Los socios de Laboratorios Solka S.A. llegaron por separado, unos provenientes de Venezuela, otros de Colombia y algunos de Estados Unidos, según su abogado, el doctor Alberto Dávila.
Después de varios meses de negociaciones secretas, un parco abogado, el entonces director de asesoría legal del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Elías Guevara, le comunicó la decisión de su jefe: la institución estatal prefirió adquirir otro laboratorio.
“Hubo un manoseo y burla, porque al final de la jornada, estando el doctor Guevara (hoy viceministro de Salud) nos dijo que habían priorizado Laboratorios Ramos. Estaba así dentro de un compás de espera la compra de Solka y también estaban otros laboratorios por adquirirse. En el orden sucesivo nos dijeron que éramos nosotros”, aseguró Dávila.
Dos meses antes de la compra de Laboratorios Ramos, pactada en 3.1 millones de dólares con la familia de un miembro fallecido de la cúpula del Ejército, el presidente ejecutivo del INSS, el capitán retirado Roberto López Gómez, había deslizado una propuesta a los dueños de Solka. Según la comunicación del 29 de septiembre de 2008, López Gómez —señalado de dar un trato privilegiado al Ejército en su gestión—, ofreció a los socios afectados con una intervención judicial cuatro millones de dólares.
Se ponía de ese modo a la cabeza de una estrategia de incursión agresiva del INSS en el mercado y de un conglomerado en que se asociaron con militares y policías, a merced de otras empresas vinculadas con asesores de funcionarios de Gobierno.
Según Dávila, los socios, que hicieron venir al país tenían sus papeles en regla, lo que hubiese puesto fin a la “primera confiscación de este Gobierno”.
LOS PLANES DEL FNT
El 10 de noviembre de 2006, Rubén Ulloa, principal sindicalista de la empresa, planteó después de felicitar al futuro presidente Daniel Ortega por su cumpleaños, la necesidad de aferrarse al concepto de empresa de los trabajadores.
Ulloa y su gente son firmes aliados del Frente Nacional de los Trabajadores, presidido por el diputado sandinista Gustavo Porras Cortés. En mayo de 2007, Ulloa y su gente finalmente se tomaron las instalaciones del laboratorio, en protesta por el despido de este sindicalista.
NEGOCIO REDONDO
Desde entonces, el negocio ha sido redondo. Dávila asegura que la administración calcula en lucro cesante y daño emergente al menos dos millones de dólares. El caso nunca se quedó estancado. Los empresarios lo han ventilado en distintas esferas de Gobierno. Tocaron la puerta incluso del asesor económico presidencial, Bayardo Arce Castaño, pero la respuesta no ha sido hasta ahora positiva, pese a que el mandatario ordenó a López resolver el asunto Solka en 15 días, según Dávila.
Arce Castaño mantiene bajo control desde hace años la sociedad Administración y Servicios Varios S.A. (Adysa), propiedad del terreno donde el INSS acaba de edificar una farmacia ubicada en la Colonia Centroamérica, que le está haciendo competencia desleal a 1,800 farmacias a nivel nacional.
LO PUSIERON EN VENTA
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno estudió la venta de los laboratorios. El Procurador General de la República, Hernán Estrada, narró que analizaron varias opciones de venta con empresarios indios, guatemaltecos y hondureños.
“Es un asunto que no sólo es de compra sino de composición accionaria y aglutinar los votos necesarios para llegar a una decisión… Ahorita hay una junta de los trabajadores administrando la empresa”, explicó el funcionario gubernamental intentando tomar distancia del control gubernamental que él deja en evidencia cuando asegura que como Gobierno apoyan a los trabajadores.
Estrada aseguró que no han llegado a un acuerdo con la familia Solórzano, porque ellos no se ponen de acuerdo. “Siempre hay distintos modos de ver dentro de esa familia que al final de cuentas no resultó atractiva para el oferente seguirla proponiendo”, se defendió el Procurador.
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