La primera comisionada Aminta Granera Sacasa, jefa de la Policía Nacional, ha sido incapaz de cumplir con su deber de garantizar el orden público y controlar el desborde de violencia desatada en los últimos días por las turbas de partidarios de Daniel Ortega. La Policía Nacional comandada por Granera, ni siquiera ha tenido capacidad para garantizar el ingreso de los diputados de la oposición a la sede de la Asamblea Nacional, ni para protegerlos de las agresiones de las desenfrenadas turbas oficialistas.
Pero si la primera comisionada Granera Sacasa es incapaz de cumplir su deber legal y moral, porque no se lo permite Daniel Ortega —quien es su jefe inmediato por mandato constitucional—, entonces, por decoro personal y entereza cívica ella debería renunciar a la jefatura de la Policía Nacional.
La verdad es que la pasividad de la Policía más bien parece complicidad con las turbas orteguistas, que han cerrado los accesos a la Asamblea Nacional para no permitir el ingreso de los diputados de la oposición, que atacaron con morteros el hotel Holliday Inn a fin de tratar de impedir que los diputados sesionaran legalmente, han agredido y lesionado a parlamentarios opositores y han creado un ambiente de incertidumbre y terror en la ciudadanía nicaragüense.
La Policía tampoco ha tenido capacidad ni voluntad de proteger la sede del movimiento político, democrático y cívico Vamos con Eduardo-PLI, donde los diputados de dicha formación política y otras personas que estaban dentro del edificio, fueron sitiados y prácticamente secuestrados por las turbas orteguistas azuzadas por ex magistrados del Poder Judicial pertenecientes al partido Frente Sandinista.
Las informaciones sobre la violencia orteguista y los ataques de las turbas oficialistas contra la Asamblea Nacional, el hotel Holliday Inn, la sede del Movimiento Vamos con Eduardo y los diputados de la oposición le han dado la vuelta al mundo. Estas noticias vergonzosas han ocupado los espacios de todos los medios de comunicación importantes del mundo. De nuevo a Nicaragua se le identifica como un país donde no se respeta la ley ni existe el derecho, un Estado fallido y de facto gobernado —o más bien dicho, desgobernado— por individuos autoritarios y salvajes que imponen su voluntad por medio de la fuerza bruta, ante la indiferencia o la complicidad de un cuerpo policial que, no obstante, se precia de ser profesional, apolítico, apartidista, servidor de la comunidad y un as en la lucha contra la delincuencia.
Durante los gobiernos democráticos de abril de 1990 a enero de 2007, la Policía dejó de llamarse sandinista y de ser un instrumento represivo del FSLN. Adoptó entonces el nombre de Policía Nacional y se transformó en un órgano de seguridad pública profesional, apolítico y apartidista. En ese tiempo la Policía actuó efectivamente al servicio de todos los nicaragüenses, independientemente de sus simpatías políticas y su filiación ideológica.
En virtud de esa reconversión y de los éxitos que como consecuencia logró en su desarrollo institucional, así como en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado y en general en la salvaguarda de la seguridad pública, la Policía Nacional se fue ganando la confianza, el reconocimiento e inclusive el cariño de todos o de la gran mayoría de los nicaragüenses. Debido a eso la primera comisionada Aminta Granera ha sido destacada en las encuestas independientes, como el personaje nacional que tiene más opiniones positivas y menos negativas en el país. Y en algunos círculos políticos hasta se le ha considerado como una potencial candidata exitosa, para la Presidencia de Nicaragua o la Alcaldía de Managua.
Sin embargo, todo ese reconocimiento público y potencial político lo está echando a perder la primera comisionada Granera Sacasa, ante el notorio retroceso institucional de la Policía y al someterse ella a los designios autoritarios de Ortega e incumplir su obligación de proteger a los ciudadanos y a los representantes de la oposición agredidos por las turbas.
Si es por órdenes de Daniel Ortega que la primera comisionada Granera Sacasa no está cumpliendo su deber constitucional y legal, ella debería decirlo públicamente y renunciar a la jefatura de la Policía Nacional. De lo contrario, habrá que creer que está de acuerdo con esas agresiones a la democracia y con el plan orteguista de restaurar la dictadura en Nicaragua.
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