La sincronía pareciera ser algo más que casual. Mientras el llano supuestamente arde en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las aguas empiezan a calmarse en la Asamblea Nacional.
Cuatro directivos introdujeron ayer en la orden del día un proyecto de ley para anular el decreto presidencial 03-2010, que prorroga indefinidamente en sus puestos a 23 funcionarios de Estado.
- La diputada por la Bancada Democrática Nicaragüense, María Eugenia Sequeira, vio ayer con suspicacia que la crisis institucional del país haya pasado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde sólo existen magistrados del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del Partido Liberal Constitucionalista.
Por un lado la Sala Constitucional, que fue ilegalmente integrada, resuelve a favor del decretazo; y por otro lado se va a aprobar la iniciativa de ley contra el decretazo y lo que se viene es un conflicto y ya sabemos cómo se puede resolver, agregó Sequeira.
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El martes próximo, en una sesión ordinaria, se espera que la iniciativa pase a la Comisión de Justicia y luego el parlamento reactive sus labores con normalidad.
Pese a que un grupo de magistrados y ex magistrados sandinistas avaló ayer el decreto 03-2010, el primer secretario del parlamento, Wilfredo Navarro, indicó que el trámite de la ley contra el decretazo se mantiene firme para el martes.
“Todo lo que se haga con la participación de esos magistrados de facto no tiene ninguna validez en la Asamblea Nacional. Estos magistrados se colocan de espaldas a la legalidad. No podemos hacerle caso a lo que deciden, ni siquiera son magistrados, son extraños”, dijo Navarro.
Los tres directivos sandinistas insistieron hasta último momento, ayer, que se creara una comisión especial para analizar la ley contra el decretazo, pero dos miembros del Partido Liberal Constitucionalista y dos de la Alianza Liberal Nicaragüense votaron para que la iniciativa pase a la Comisión de Justicia.
Diputados no oficialistas han acusado al presidente Daniel Ortega de emitir una serie de decretos que violan las facultades de la Asamblea Nacional, por lo cual el trabajo legislativo se ha paralizado.
Este año el parlamento tiene un presupuesto cercano a los 400 millones de córdobas, pero sólo han aprobado una ley.
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