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Libertad de expresión sigue en peligro

Después de analizar durante cuatro días el estado de la libertad de expresión, los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) determinaron que Venezuela y Cuba siguen a la cabeza de los países en que la libertad de expresión se ha violentado constantemente, mientras en el resto del continente 13 periodistas fueron asesinados y la tendencia a crear leyes y normas que restringen la libertad de expresión y el derecho de informar y ser informado, crecieron en el último semestre.

Después de analizar durante cuatro días el estado de la libertad de expresión, los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) determinaron que Venezuela y Cuba siguen a la cabeza de los países en que la libertad de expresión se ha violentado constantemente, mientras en el resto del continente 13 periodistas fueron asesinados y la tendencia a crear leyes y normas que restringen la libertad de expresión y el derecho de informar y ser informado, crecieron en el último semestre.

En el caso de Nicaragua se presentó un informe que detalla que en este período se ha incrementado la política de secretismo y discriminación del Gobierno hacia los medios independientes y se les sigue ahogando a través de la entrega de la publicidad estatal; se amedrenta a periodistas, editores, ejecutivos y dueños de medios con permanentes ataques verbales, amenazas y descalificaciones; además se han creado foros de periodistas oficialistas. Y el Gobierno sigue expandiendo sus medios mediante transacciones poco claras.

El encuentro que tuvo como objetivo evaluar la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental se realizó Oranjestad, capital de Aruba, entre el 19 y el 22 de marzo.

Al concluir, se emitieron 21 resoluciones referidas a violaciones específicas en varios países, entre ellos: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, México, Argentina, El Salvador, Uruguay y Perú.

Respecto a las conclusiones destacó, entre otras cosas, que varios gobiernos continúan usando la distribución de la publicidad oficial para premiar o castigar a medios, en la medida en que pueden o no influenciar su línea editorial e informativa. En otros casos, gobernantes han repartido medios “entre personas amigas” y otros han sido confiscados.

También se señala que en el último semestre fueron asesinados 13 periodistas. Siete en México, uno en Brasil, tres en Honduras y dos en Colombia. Además, persiste la tendencia a aprobar leyes restrictivas en materia de prensa y de internet en varios países y de gobernantes que hostigan de manera permanente a los medios.

Como ejemplo se mencionó que en Argentina, Bolivia y Ecuador siguiendo el ejemplo de Venezuela, han cerrado decenas de emisoras de radio y canales de televisión abierta y de cable, de forma autoritaria.

CASO VENEZUELA

Durante la reunión se realizó un intenso debate para abordar el caso de Venezuela, en el que se permitió la participación de periodistas y funcionarios partidarios del gobierno de Hugo Chávez, a los que se les permitió contradecir las informaciones y conceptos del relator venezolano.

Al final se acordó “denunciar y condenar las acciones del gobierno del presidente Chávez contra la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Constitución Nacional en sus artículos 57 y 58 y en el principio número uno de la Declaración de Chapultepec. Y denunciar y condenar ante la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) las acciones que viene ejecutando para eliminar a los medios independientes.

Y se solicitó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, visite Venezuela para mediar ante la situación de los medios independientes.

CASO CUBA

Mientras el encuentro se realizaba, en Cuba la vida del periodista Guillermo Fariñas está en peligro, a consecuencia de una huelga de hambre que mantiene para exigir la liberación de 27 periodistas independientes, entre otros presos de conciencia, que aún permanecen en prisiones castristas.

Se acordó reiterar y exigir la liberación incondicional de los periodistas encarcelados y el respeto a la labor de comunicadores independientes. Y la suspensión de acciones represivas contra periodistas y blogueros independientes. Además se condenó el control gubernamental sobre internet y el bloqueo deliberado de los sitios digitales independientes y se reclamó a las autoridades un tratamiento respetuoso para los corresponsales extranjeros que trabajan en la isla.

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