Algunos observadores del acontecer político nicaragüense, sobre todo diplomáticos extranjeros, no se explican por qué los partidarios de Daniel Ortega y del FSLN —incluyendo a “honorables” magistrados y jueces, así como funcionarios políticos y administrativos del Poder Judicial—, han mostrado tanta furia y violencia ante un hecho tan común en la democracia, como es el de que la oposición parlamentaria rechace un decreto presidencial.
¿Por qué tanto alarde de violencia como la que desató el oficialismo en esta semana, si es que Daniel Ortega está seguro de que es válida la resolución de los seis magistrados del FSLN, que suspendieron la vigencia del artículo 157 de la Constitución a fin de que él pueda aspirar a otra reelección presidencial? ¿A qué se debe tanta agresión oficialista, si Ortega está convencido de que sus cuadros políticos que han concluido o están terminando sus períodos como funcionarios estatales, seguirán firmes en sus puestos amparados por su decreto presidencial?
Además, si el orteguismo cree que al exhumar una disposición transitoria de la Constitución de 1987 —la cual fue establecida expresamente para un caso que se resolvió hace ya 23 años—, ha sustentado legalmente el decreto presidencial que dispone mantener en los cargos a aquellas personas que ya cumplieron o cumplirán próximamente sus mandatos, ¿cómo explicarse entonces esa demostración de fuerza bruta de magistrados y jueces del Poder Judicial que pertenecen u obedecen al FSLN? ¿O es que el mismo Ortega y sus asesores no creen en la validez de sus propias decisiones?
La realidad es que Daniel Ortega está claro de la falsedad y nulidad de la resolución de sus magistrados, los cuales no pueden suspender la vigencia del artículo constitucional (147) que prohíbe expresamente la reelección presidencial consecutiva y por más de dos períodos. Y sabe también que su decreto para prorrogar el mandato de los magistrados y otros funcionarios estatales elegidos por la Asamblea Nacional, no tiene validez. Ortega y sus asesores temen que un tribunal supranacional, al que podrían ser sometidos esos actos jurídicos fallidos por la falta de justicia en Nicaragua, tendría inevitablemente que declarar su flagrante nulidad.
De manera que Daniel Ortega necesita legitimar sus acciones para reelegirse y perpetuarse en el poder, específicamente la resolución de los magistrados del FSLN y el decretazo. Y para eso requiere de un nuevo pacto como el de 1999 y sus revalidaciones posteriores, ahora con el fin de reformar el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección, y para mantener y reforzar su control sobre el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y demás instituciones del Estado.
Todo el montaje de violencia, agresión contra los diputados opositores, ataques a la propiedad privada e intimidación de la ciudadanía, es para obligar a la oposición a aceptar el nuevo pacto y someterse a las imposiciones orteguistas.
Por otra parte, con sus demostraciones de furia, brutalidad y violencia el orteguismo también le está advirtiendo a la oposición que todo aquello que no quiera aceptar por “las buenas” — o sea por medio de la claudicación opositora y el pacto—, tendrá que aceptarlo por las malas. Eso es lo que explica que Daniel Ortega haya llegado al extremo de lanzar a las calles inclusive a los magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial, a actuar como turbas y pandilleros, hundiendo do la administración de justicia en la condición más baja de la degradación institucional.
La partidarización del Poder Judicial es un problema gravísimo. En todas partes del mundo civilizado, la administración de justicia es considerada una función sumamente delicada. Por eso se suele decir que los jueces, para ser dignos de ese título tan honroso, ante todo tienen que ser independientes y honorables y tanto mejor si además saben derecho. Pero sin duda que para administrar justicia es necesario conocer el derecho. Sin embargo, de nada sirve que los magistrados y jueces conozcan la ciencia jurídica si no son independientes y carecen de honestidad, porque entonces no pueden ser justos. Y ésta es la penosa situación en que se encuentra la administración de justicia en Nicaragua, que ha sido degradada al extremo por el régimen autoritario y corrupto de Daniel Ortega.
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