Luego de las vacaciones de Semana Santa, un grupo de figuras políticas y de la sociedad civil presentará un documento que esperan sea rubricado por todas las organizaciones políticas del país, con o sin personalidad jurídica, con el objetivo de que asuman un compromiso para participar en las elecciones nacionales del 2011, siempre y cuando sea bajo condiciones de transparencia y observación, señaladas en las leyes de la República, así como en tratados o normas internacionales.
De acuerdo con el grupo, que se denomina Comisión Nacional para la Transparencia y Observación Electoral 2011, la importancia de esa iniciativa es tratar de contribuir con “crear un clima propicio” para que los comicios nacionales de noviembre del 2011 sean transparentes y observados por organismos nacionales e internacionales.
Como parte de ese proceso, Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH); Gabriel Álvarez, del Movimiento por Nicaragua (MpN) y José Venancio Berríos, del Movimiento pro Voto, sostuvieron una reunión con monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, en la que solicitaron sus buenos oficios y de monseñor Leopoldo Brenes, para que ayuden a impulsar un proceso electoral más transparente, el cual incluiría el derecho de los ciudadanos, por ejemplo, de obtener su documento de identidad sin que primen intereses partidarios.
Carmona expresó que durante el encuentro plantearon a monseñor Báez la preocupación que existe en la ciudadanía por las irregularidades que afectaron los procesos electorales del 2008 y regionales de marzo pasado, y que ponen en evidencia que son procesos fraudulentos.
Una de las solicitudes planteadas a monseñor Báez es insistir en la necesidad de que, para los comicios nacionales del 2011, exista la apertura de parte de las autoridades correspondientes para permitir observación nacional e internacional durante el proceso electoral, misma que no se limite al día de las votaciones, para certificar un proceso sin manipulaciones, lo cual evitaría cuestionamientos sobre el candidato ganador.
“Si llegamos con los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, lógicamente esto va a ser un caos, porque al no haber observación nacional e internacional, significa que aquí va a haber otro gran fraude electoral”, apuntó Carmona.
Durante los últimos dos procesos electorales, el Consejo Supremo Electoral (CSE), aunque ha emitido el reglamento para la acreditación y participación de los observadores al proceso electoral, al final no aprobó la participación de organismos como Ética y Transparencia, así como el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), alegando que en el caso del primero, tiene inclinaciones políticas, por lo que no es apto para observar las elecciones.
Al final, el CSE únicamente aprobó la observación de organismos afines al partido de Gobierno o del mismo Poder Electoral.
Otro aspecto que fue desarrollado durante el encuentro fue el tema de la cedulación.
Para Carmona —sin importar las personas que sean electas como magistrados electorales—, lo primordial es quitar el sesgo político con el que se maneja la elaboración y entrega del documento de identidad, lo que también fue ampliamente denunciado por ciudadanos de las Regiones Autónomas del Atlántico, a quienes no se les cedían las cédulas si no se identificaban como simpatizantes del partido de Gobierno.
La Comisión Nacional para la Transparencia y Observación Electoral 2011 también abogó por la cedulación para los residentes en el exterior del país, ya que se les dificulta la adquisición de este documento de identidad.
Carmona recordó que la cédula no sirve únicamente para ejercer el voto, sino para realizar diversos trámites, por ser el único documento reconocido por la Ley de Identificación Ciudadana.
Para el representante de la CPDH, la idea de buscar a líderes de la Iglesia católica, además de ser los guías espirituales de una gran mayoría de nicaragüenses, fue por su posición de que se respeten los derechos de toda la población, por lo que “juegan un papel muy importante, de estar denunciando los abusos que cometen los diferentes Poderes del Estado”.
En reiteradas ocasiones representantes de la Iglesia católica han expresado a los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país, la necesidad de impulsar un diálogo, en aras de buscar soluciones que coadyuven a mejorar la situación de la mayoría de nicaragüenses, así como evitar actos de violencia.
Tanto en las elecciones municipales como las regionales, la Iglesia ha respaldado las denuncias de anomalías que han expuesto grupos políticos y cívicos, lo que ha causado cierta tensión con el partido de Gobierno, a quien acusan de forma directa de fraguar fraudes para mantenerse en el poder.
Asimismo, miembros de la Conferencia Episcopal también se han pronunciado porque haya cambios efectivos en el Poder Electoral, por lo que demandan a la Asamblea Nacional elegir personas idóneas, que impulsen cambios sustantivos en ese Poder del Estado, ante los cuestionamientos a los que se ha visto sometido, por la parcialidad de la que acusan a sus miembros.
La comisión que trabaja en la elaboración del documento está conformada, entre otros, por José Joaquín Quadra, Virgilio Godoy, José Rizo, Sergio Ramírez, Guillermo Vargas Sandino, Azalia Avilés y Humberto Belli.
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