LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

Por Emiliano Chamorro y María José Uriarte

Bayardo Arce Castaño, asesor económico del presidente Daniel Ortega; el magistrado orteguista Francisco Rosales Argüello y el abogado usurpador de cargo público en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, amenazaron con juicios políticos contra miembros de la oposición que no avalen sus tropelías.

Ahora fue contra los diputados, a quienes Arce recordó que existen mecanismos en la Constitución y en las leyes de la República para removerlos de sus escaños al no cumplir con sus obligaciones parlamentarias. Además los acusó de implementar un plan para desestabilizar a la actual Administración.

“Yo le diría al presidente (Daniel) Ortega que tendríamos que aferrarnos a defender las instituciones, porque aquí hay un plan de la oposición, en sus debilidades y mal aconsejadas por algunos sectores gringos, que todavía piensan en la desestabilización como carta de presentación en sus relaciones, y con esa imagen de caos creían ellos que podían facilitar que estos factores externos vinieran a intervenir en Nicaragua (…)”, dijo Arce.

Añadió que “desde el año pasado se dijo que aquí iba a haber una crisis institucional. Desde el año pasado se dijo que no se iba a elegir a nadie para que no hubiera Contraloría, no hubiera Poder Electoral, no hubiera Corte (Suprema de Justicia)”.

Sin embargo, lo que ha mantenido la oposición es que no se puede reelegir, como quiere el Gobierno, a funcionarios que han hecho gala de su corrupción, particularmente en el Consejo Supremo Electoral, o a quienes violando la Constitución han acatado el ilegal decretazo del presidente Daniel Ortega y permanecen en sus cargos aún cuando constitucionalmente se les venció el período

EL MUNDO AL REVÉS DE RAFAEL SOLÍS

Por su parte, el abogado y ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís Cerda, no descarta que se pueda acusar a los diputados opositores por la vía judicial, amén de que ostenten inmunidad, lo que es analizado por equipos de la Fiscalía y de la Procuraduría Penal.

“A simple vista es obvio que los que ya dieron declaraciones, ya pueden incurrir en el delito de desacatar la Constitución Política que está penado en el Código Penal; hay otros que tienen que ver con la incitación como el desacato, asociación ilícita para delinquir, son como tres o cuatro los delitos que se pueden estar cometiendo de parte de ellos”, subrayó Solís, quien en realidad es quien delinque.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, desestimó que se contemple la posibilidad de incorporar a los diputados suplentes —de mantenerse la actitud de los parlamentarios propietarios de no establecer quórum— si no se tramita la Ley para derogar el decretazo para pasarla a la comisión de justicia.

EL GARROTE Y LA ZANAHORIA

Pero así como Bayardo Arce amenaza con destituir diputados, a renglón seguido ofrece evitar la crisis político-jurídica que se “pretende crear desde la oposición” a través del diálogo, aspecto al que aseguró “están anuentes el Gobierno y el Frente Sandinista”.

“Lo que no contaron es que la misma Constitución, las mismas leyes, nos iban a permitir encontrar la salida. Inclusive, todavía la actitud de los diputados que tienen saboteada la Asamblea y que de manera descarada, yo creo que ganan 3 mil 500 ó 4 mil dólares al mes, ¿cómo es posible que estamos en abril? Enero, febrero, marzo, abril…, se han metido 12 mil dólares en la bolsa. Los sandinistas llegan a trabajar, los que llegan a sabotear son los liberales; 12 mil dólares cada diputado, (y) 200 galones de combustible de gasolina al mes cada diputado, ¿para que no trabajen? ¿Y para que todo este tiempo sólo hayan aprobado una ley?”, cuestionó Arce, al argumentar las medidas que se pueden imponer a los parlamentarios.

IMPOSICIÓN DE ILEGALIDAD

El abogado usurpador Rafael Solís enfatizó que la sentencia emitida el pasado viernes, que manda a no tramitar la Ley que deroga el decreto 03-2010, debe ser acatada por la Asamblea porque es de ineludible cumplimiento.

Para Solís, jurídicamente la Asamblea Nacional ya no puede hacer nada contra la ilegal sentencia de la Sala Constitucional, que preside el magistrado Francisco Rosales, aunque dijo que de manera política pueden actuar.

MAGISTRADO ROSALES DESEA JUICIOS

Por su parte, Rosales no descarta que se puedan impulsar juicios políticos contra los diputados para perder su condición.

“Perfectamente, viene un proceso político contra estos diputados. Ése es un proceso en el que nos estamos encarrilando. ¿Entonces qué nos sugiere esto, en el aspecto político? Depongamos actitudes individualistas; dejemos de considerarnos primadonas y sentémonos a negociar. Desde que existe el Estado moderno se negocia”, aseveró Rosales.

DEROGAR EL INEXISTENTE 201

Para Solís, una salida a la crisis institucional, además de realizar la elección de los funcionarios a los cuales se les venció su período o está por vencer, podría ser la derogación del controversial segundo párrafo del artículo 201 de la Carta Magna de 1987 que el orteguismo “revivió” 20 años después de que había caducado.

No obstante, reconoció que ninguna de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional tiene la mayoría calificada, es decir 56 votos, para hacer esos cambios a la Constitución.

Sin embargo, ése no es más que un juego de palabras del abogado Solís, ya que el artículo 201 caducó en 1990 cuando cumplió su función.

“De manera que hay que tener paciencia, tener calma y esperar que se hagan las elecciones de los 25 funcionarios, probablemente ya en los próximos meses, en las próximas semanas, porque ya con esto la Corte le dijo a la Asamblea (que) el decreto es válido”, insistió Solís.

Advirtió que si el Poder Legislativo no respeta lo resuelto por “el Poder Judicial”, éste no tiene por qué acatar lo que apruebe el parlamento.

CULPA DE LIBERALES

Tanto para Arce como para Solís, la responsabilidad de la crisis recae en las fuerzas liberales, al no ponerse de acuerdo en cuanto a qué candidatos respaldarán para que sean electos para los distintos cargos en Poderes e instituciones del Estado.

Sin embargo, el partido de Gobierno el que no se decide a negociar la elección de los funcionarios públicos, como parte de una estrategia para mantener mediante el decretazo a varios funcionarios que convienen al Frente Sandinista, entre ellos, a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), tomando en cuenta que en el 2011 se realizarán elecciones nacionales, y que el presidente Ortega quiere reelegirse, a pesar de que la Constitución señala que ya no puede.

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