Por Elizabeth Romero y María José Uriarte
Nuevamente la actuación de la Policía Nacional ante el caos ocasionado por grupos delincuenciales del orteguismo fue objeto de severas críticas de parte de distintos sectores.
Representantes de organismos de derechos humanos consideraron que faltó beligerancia en el comportamiento policial, para evitar la anarquía provocada por los seguidores de los ex magistrados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra.
Como ocurrió anteriormente con funcionarias policiales que el año pasado asistieron a una actividad del partido de Gobierno, ahora un agente policial, megáfono en mano, participó como un activista más de las turbas orteguistas frente al hotel Holiday Inn.
Esta vez, a la Policía le correspondió justificar la actuación del inspector Vicente Ramírez, asignado al área de Seguridad Pública del Distrito Cinco de la Policía de Managua, quien vestido de civil se encontraba entre los grupos vandálicos.
“Sí, es un policía”, confirmó la jefa de Relaciones Públicas de la Policía, comisionada mayor Vilma Reyes, pero alegó que éste “se encontraba en trabajos operativos para garantizar la búsqueda de información en el lugar”. No obstante, la forma en que fue captado el agente policial, megáfono en mano, no aparentaba que anduviera en trabajo de inteligencia policial.
POLICÍA “BLANDENGUE”, “PASIVA” Y “TÍMIDA”
“Nos preocupa la actitud pasiva y permisiva de las autoridades de la Policía Nacional”, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quien manifestó que se demuestra una vez más que el presidente Daniel Ortega tiene el control de la Policía.
Para Roberto Petray, representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ( ANPDH), la Policía actuó de forma “blandengue”, con lo cual dejó a la ciudadanía expuesta al peligro.
Petray y Carmona coincidieron en que la Policía debió actuar de forma más beligerante, sobre todo porque los seguidores de los ex magistrados orteguistas estaban atacando la propiedad privada, donde además de los nacionales se encontraban en el local ciudadanos extranjeros.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, por su parte, dijo: “Yo vi a la Policía muy tímida”.
“En un momento la vi demasiado pasiva, inmóvil en otros momentos que tuvieron que defenderse, porque las turbas se venían encima. Pero ellos pudieron evitar la agresión y daños al hotel”, refirió Núñez.
- Aunque no se cuantificaron los daños ocasionados por las turbas orteguistas al hotel Holiday Inn, su gerente general, José Solórzano, dijo que la mayor preocupación eran los huéspedes, los que se encontraban aterrorizados por la acción vandálica de los grupos que llegaron incitados por el ex magistrado Rafael Solís.
“Nos estamos ocupando primero de las personas, después de lo físico del hotel, vamos a hacer primero la evaluación de todo lo que costó (los daños)”, señaló bastante preocupado Solórzano.
El gerente general del Holiday Inn, quien en un primer momento se ubicó en la entrada principal del hotel, no quiso referirse a los responsables que incitaron a las turbas a llegar donde sesionaban los parlamentarios de la oposición, para que asumieran los daños ocasionados con el lanzamiento de morteros y piedras.
“Veo un montón de gente con banderas rojinegras y tirando morteros, desbaratando el hotel, eso es lo que yo estoy viendo”, dijo, agregando que correspondía a los periodistas determinar quiénes eran los autores intelectuales.
Solórzano expresó que corresponderá a la Junta Directiva del hotel determinar si implementarán nuevas medidas ante lo sucedido ayer, y que al ser su negocio la hospitalidad, no podían negarse a la celebración de la sesión en uno de los salones del Holiday Inn, causa por la que fueron atacados.
Al momento de la agresión, muchos de los huéspedes que se disponían a salir, hacia el aeropuerto o a diligencias propias, se mostraron preocupados en el área de recepción del Holiday Inn, ante el temor de que las turbas lograran su objetivo de ingresar a esas instalaciones.
Para José Solórzano, los daños no son únicamente los materiales, sino la imagen de Nicaragua en el exterior, al afectar a los turistas, lo que obviamente puede incidir en que baje ese rubro.
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VOCERA POLICIAL SE JUSTIFICA
La comisionada mayor Vilma Reyes alegó que esa institución había adoptado las medidas correspondientes, pues desde las 6:00 a.m. estableció su dispositivo de seguridad en la Asamblea Nacional y al cambiar al hotel Holiday Inn, también designó un dispositivo policial. Y aseguró que al finalizar la actividad de los diputados “garantizó la integridad y la seguridad física de ellos”.
“Lamentablemente al momento de la salida del diputado (José) Pallais del hotel, su vehículo recibió unas pedradas que dañaron el vidrio”, sostuvo la vocera policial. Pero según Reyes, en ningún momento el enlace que tiene la Policía con los diputados ni la jefatura policial recibieron requerimiento de algún diputado.
Sobre el señalamiento que hacen los organismos de derechos humanos, acerca de la actuación policial, la vocera recordó que la institución siempre ha dicho que ante protestas o conflictos políticos y/o sociales, la prioridad es garantizar la seguridad de las personas y también evitar el escalamiento del conflicto; “fue lo que hicimos”, argumento que se cae al ver cómo agredieron a los diputados liberales José Pallais y Óscar Moncada.
POCAS FUERZAS POLICIALES
A pesar de que los sandinistas advirtieron de la movilización hacia la Asamblea Nacional y después hacia el Holiday Inn, la fuerza movilizada por la Policía Nacional fue mínima en un primer momento.
En las afueras del hotel capitalino, los antimotines no superaban los veinte efectivos y sólo cubrían un lado de la entrada principal del Holiday Inn, dejando descubierto el acceso por el lado izquierdo.
Las fuerzas no pudieron impedir el ataque con morteros y piedras contra las instalaciones y entrada principal del hotel capitalino. Hasta mucho después fue que llegaron los refuerzos, cuando los daños pasaron de la posibilidad a la realidad.
A pesar de la regulación que existe en la Ley 510, que regula el uso de armas de fuego, explosivos y municiones, en la cara de los miembros de la Policía Nacional jóvenes con tatuajes se paseaban frente a ellos con morteros en mano, tanto en las afueras de la Asamblea Nacional como del Holiday Inn, sin que los agentes hicieran algo.
SEÑALAN A COMISIONADO ROCHA DE TENDER TRAMPA
El diputado liberal Óscar Moncada considera que cayó en una trampa junto a sus correligionarios José Pallais y Luis Ulises Alfaro, después que el comisionado general Horacio Rocha les afirmara que podían salir de las instalaciones del Holiday Inn, pero al final fueron emboscados por las turbas orteguistas.
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“Fue prácticamente una trampa, el comisionado (Horacio) Rocha nos dijo que saliéramos hacia la izquierda, que era seguro, pero nos emboscaron y sufrimos la agresión de parte de las turbas”, precisó Moncada.
El diputado liberal sufrió una herida en el antebrazo derecho y en la pierna. El vehículo asignado a él por la Asamblea Nacional, como directivo parlamentario, resultó bastante dañado por las piedras lanzadas por los orteguistas, ya que fueron quebrados la mayoría de los cristales del mismo.
Los parlamentarios tuvieron que refugiarse en la sede del PLC, en el barrio 3-80, donde estuvieron sitiados durante un rato, y por lo tanto, la atención médica les fue brindada por paramédicos en esas instalaciones.
GRANERA DEBE RESPONDER POR INCAPACIDAD POLICIAL
Para el magistrado Moncada, la primera comisionada Aminta Granera debería responder por la incapacidad de la Policía Nacional de controlar las agresiones contra los diputados opositores, ya que desde el pasado martes los sandinistas anunciaron que se apostarían en los alrededores de la Asamblea Nacional.
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Moncada desistió de impulsar alguna acción legal por el delito de exposición de personas al peligro, porque se preguntó que quién iba a impartir justicia, si los que deben hacerlo fueron precisamente los que los agredieron.
Por su parte, el también diputado liberal José Pallais, quien sufrió una herida en la parte del codo izquierdo, calificó de “deficiente” la actuación de la Policía Nacional, y tampoco cree que puedan hacer más, ya que en Nicaragua no hay respeto a las leyes, ni a los derechos de los ciudadanos de parte de la Administración Ortega.
El diputado Ulises Alfaro resultó herido en la mano izquierda.
La vocera policial dijo que en el caso de la agresión a los diputados, la Policía levanta el instructivo correspondiente de los sucesos que se dieron, sobre todo a los daños de la camioneta del diputado Pallais.
Para la presidenta del Cenidh, lo ocurrido ayer “es una situación verdaderamente inédita y grave en la historia del Poder Judicial”. Y estimó que “tiene consecuencias más graves que un golpe de Estado”.
“ORTEGA ESTÁ USANDO EL TERRERISMO DE ESTADO”
Para Núñez todo esto crea incertidumbre jurídica, pues los encargados de hacer respetar la ley son los primeros que la manosean y la atropellan. A esto Núñez agregó la situación de pánico que se generó en los alrededores de la Asamblea Nacional, justo cuando los jubilados que ayer recibían sus pagos en las inmediaciones del parlamento estuvieron expuestos al peligro.
“Daniel Ortega está usando el terrorismo de Estado”, indicó Núñez, quien consideró que es para presionar al ex presidente Arnoldo Alemán para que elijan “en combo” a los funcionarios públicos.
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Petray coincide con Núñez, en cuanto a que los orteguistas “están sembrando el caos”, para obligar a la oposición a que acepte la reelección de funcionarios como Roberto Rivas, que considera “es el principal”.
También consideró que esta situación de “zozobra” la mantendrán los orteguistas por lo menos hasta junio, para obligar a la oposición a aceptar sus imposiciones.
Petray lamentó que con el vandalismo expusieron a las personas al peligro. Y, según dijo, muchos de los funcionarios de los juzgados fueron llevados a la fuerza, pues “al que no va lo corren”.
Carmona, por su parte, estimó que el país “está sumergido en la inmundicia de la impunidad”, en la que los orteguistas buscan imponer el miedo. Y con esos actos vandálicos el país está siendo llevado “a una incertidumbre, a la anarquía, al limbo jurídico”.
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