Por Jaime Chamorro Cardenal.- En el último período se ha incrementado y extendido en el Gobierno y el Estado la política de secretismo y discriminación a los medios independientes, a cuyos periodistas no se les invita a conferencias de prensa y otras actividades importantes de la vida nacional, e inclusive, cuando se les invita no se les permite ingresar a los centros gubernamentales. Esta arbitrariedad recrudeció durante las recientes elecciones de autoridades regionales autónomas en el Caribe —que se realizaron en medio de fuertes denuncias de la oposición de irregularidades fraudulentas y han agravado la tensión y la polarización política en el país—, de cuyas informaciones oficiales el Consejo Supremo Electoral privó a LA PRENSA, El Nuevo Diario y otros medios y periodistas independientes.
La censura que imponen el Gobierno y otros Poderes del Estado se extendió los días 9 y 10 de marzo hasta una conferencia sobre la primera jornada de vacunación contra la influenza humana en el país. El Ministerio de Salud (Minsa) organizó una conferencia de prensa junto con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para informar sobre la jornada de vacunación contra el virus de una pandemia mundial.
El Gobierno sigue tratando de ahogar a los medios independientes negándoles la publicidad oficial; amedrenta a periodistas, editores, ejecutivos y dueños de medios con permanentes ataques verbales, amenazas y descalificaciones; crea foros de periodistas asalariados para que difamen a los comunicadores democráticos e independientes. Además el Gobierno continúa expandiendo sus medios de comunicación por medios poco claros. Todo esto, agregado a la crisis económica y financiera que ha incidido en la caída de la publicidad comercial, se ha traducido en una pérdida en general de la calidad informativa y ha agravado la situación general de la libertad de prensa en el país.
El 2 de diciembre de 2009, el presidente Ortega amenazó a LA PRENSA acusándola de promover una “política de terrorismo” porque este Diario criticó una reforma fiscal para sustituir fondos de la cooperación europea que fueron retirados por el fraude electoral municipal de noviembre de 2008. En el aniversario de esas elecciones fraudulentas, grupos de choque del gobernante Frente Sandinista lanzaron piedras y morteros contra las instalaciones de LA PRENSA y el Diario Hoy.
Por otra parte la Dirección General de Ingresos (DGI) está atrasando las constancias de exoneración a las que LA PRENSA tiene derecho aún aplicando la Ley 528 (Ley Arce). Esta ley —que desde julio de 2005 está cuestionada por varios recursos de inconstitucional presentados en la Corte Suprema por representantes de varios medios de comunicación—, con el pretexto de regular de hecho reforma el mandato constitucional que exonera de impuestos a los medios. Es decir que aún aplicando la ley inconstitucional el mismo Gobierno no la está cumpliendo. Además la Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar, ya casi por 8 años, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde el 4 de abril de 2002 contra la Ley Creadora del Colegio de Periodistas.
Un caso importante de este período ha sido la oscura compra de Telenica Canal 8 de televisión, que fue manejada en el más absoluto y sospechoso misterio y hasta el final se supo que los nuevos dueños estaban ligados a la familia o al círculo de poder del presidente Ortega. La familia gobernante está acaparando los medios de comunicación y a la vez es reconocida por su interés en suprimir o al menos limitar la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de información. En este canal de televisión el periodista disidente del FSLN, Carlos F. Chamorro, dirigía dos programas críticos a las políticas gubernamentales: Esta Semana y Esta Noche , los cuales fueron cancelados por el mismo Chamorro según dijo por razones de ética y principios. Los dos programas reaparecieron un mes después en el canal 12 de televisión.
El Jefe de Redacción de LA PRENSA, Eduardo Enríquez cumplió 7 meses de haber solicitado la reposición de su cédula que le fue robada. El trámite dura 15 días máximo y Enríquez ha escrito un sinnúmero de cartas a diferentes funcionarios, las que ni siquiera les han sido contestadas. Sin cédula no se puede comprar, vender o conseguir trabajo, ni aún cambiar un cheque. Enríquez ha sido acusado por el Presidente del Consejo Electoral de hostigarlo con investigaciones y en una ocasión lo llamó “estúpido”.
Los partidos políticos acusan al Consejo Electoral de adulteración y entrega discriminada de documentos de identidad para favorecer a los partidarios del Gobierno. En una investigación LA PRENSA encontró que una cédula fue extendida a un guerrillero colombiano de la FARC. Este año en la costa del Caribe de Nicaragua se le encontró una cédula a un colombiano narcotraficante detenido. El Nuevo Diario hizo una investigación y descubrió que adolescentes y menores de edad son prostituidas y les consiguen cédulas con las edades adulteradas, las que son otorgadas sin los documentos necesarios para la emisión debida.
Cuando se publicó la investigación sobre este tráfico de identidad con fines delictivos, el Consejo Electoral, en vez de investigar y castigar a los culpables, acusó a la joven Ramírez de falso testimonio, a pesar de que ella nunca usó la cédula para otro propósito que el de la denuncia periodística. La acusación no prosperó, pero el precedente es grave porque demuestra la intolerancia a las críticas de los medios independientes y falta de voluntad para corregir los abusos que se denuncian.
Por otro lado, el Procurador de la República, Hernán Estrada, en uno de los foros de periodistas oficialistas acusó a organizaciones de la sociedad civil de beneficiarse con un Programa de Donantes para la Anticorrupción, que según él pagan a periodistas y medios independientes para que realicen investigaciones periodísticas contra el Gobierno. Según Estrada, estos fondos son canalizados por medio del Centro de Investigaciones de la Comunicación y de la Universidad Centroamericana (UCA). La universidad aclaró que desde 2003 están involucrados en un proyecto para fortalecer el periodismo investigativo y que no se paga a los periodistas, sino que se premia los mejores trabajos. Estrada no presentó ninguna prueba de su acusación y dijo que aquí hay libertad de expresión y que él puede decir lo que piensa y quiere.
* El autor es Director de LA PRENSA. Resumen de su Informe a la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Aruba del 19 al 22 de marzo de 2010.
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