Los nombramientos de nuevos funcionarios públicos que asumirán los cargos vacantes en varias instituciones de los diferentes Poderes del Estado son en este momento la “prueba fundamental” para el avance o el colapso democrático del país. Pero el filósofo y jurista Alejandro Serrano Caldera también advierte que el país urge de una “concertación real” para superar la nueva crisis que atraviesa y los vicios históricos que le persiguen.
Serrano Caldera sostiene que esa concertación no puede ser un diálogo “amañado” para la repartición de prebendas, sino una acción honesta para restaurar la institucionalidad.
“Sería desastroso si del diálogo queda una confabulación y repartición de prebendas”, advierte tras admitir que el problema actual que traba un diálogo real es la búsqueda de la reelección presidencial.
“Esto de la reelección es verdaderamente dramático para Nicaragua. La reelección ha empujado siempre a caminos de violencia. Tenemos en la Constitución un artículo 147, ¿por qué cambiarlo ahora? (…) No se puede pretender que sólo una persona, y no pienso solamente en este momento, sino en todo el proceso histórico, es la que debe ejercer el poder, cuando justamente la renovación, el cambio, las nuevas opciones son signos de salud. Cuando se cree que nadie, más que una sola persona, puede ejercer el poder, es un signo de descomposición política”, analiza Serrano Caldera.
¿Cómo ve los hechos recientes?
Es una crisis gravísima, en donde estamos viendo dos aspectos que demuestran su gravedad. En primer lugar la crisis jurídica inconstitucional, en donde tenemos decretos que violan la Constitución, sentencias que violentan también la Constitución Política y una especie de utilización de las leyes y de los órganos jurídicos, institucionales y judiciales con el propósito de favorecer determinadas posiciones políticas. Ése es un aspecto de la crisis jurídico institucional. Lo otro es la situación de violencia que vivimos. Es decir, al lado de la manipulación de la Constitución Política y de las leyes se produce también una serie de demostraciones de violencia, de agresión, como la que hemos visto el martes y miércoles.
¿Cuáles son las consecuencias de esa crisis gravísima que usted menciona?
- Antes de que la historia del país se comenzara a escribir, en tiempos que Nicaragua estaba bajo la dirección de las tribus indígenas, ya existía el vicio de la autocracia y las prebendas.
El experto en derecho constitucional analiza la presente crisis institucional del país, más allá de la coyuntura, porque insiste en que éste es un mal de todos los tiempos.
Asegura que la clase política de todos los tiempos se ha encargado de que la estructura de dominación se mantenga, a pesar del Derecho establecido en la Ley.
“Tenemos una herencia autoritaria y autocrática de poder, desde la sociedad precolonial… Tampoco ha habido una cultura jurídica, ni una convicción de que el poder reside en las instituciones y no las instituciones en el poder, y por eso se vuelve imprescindible superar este círculo vicioso”, sugiere.
Según el jurista, la falta de una cultura jurídica ha llevado a que “los hechos que transgreden la Constitución se transformen en hechos banales, que por su repetición se vuelven cotidianos y casi normales en la conciencia colectiva, cuando eso refleja una profunda anormalidad jurídica y política que es grave”.
Serrano Caldera critica que la oposición tarde en el nombramiento de nuevos funcionarios y de que la cultura política persista en “fortalecer caudillos mediante pactos que conducen a la repartición prebendaria del poder. “Esto nos tiene atrapados en este círculo del que no hemos podido salir. Un tiempo circular”.
Para él, la solución a la crisis actual debe ser “democrática, ética y jurídica” y ésa es el respeto a la Constitución. Igual sostiene que “ninguna acción violenta o golpe de Estado, de ningún lado que venga, es una solución”.
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Hay que tener en cuenta que en esta crisis del Derecho y las instituciones su gravedad está en relación con lo que significa el Derecho y las instituciones para la vida de un país. Hay que tener en cuenta que la Constitución Política es el contrato social sobre el cual se funda una comunidad, que las leyes son sus reglas de convivencia, que el poder es lo que la Ley dice que es y que la Ley es además la expresión de la voluntad colectiva y el Derecho es la causa, el origen, y es el cauce, el conducto del poder. Cuando entra en crisis el derecho, las instituciones y las Leyes, a los niveles que ha entrado en Nicaragua, la situación se pone muy severa y muy grave.
¿Cómo describe esa crisis en las instituciones del país?
De manera general yo la describiría en que no se observa lo que la Constitución manda. Hay decretos presidenciales que violan la Ley (…) son acciones que transgreden la Constitución y eso acentúa la crisis, porque ya se volvió no una situación de excepción, sino la regla general. También hay sentencias de la Sala Constitucional que lejos de preservar el imperio de la Constitución, la violenta. Vemos de alguna manera a los Poderes del Estado y sus instituciones actuando no de la manera que deberían hacerlo, sino ligada muy estrechamente a los intereses políticos del poder y vemos al poder mismo actuando de una forma cotidiana al margen de la Constitución. Pero también vemos a una Asamblea y a la misma oposición que no nombra a los funcionarios una vez que sus períodos se han vencido. En ese sentido, yo veo muy severa la crisis jurídico-institucional en el país.
¿Por qué se actúa en contra de la Ley? ¿Qué motivo hay?
Para el mundo político, el mundo de los pactos y caudillos, esto es una tradición que se está repitiendo. No sólo hoy, sino desde hace diez o doce años. Vemos que el ejercicio de la política se transforma en un ejercicio de beneficios personales, de grupos o partidarios, en donde cuando se llega a un diálogo no se está buscando necesariamente el beneficio del país, en llegar a acuerdos que permitan superar crisis y establecer soluciones de estabilidad y mecanismos de concertación que den seguridad jurídica y estabilidad, sino mecanismos de repartición del poder a través de pactos de cúpula. Esto lleva a hacer del derecho no el marco del cual deben ajustarse las acciones políticas, sino el instrumento por el cual se busca el argumento retorciendo los argumentos que se retuercen todos los días.
Fijate que todos los días se están aclarando situaciones pseudolegales que han sido de alguna forma expresiones de esa manipulación de la Ley y de las instituciones para beneficio personal, partidario o del poder. Se ha transformado en una regla de comportamiento político decir lo que no se hace para hacer lo que no se dice y utilizar la Ley para tratar de legalizar y de legitimar lo que es ilegal e ilegítimo, para tratar de dar un carácter general nacional a lo que tiene únicamente un interés particular, personal o partidario. Ésa es la ruptura entre el mundo jurídico que plantea una norma y el político que hace lo contrario, diciendo que se hace lo que la Ley le está mandando. O sea, parecerla cómo que se hace lo que manda la Constitución, que la Ley se usa como una cortina de humo para ocultar acciones en contra de la Constitución, pero se quieren presentar como si fueran a favor.
¿A dónde conduce esa ausencia del derecho, de su irrespeto?
Se vuelve una necesidad restaurar el tejido legal y social del país. Es decir, hacer que la Ley sea realmente la regla conforme la cual el poder y cada una de las personas de una comunidad deben comportarse, hacer que coincida el mundo real y político con el mundo real y jurídico.
¿Que falta para lograr eso?
Es necesario superar estos problemas que tienen su origen desde antes de la colonización. Restaurar el tejido legal y social del país implica buscar realmente una concertación, pero no una concertación amañada, no como trampa. No puede ser un llamado a la concertación para terminar en la repartición de poder, sino que, para que este país salga de este círculo vicioso que nos atrapa hoy, nos atrapó ayer y mañana va a volverse a repetir con otros actores, hay que identificar dónde están las causas profundas del problema y proponer opciones y alternativas que lo superen.
¿Cuáles son esas alternativas?
Es restaurar el tejido social y legal. Eso quiere decir buscar una concertación legítima. Insisto en eso porque la llamada concertación o los llamados pactos han sido una trampa, no han sido contratos o pactos sociales, sino prebendarios y de cúpulas. Lo que necesitamos es un verdadero diálogo pensando en el país, en un Estado-Nación, en un proyecto real de Nación y no una repartidera de cargos.
Eso es justamente lo que se teme. Otra vez surgen las voces, siempre diversas, que exhortan a un diálogo, pero muchos temen que ese llamado acabe en lo que usted dice: en beneficio de cúpulas. Y ese temor estaría bien fundado con el nombramiento pendiente de antes 25 funcionarios públicos…
Exacto, pero porque el diálogo no lo ven como una concertación o contrato social que restaure el tejido roto, desbaratado, sino como mecanismos que buscan trampa, mentira, opresiones para sacar ventaja en negociaciones.
¿Entonces qué falta para evitar esas trampas históricas?
Para lograrlo justamente hay que evitar dos extremos: la confrontación y la confabulación. Ahorita estamos viendo una crisis de violencia, pero no una confrontación. Este país ha sido un país de enfrentamientos, de guerra civiles, de confrontación que debe evitarse. Ésa no puede ni debe ser una alternativa. En el otro extremo está la confabulación, los pactos de cúpulas. Es decir, siempre (en la política criolla) o confrontados o confabulados, o confrontados para confabularse después.
Yo he representado esto como un péndulo que oscila del pacto al facto, o del facto al pacto. Esas situaciones tienen que excluirse. Tiene que ser una concertación nacional con todas las fuerzas políticas de todas las tendencias y con la misma sociedad civil. También tienen que buscarse acuerdos que trasciendan a los gobiernos, que tengan una duración más allá de los períodos electorales. Tienen que ser acuerdos de Estado-Nación, no pactos de cúpulas para repartirse las prebendas y el poder. Debe ser la concertación por institucionalidad, la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. Y al mismo tiempo que atienda los grandes problemas económicos-sociales como el desempleo, los problemas de salud, educación y vivienda.
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