La Embajada de España en Nicaragua rompió el silencio sobre el polémico caso de la toma de La Chureca y emitió un escueto comunicado en el cual niega participación alguna en la cuestionada expropiación de 146 manzanas de tierra en el Distrito Dos de Managua, donde invertirán 30 millones de euros, es decir poco más de 40 millones de dólares.
“En ningún momento, las autoridades españolas han intervenido en los procedimientos internos de Nicaragua tendientes a la adquisición de la titularidad pública de los terrenos del Proyecto”, dice el comunicado que fue enviado por Rosario Bernal, Ministra Consejera de la Embajada de España.
Las críticas en contra de la cooperación española iniciaron desde mediados del año pasado, cuando estalló el escándalo por la toma de La Chureca y no se pronunció sobre el problema jurídico de la propiedad. Tampoco exigió transparencia en el proceso de traspaso de la propiedad.
La situación empeoró en noviembre pasado cuando la empresa española Tragsa entró al terreno del conflicto a trabajar sin el aval de los dueños. La empresa estatal sólo contó con el consentimiento de la comuna capitalina, que tiene un título de propiedad sin la firma de los dueños, es decir la familia de los Martínez.
El documento le fue entregado a la Alcaldía de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que decidió interrumpir una declaratoria de utilidad pública por parte de la municipalidad y detener una indemnización de cien millones de córdobas (poco más de 4.7 millones de dólares) a favor de los dueños.
A cambio, la PGR confiscó el área y puso a disposición una indemnización de 39 millones de córdobas (alrededor de 1.85 millones de dólares) en Bonos del Estado para los Martínez. El monto, posteriormente, podía ser saldado en efectivo por la Alcaldía de Managua, de acuerdo a una ordenanza aprobada por los concejales sandinistas.
Sin embargo, los Martínez se opusieron al movimiento en el que ni se les consultó y, por el contrario, decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo a la nota de la Embajada, el Proyecto de La Chureca generará un gran impacto socioeconómico y medioambiental en Managua. Hasta la fecha es el más grande de la cooperación española en América.
“En virtud de estos acuerdos, la contraparte nicaragüense asumió el compromiso de adquirir la titularidad de los terrenos en los que se desarrolla el Proyecto, siendo competencia de las autoridades nicaragüenses la impulsión y seguimiento de los trámites procedentes para alcanzar este resultado, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de Nicaragua”, dice el comunicado.
A CITA EN LA CSJ
Para mañana miércoles están citados en la Sala Constitucional de la CSJ los representantes de la Alcaldía de Managua, la Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la familia Martínez, dueños de los terrenos de La Chureca.
“Si no vienen es cosa de ellos”, dijo el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional.
Los Martínez presentaron dos recursos ante la CSJ, entre ellos uno de amparo.
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