La Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua (Adanic) recurrió ayer a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en defensa de cuatro abogados de Ocotal, Nueva Segovia, procesados por haber incurrido presuntamente en delitos de cohecho y crimen organizado.
El presidente de Adanic, Danilo Martínez, alegó que en este caso existen anomalías en el procedimiento y la causa principal es una acusación que hizo Diego Bustamante, uno de los abogados procesados, en contra de la fiscal Yelena Shion.
El abogado que inicialmente fue detenido por este caso fue Bustamante, porque el pasado 4 de marzo presuntamente intentó sobornar al magistrado del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, David Moreno Cardoza, para incidir en un caso de secuestro.
Según los denunciantes, el abogado habría sido grabado cuando se encontró con Moreno.
Lo preocupante, según Martínez, fue que minutos después a Bustamante la Policía ya lo estaba esperando en su casa, por lo que considera que fue “una trampa”. Además, Martínez menciona que la Fiscalía alega que presentará en los tribunales como prueba los más de cinco mil dólares que encontraron en poder de Bustamante al momento de la detención, lo que a su criterio “no es ningún delito”.
Además critican que los abogados Gabriel Díaz, Julio González y Bernardo Chavarría hayan sido arrestados por haber preguntado por el caso de su colega Bustamante.
“Les pedimos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se termine ya con esa famosa comisión interinstitucional, que lo que ha dejado como resultado son estas colusiones y estas convivencias”, dijo Martínez.
MAGISTRADO RESPONDE
El magistrado del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, David Moreno Cardoza, dijo no tener conocimiento sobre la denuncia hecha por Adanic, pero en todo caso dijo que ésas son estrategias de la defensa.
“El caso está ante una entidad y es ahí donde deben exponer su situación”, agregó Cardoza, quien denunció ante la Policía Nacional y la Fiscalía las constantes llamadas que presuntamente le hacía el abogado Bustamante para ofrecerle dinero con el fin de que lo favoreciera y procurara la anulación del juicio, en el que fueron encontrados culpables cinco acusados por secuestrar a un productor de San Fernando.
Marcos Carmona, representante de la CPDH, manifestó que a los detenidos no se les está garantizando un proceso transparente, por lo que se les están violando los derechos constitucionales.
Carmona aclaró que la CPDH se ha remitido a verificar que a los detenidos no se les violenten los derechos humanos.
Durante una audiencia especial que se realizó ayer miércoles, los abogados no lograron revertir la prisión preventiva.
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