Tomado de EL UNIVERSAL
Caracas, Venezuela
La Coordinadora del Movimiento Ecológico Humanista, disidente del chavismo y figura política de peso en el estado Bolívar, Pastora Medina, libra una lucha desigual en el Parlamento de Venezuela, donde, a merced de su abrumadora mayoría, el oficialismo está desarrollando una veloz ofensiva en la aprobación de un paquete de leyes que, a su juicio, tiene como finalidad la fundación de un Estado socialista.
¿Recurrirá la Asamblea Nacional al método Kirchner de hacer aprobar una serie de leyes antes de que se constituya el nuevo Parlamento?
Claro que sí. Ya está ocurriendo. Desde el año pasado y en este momento es tremenda la cantidad de leyes que se han presentado ante la Cámara sin el conocimiento previo de los diputados y sin una discusión con los sectores afectados.
Es decir, votan las leyes sin conocer su contenido.
Así es en muchos casos. Aprobaron, por ejemplo, un proyecto de ley que simplifica los trámites para las importaciones y exportaciones por parte de las empresas del Estado, pasando por encima de los controles establecidos. Este año se aprobó, en tiempo récord, la ley orgánica del sistema financiero para estatizar la banca y tener un mayor control sobre las actividades financieras privadas. Igual ocurrió con la Ley del Banco Central que, con la nueva normativa, se convierte en un ministerio más.
¿Por qué?
Porque se le priva de las funciones establecidas en la Constitución, que le otorga la potestad para regular la actividad financiera, las tasas de interés, las reservas y lo colocan en disposición de financiar los fideicomisos del Gobierno, cuyos funcionarios tienen la atribución de intervenir en las decisiones del Banco Central. Además, ahora tiene funciones sociales que desdibujan su rol.
¿Y las otras leyes?
Hay algunas aprobadas en primera discusión como la de Participación Popular, a través de la cual se crea el Estado Comunal sobre la base de los consejos comunales y las comunas. Sin ningún tipo de articulación con las alcaldías y gobernaciones, se desdibuja el tipo de Estado planteado en la Constitución con estructuras que no aparecen en ésta. Luego vendrá el Parlamento Comunal, que posiblemente el Presidente anuncie el 19 de abril. También se aprobó la Ley de Planificación Pública, donde se centraliza la planificación municipal y regional. La Ley de Entrega de Tierras Urbanas consagra la potestad de los consejos comunales para disponer de todo terreno que permanezca sin uso. Y hay otras leyes, como la de Propiedad Social, cuyo contenido desconocemos aún.
Todo un entramado legal que modifica radicalmente la estructura del Estado.
Están armando un anillo jurídico para que el Presidente pueda actuar sin ningún tipo de obstáculo. La próxima semana se va a discutir la Ley de Bandes (fondo de inversiones).
Dices que la ley de sistemas financieros permite la estatización de la banca.
Así es. Esa ley, aprobada hace dos semanas, le otorga funciones al Estado para intervenir la banca privada. Yo le envié el proyecto a las universidades, al sector financiero y la Asociación Bancaria, pero no hubo respuesta. Es preocupante esa falta de reacción, incluso, por parte de los más afectados por ese conjunto de leyes. No sé si la gente está esperando el 26 de septiembre (elección de parlamentarios), perdió la fe o tiene miedo. Claro, a veces no hay tiempo ni para la discusión, porque nos entregan la ley y al día siguiente la están aprobando. Es un proyecto tras otro y por ahí vienen la ley del TSJ y la de seguros.
Si los diputados desconocen los proyectos de leyes es porque no intervienen en su elaboración. ¿Dónde está esa fábrica de leyes? ¿Acaso en Miraflores (Casa Presidencial)?
Ellos no dan un paso en falso. Los proyectos de leyes vienen de Miraflores y de las comisiones no sale nada hasta tener el visto bueno del Gobierno. En todos esos instrumentos legislativos priva la presencia totalizadora del Gobierno y en ese sentido resulta evidente la asesoría cubana. Están desmontando la estructura establecida en la Constitución y así, a la par que desconocen gobernaciones y alcaldías, la mayoría de leyes están cruzadas por el poder de los consejos comunales, que tienen atribuciones hasta para escoger jueces. Se trata de montar un aparato socialista que no aparece en la Constitución. Aunque ellos argumentan que el artículo 3 de la Constitución, que consagra un Estado de Derecho y de Justicia, es un mandato para el establecimiento del socialismo.
Ese apresuramiento en aprobar esa cantidad de leyes, ¿no es demostración del temor a perder la mayoría en la Asamblea nacional?
Creo que sí porque la violencia con que vienen impulsando ese conjunto de leyes, sin ningún tipo de debate, es inusitada. El debate se hace sólo con los diputados implicados en el asunto porque más nadie participa, con excepción de quienes estamos en la oposición. Pero lo peor es que la información no sale a la calle y mucho menos se discute sobre los contenidos de las leyes. Yo le pregunté a representantes de los sectores financieros sobre las leyes que les conciernen directamente y nadie las conocía. El Gobierno no le consulta ni siquiera a su propia gente. Con esa premura buscan llegar a junio con todas las leyes aprobadas y dedicarse a la campaña. Pero temen que no puedan tener la fuerza necesaria para imponer esas leyes en la nueva Asamblea con la impunidad con que las imponen ahora.
¿A qué atribuyes la pasividad del país ante esa arremetida?
Eso es triste. Cuando se aprobó la Ley de Tierras, apenas si hubo información en los medios. Quizás los sectores políticos están distraídos en otras cosas y llama la atención que la Mesa de la Unidad no discuta, no denuncie, no se involucre en estos temas fundamentales. Es angustioso porque aprueban leyes sin la mayoría calificada y somos muy pocos quienes nos oponemos.
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