Expertos en Derecho Constitucional aseguran que la sesión de la Asamblea Nacional realizada este martes en un hotel capitalino, donde los legisladores opositores enviaron a comisión una ley para derogar el decreto 03-2010, cumplió con el quórum de ley y no puede ser anulada con el pretexto de que fue realizada fuera del edificio parlamentario.
Si la desconocieran, también habría que anular los más de tres años de gestión del presidente Daniel Ortega, ya que él nunca ha ejercido el cargo en la Casa Presidencial, sino que lo hace desde la casa en que habita y usa como oficina de su partido, el Frente Sandinista (FSLN).
“La Asamblea Nacional existe donde están los diputados. Un poder del Estado no es un edificio…. No es el edificio el que le confiere legalidad y legitimidad… Si fuera el edificio, tendríamos un problema con la presidencia de Ortega porque él trabaja en su casa y en la secretaría de su partido”, explicó el constitucionalista y ex presidente de la Asamblea Nacional Cairo Manuel López.
El también especialista en derecho constitucional, Omar García Palacios, dijo que los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contemplan los elementos necesarios para realizar una sesión de ese tipo.
Otros artículos conceden al resto de directivos el derecho de asumir la función del Presidente, en caso de que él esté ausente, como ocurrió en la sesión de este martes.
Los especialistas atribuyen la crisis que afecta al país al deseo irracional del presidente Daniel Ortega por conseguir la reelección, que desesperado por no conseguir los votos en el parlamento para reformar la Constitución, ha decidido cometer una serie de irregularidades.
Afirman que mientras continúe la “situación excepcional”, en que turbas orteguistas asedian a los diputados opositores y les impiden entrar al edificio de la Asamblea Nacional, los diputados pueden seguir sesionando en el local que estimen conveniente, siempre y cuando cumplan los requisitos que establece la ley, entre éstos la presencia de una mayoría de directivos y de diputados.
DESOBEDIENCIA CIVIL
El constitucionalista Gabriel Álvarez señala que la salida “idónea” sería retornar al camino del Estado de Derecho, pero esto sólo sería posible si el partido de gobierno retoma la cordura y “el pragmatismo que ha caracterizado al presidente Ortega”. Si esto no sucede, el pueblo puede optar por la desobediencia civil, advirtió.
Otros posibles escenarios, según Álvarez, es que los partidos vuelvan a las componendas y pactos que los han caracterizado. Para López, la población de Nicaragua podría estar “acudiendo a la extinción del Estado de Derecho”.
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