperio. Sin duda, soy un lacayo del imperio: del imperio de la razón, de la compasión y de la libertad. No voy a callarme cuando se vulneran los derechos humanos. No voy a callarme cuando la sola existencia de un régimen como el de Cuba es una afrenta a la democracia. No voy a callarme cuando se pone en jaque la vida de seres humanos, por defender a ultranza una causa ideológica que prescribió hace años. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad.
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