Eduardo Cruz y Arlen Cerda
El caos y la ilegalidad continúan apoderándose del Poder Judicial. Los magistrados liberales no llegaron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), amenazados por turbas orteguistas que ayer se tomaron la sede de la Corte.
Mientras, una supuesta Sala Constitucional, conformada sólo por magistrados orteguistas más los usurpadores Rafael Solís y Armengol Cuadra, emitió tres “sentencias”, dando supuesta validez al decreto del presidente Daniel Ortega y ordenando a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se abstenga de someter a consideración cualquier proyecto de ley para derogar el decreto 03-2010.
A esto se agrega que ayer mismo el abogado orteguista Armengol Cuadra, usurpando funciones de presidente de la Sala Penal de la CSJ, convocó a tres audiencias.
Como a las audiencias no llegaron el fiscal de casación Julio Montenegro ni tampoco los abogados defensores en los tres casos, se presentó el procurador Hernán Estrada a usurpar las funciones del Ministerio Público.
Estrada hizo que el procurador nacional penal, César Guevara, y el procurador auxiliar penal, Hernaldo Chamorro, cumplieran con atribuciones de la Fiscalía, actuando como acusadores en las tres audiencias convocadas ilegalmente por Cuadra.
María del Carmen Solórzano, fiscal departamental de Managua, explicó a un canal de televisión que legalmente la Fiscalía es la única institución representante de la sociedad y las víctimas, el acusador por excelencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Pero el procurador Estrada trató de justificar la usurpación, alegando que la Procuraduría intervino en las audiencias de ayer debido a la ausencia del Ministerio Público.
La fiscal Solórzano agregó que la PGR sólo representa al Estado en casos de corrupción, crimen organizado y todas las causas en que se ven involucradas las instituciones del Estado como partes. Y en ninguna de las tres audiencias de ayer estaba involucrado el Estado, ni como víctima ni como acusado.
En conferencia de prensa, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) dio a conocer que un grupo de juristas estudian la situación que ocurre en la Corte Suprema de Justicia, para luego dar a conocer a la población, a la comunidad internacional y a los cooperantes las consecuencias del “golpe de Estado” de los sandinistas en el Poder Judicial.
POLICÍA NO GARANTIZA SEGURIDAD A LIBERALES
Leonel Teller, vocero del PLC, indicó que los magistrados liberales no se presentaron a trabajar en la Corte ayer viernes porque policías les advirtieron que tenían órdenes de no intervenir a favor de ellos durante la marcha de los trabajadores judiciales sandinistas.
Teller afirmó que los diputados liberales “continuarán firmes” en la lucha por derogar el decreto en la Asamblea.
La posición del PLC, según Teller, es que todo lo ocurrido ayer en la Corte Suprema es nulo, tanto las tres supuestas sentencias emitidas por los orteguistas, como las audiencias realizadas en la Sala Penal.
Teller manifestó que el rompimiento del orden constitucional que provocaron los sandinistas tiene que ser llevado ante las Naciones Unidas, la OEA, la comunidad europea, e hizo un llamado a la Iglesia, a la empresa privada y a la sociedad civil entera a que cierren filas en contra del golpe a la Suprema.
AMCHAM “ALARMADA”
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) emitió un comunicado sobre la situación en el Poder Judicial, en el que se declaró “alarmada profundamente por la cada vez más extraordinaria crisis institucional que involucra a varias instituciones del Estado”, e hizo pública su posición de que los últimos acontecimientos sólo vienen a entorpecer el frágil Estado de Derecho y a irrespetar flagrantemente la Constitución Política y las leyes.
Para Amcham el decreto del presidente Ortega no es válido, porque él no tiene facultades para prorrogar en sus cargos a los funcionarios públicos a quienes se les venció su período en este año 2010, como es el caso de los ex magistrados judiciales Rafael Solís y Armengol Cuadra.
Amcham también rechazó la manipulación de los trabajadores del Poder Judicial, jueces y hasta magistrados de Apelaciones, quienes con sus marchas respaldan las ilegalidades de los orteguistas.
También critica la usurpación que hace la Procuraduría de las funciones del Ministerio Público e igualmente desconoce las tres sentencias que emitieron ayer los orteguistas.
El magistrado orteguista Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, señaló que las tres “sentencias” de ayer (emitidias irregularmente sin los magistrados propietarios) resuelven los amparos presentados en Granada, Bluefields y Matagalpa, los cuales tuvieron su origen en el amparo que presentó el diputado liberal Óscar Moncada en Masaya, en contra del decreto de Ortega.
Rosales indicó que la Sala Constitucional, también conformada sólo por orteguistas, ya resolvió el recurso de amparo de Moncada, rechazándolo, declarándolo sin lugar, y sobre esa base y la Ley de Amparo dictó que los otros tres amparos son improcedentes, porque al morir el primero de los recursos de amparo, todos los subsiguientes perdieron la razón de ser.
En su discurso de ayer, Solís manifestó que el pasado lunes le dijo “matón” al magistrado liberal Gabriel Rivera porque éste lo estaba insultando, llamándolo “guardia asesino”, sólo por haber pertenecido a la guerrilla y al Ejército Sandinista, de lo cual dijo sentirse orgulloso, arrancando aplausos de los trabajadores judiciales sandinistas.
Solís también anunció que el próximo martes van él, Cuadra y los marchistas orteguistas a la Asamblea Nacional, a demandar a los diputados que los reelijan y a darles a conocer todas las supuestas sentencias que han emitido a favor del decreto de Ortega.
El diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, opinó que el Gobierno del presidente Daniel Ortega “quiere imponer su voluntad a través de las turbas y la ley de las pandillas” y sugirió que los magistrados liberales deben seguir ejerciendo sus funciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a pesar de la amenaza de turbas.
“Lo que está clarísimo es que Ortega está tan empecinado en buscar su reelección que lo que está haciendo es usando turbas y toda la imaginación de las personas que trabajan con él para crear el ambiente que le permita conservar los mismos magistrados que le dieron la victoria electoral y los magistrados que le autorizan a participar (en las elecciones del 2011) en contra de la Constitución”.
Aguirre sostuvo que el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987 es inexistente porque tuvo carácter transitorio y rechazó la necesidad de una interpretación de la ley, porque “todo está clarísimo, sino ¿por qué no se hizo referencia al párrafo de ese artículo en el preámbulo del decreto que Ortega publicó antes?”, cuestionó.
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