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Nicaragua está en peligro de adentrarse en un camino, en el que tiende a reafirmarse un poder autocrático y a debilitarse, aun más, la legalidad y legitimidad del sistema jurídico y político, con grave perjuicio para la estabilidad social y económica y para la realización de cualquier proyecto de desarrollo humano.
Lo más inaceptable de todo es que una situación semejante ya la hemos vivido en repetidas ocasiones, y ya conocemos el costo que se ha debido pagar en materia económica, social y sobre todo humana, y el retroceso que tales períodos de autoritarismo han significado para nuestro país.
Ante esa configuración cabría preguntarse ¿Por qué se repiten los mismos hechos? ¿Por qué nuestra historia se asemeja a un mecanismo circular en el que el pasado regresa con diferentes nombres y personajes, pero repitiendo al fin los mismos o parecidos acontecimientos, que tanto sufrimiento han ocasionado a los nicaragüenses de distintas generaciones y diferentes épocas?
Es como la situación del caminante que por más que se afane en ir hacia adelante y alcanzar nuevos territorios, termina siempre en el punto de partida teniendo ante sus ojos el triste horizonte de los caminos recorridos.
El tiempo circular de nuestra historia política que con diferentes actores repite las mismas situaciones, obedece a una serie de factores entre los que podrían mencionarse, la ambición personal de poder, la debilidad de nuestras instituciones, y la conciencia crepuscular que nuestra sociedad tiene sobre el derecho y el papel esencial que le corresponde como factor de cohesión social y convivencia; además, y sobre todo, la manipulación de la ley por el poder cuyo objetivo no es solo demolerlo de frente con actuaciones arbitrarias, sino encubrir éstas con un ropaje de aparente legalidad que haga de la ley no tanto el obstáculo a destruir, sino el instrumento para engañar mediante la apariencia de legalidad y de respeto a sus mandatos.
La estrategia es la de manipular la ley más que atropellarla de frente, para encubrir con un ropaje pseudo legal las acciones de facto que están en el origen de todas las arbitrariedades y abusos. Esta manipulación se está transformando en un estilo de ejercer el poder y en una cultura general de la forma de percibirlo, aunque no falten atropellos frontales que pueden convertirse en costumbre, cuando éstos se banalizan por la indiferencia que produce el habituarse a las cosas por su repetición.
Hay toda una estrategia del poder en esa dirección, pues si el primer decreto presidencial que viola la Constitución produce la reacción de estupor e indignación, cuando el hecho se repite se vuelve una práctica que termina por aceptar pasivamente la fuerza de los hechos devenidos normales a causa de su repetición, ya que la transgresión de hoy hizo olvidar la de ayer, y la de mañana hará olvidar la de hoy. Además, si hubiere alguna acción legal para tratar de restablecer el imperio de la Constitución, los órganos judiciales encargados de tutelarlo, se ocupan de transgredirlo mediante “sentencias” que buscan como legalizar los abusos.
Los nicaragüenses todos, deberíamos esforzarnos en la construcción de un sistema político verdaderamente democrático; quienes ejercen el poder deberían saber que los afanes de perpetuidad generan violencia y sufrimiento, y que es patológico pretender que solo una persona, en el partido y en el país, es la llamada a gobernar. Cuando esto ocurre, cuando se reclama la presencia perpetua de alguien para gobernar y para ejercer el liderazgo en el partido, sea éste del gobierno o de la oposición, es signo inequívoco de que todo anda mal, y que la ambición y egolatría ilimitadas amenazan de nuevo la tranquilidad y la paz.
Hay que comprender que la estabilidad depende de la fortaleza de las instituciones y del respeto a la ley, de la alternabilidad de las personas en la dirección del país y de los partidos políticos, de la eficacia de los mecanismos de control jurídico y social, de la efectiva participación ciudadana, de conformidad con lo que la ley establece, en los asuntos públicos que interesan a la comunidad, en fin, de la existencia de una ciudadanía responsable como garantía real del respeto a la ley y el ejercicio democrático.
Deberíamos esforzarnos por concertar un proyecto de nación en el que todos se sientan y estén realmente representados, en el que prevalezcan las políticas sociales y el respeto a la dignidad y libertad de la persona; un proyecto de nación que excluya la presencia de seres “providenciales”, y permita la construcción de un país en el que las personas puedan alternarse en el gobierno pues la estabilidad no depende del humor de los caudillos sino de la fortaleza de las instituciones, en donde los gobernantes pasan porque las instituciones permanecen, y la alternabilidad es la norma de conducta porque su observancia y práctica modera el ejercicio del poder y garantiza la libertad, la justicia y la democracia. b
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