Caracas (AIPE).— La comunidad internacional se sorprende de lo que está sucediendo en Venezuela, pero Hugo Chávez adelanta, impertérrito, su escalada de violaciones a las garantías constitucionales, sin importarle convertir el Estado de Derecho y el Sistema de Justicia de Venezuela en una triste pantomima.
Un repaso de los hechos más notorios ocurridos en los últimos días revela la triste radiografía de un país en agonía.
La declaratoria de utilidad pública de la zona industrial 1 de Barquisimeto, para intentar darle un piso legal a la expropiación de los terrenos de Empresas Polar, es un claro ejemplo del uso hegemónico del poder para echar al basurero los derechos de propiedad, la libre determinación respecto a la actividad económica y al trabajo.
Lo mismo ocurrió con la orden “exprópiese”, emitida por el mandatario a viva voz en la Plaza Bolívar, que afectó comercios y propiedades emblemáticas en el centro de la capital, como el Edificio la Francia.
Las violaciones del derecho ciudadano a la información y a la libertad de expresión se evidencian en recientes actos y decisiones presidenciales:
1) La vendetta del Gobierno contra Radio Caracas, al negarle el permiso para incorporar a RCTV Internacional a la televisión por cable como productor nacional independiente, y a RCTV Mundo como canal de producción internacional.
2) Las medidas de coerción que se ejercen contra las emisoras de radio, entre ellas la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para que la estación Victoria 103.9 FM reduzca 90 por ciento su potencia, impidiéndole así prestar un servicio público de información a varias comunidades.
3) La apertura de una investigación, por supuesta incitación al odio, en contra del dirigente opositor Oswaldo Álvarez Paz, por sus declaraciones emitidas en Aló Ciudadano (programa de la televisora privada Globovisión), y la consecuente citación a todo el equipo de Aló Ciudadano a comparecer ante el Ministerio Público, el lunes 15 de marzo.
A esto se le suma la violación al derecho de los venezolanos a estudiar, como le sucede al estudiante David Pernía, en la Universidad Pública, UNEFA-Táchira, a quien —por retaliaciones políticas— le están impidiendo culminar sus estudios de ingeniería. Pernía fue agredido físicamente por las máximas autoridades de UNEFA, mientras estaba encadenado y en huelga de hambre.
Mientras todo eso acontece, el país oye con estupor cómo concejales oficialistas del municipio Iribarren, de Barquisimeto, proclaman a viva voz que si tienen que convertirse en delincuentes para defender su “revolución”, así lo harán. Y los venezolanos observan estupefactos cómo los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ejecutan una hábil maniobra para autootorgarse una jugosa jubilación temprana, mientras le garantizan a Hugo Chávez el control del Poder Judicial hasta el año 2022.
Los autores Robert Bottome y Norka Parra son director y analista, respectivamente, de VenEconomía.
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